Senado de la República

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En audiencia pública, integrantes de la Comisión de Justicia, que preside el senador Roberto Gil Zuarth, analizaron con especialistas en derecho la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.
Al inicio, el legislador de Acción Nacional hizo notar que el propósito de las consultas es escuchar los puntos de vista de juristas y expertos sobre el contenido de la iniciativa y de esa manera estar en posibilidad de emitir la opinión correspondiente en el dictamen a la minuta turnada por la Cámara de Diputados.
Gil Zuarth  señaló que una de las intenciones de la enmienda  es crear tribunales especializados en materia de amparo indirecto en las decisiones de las comisiones  federales de Telecomunicaciones y de Competencia.
Enseguida, preguntó a los expositores si es necesario que en el régimen de la no procedencia del juicio de amparo se debiera establecer algo sobre los actos consumados.
A su vez, la senadora  María Verónica Martínez Espinoza, del PRI,  cuestionó sobre la posibilidad de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pueda decidir lo que puede otorgar o no según las circunstancias respecto a las concesiones.
Por su parte, el senador perredista Manuel Camacho Solís subrayó que esta reforma plantea una redistribución del poder  en el campo de las telecomunicaciones y de las prácticas monopólicas, lo que implica que es necesario fortalecer sus instrumentos.
En su opinión “eso ha llevado a tener una economía oligárquica, ineficiente y un sector donde la regulación es limitada y sujeta a prácticas que no han sido eficaces para proteger los derechos de los ciudadanos”.
En tanto, la senadora priista Arely Gómez González inquirió en torno a la  especialización de tribunales colegiados en materia administrativa.
En la consulta pública participaron Fabián Aguinaco Bravo, José Nieves Luna Cortés,  Agustín Ramírez Ramírez, Ricardo Rios Ferrer, Pedro Salazar Ugarte y Gerardo Soria Gutiérrez.
Aguinaco Bravo, miembro del Colegio de Abogados, dijo que la reforma al artículo 28 no responde al mandato expreso que contiene la obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con los principios de universalidad, interdependencia, individualidad y progresividad.
El magistrado de Circuito, Luna Castro, precisó que la reforma constitucional tiene  que garantizar el acceso de las personas al derecho, por lo que la competencia solo debe ser un instrumento y no la finalidad.
En su exposición, el académico Ramírez Ramírez destacó la  necesidad de medir el porcentaje de participación de los consorcios mediáticos en el mercado de la publicidad, así como la producción de contenidos,  “ya que las dos televisoras acaparan el 90 por ciento de ese mercado”.
Ríos Ferrer, del Centro Mexicano de Arbitraje, estimó que para que el objeto de la iniciativa sea congruente con su contenido, es indispensable modificar sus artículos 6, 28 y demás transitorios, a fin de completar los enlaces de comunicación sin obstáculos técnicos, jurídicos o de otra especie.
Para Salazar Ugarte, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,  es preciso fortalecer la capacidad del Estado para imponer sanciones a las empresas de telecomunicaciones que violen la ley y precisar al amparo indirecto como única vía para combatir los actos y omisiones de la Cofeco y el Ifetel.
En su carácter de presidente del Consejo del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones,  Soria Gutiérrez expresó que se está desnaturalizando al juicio de amparo, toda vez que no es un juicio relacionado con la aplicación particular de la regulación, sino únicamente se refiere a violaciones de los derechos fundamentales.
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