Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal deberán atenerse de contratar servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones y privilegiar la contratación de dichos servicios de instituciones públicas de educación superior.
Al reconocer que los legislar el tema del derecho de propiedad intelectual de los pueblos y comunidades indígenas es una deuda pendiente y aplazada, la senadora Susana Harp propuso una iniciativa que expide la Ley de Salvaguardia de los Conocimientos, Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos a fin de dotarlos de equitativas condiciones de protección y garantía para sus derechos en todas las esferas de desarrollo.
El senador Martí Batres propuso reformar los artículos 73, 116 y 122 de la Constitución para otorgarle al Congreso de la Ciudad de México la facultad de aprobar la deuda pública de esta entidad.
Para asegurar una mejor supervisión y prevenir actividades ilícitas a través de instituciones financieras y empresas particulares, urge incrementar el número de supervisores en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para detectar con mayor eficacia el lavado de dinero, propuso la senadora Minerva Hernández Ramos.
El senador Eruviel Ávila Villegas presentó ante el Pleno del Senado, una iniciativa para dotar de apoyos y becas a los alumnos que cuentan con alguna discapacidad.
Para combatir la diabetes mediante un sistema de salud integral y con un ambiente que propicie hábitos saludables, donde el Estado anteponga la salud y el buen vivir ante los ciudadanos, el senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del PAN, propuso modificar la Ley General de Salud.
A fin de prohibir la subcontratación de personal bajo el esquema de outsourcing y honorarios en la Cámara de Senadores y Diputados, reconocer y garantizar los derechos laborales, la protección del salario y acceso a la seguridad social, los senadores Rafael Moreno Valle y Mario Zamora Gastélum, plantearon cambios a la Ley Orgánica del Congreso.
El senador Eduardo Murat Hinojosa, del PVEM, propuso reformar los artículos 9 y 100 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos para que las entidades federativas establezcan las bases para prevenir, controlar y eliminar la contaminación por el uso de plásticos de un solo uso.
La senadora Nancy de la Sierra Arámburo propuso reformar diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a efecto de establecer el tipo penal de violencia política contra las mujeres y castigarlo con una pena de tres a siete años de prisión.
La senadora Sasil de León Villard presentó una iniciativa para crear el Consejo Consultivo de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) e impulsar la participación de los ciudadanos en este órgano autónomo.
