Senado de la República

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• Artículos transitorios de la minuta, una camisa de fuerza para la industria: ANATEL
• Para la CIRT, IFETEL será un organismo “todopoderoso”
• CANIETI pide no sancionar sino regular a los agentes económicos
• Injerencia en materia de contenidos, lesiva para la libertad de expresión, considera AIR
• Fomentar competencia “sin amarres ni mensajes dirigidos”: Revista Zócalo
Representantes de la industria de la radiodifusión y las telecomunicaciones demandaron al Senado limitar la participación del Estado en el uso de la banda de 700 megahertz, evitar la regulación de contenidos, no sancionar a los agentes económicos del sector y obligar al operador preponderante de telefonía a que permita que otros concesionarios comercialicen sus servicios.
Lo anterior, durante el segundo día de consultas públicas que organizan las comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos, Comunicaciones y Transportes y de Radio, Televisión y Cinematografía para analizar la reforma en materia de telecomunicaciones, enviada por la Cámara de Diputados.
A nombre de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, Gabriel Székely advirtió que si la banda ancha de 700 MHz quedara totalmente en manos del Estado --como lo contempla la minuta-- podría permanecer “atorada” por tiempo indefinido  y  “el país mantener un retraso con costos incalculables para la productividad  y competitividad de todos”.
 
Expresó su preocupación de que se permita la construcción de “una red mayorista” del Estado manejada por Telecom, además de que los 17 artículos transitorios del proyecto “signifiquen una camisa de fuerza”, pues existen cuatro redes de telecomunicaciones en el país administradas por empresas y requieren del oxígeno de la banda de 700 MHz.
 
Explicó que los cambios en los mercados y en tecnología son “muy veloces”, por lo que definir la política pública en los artículos transitorios “nos meterá en problemas en 2015 o 2017 porque se requerirá reformar la Constitución para cualquier enmienda importante”, pero podría no haber los consensos necesarios para ello.
 
En este sentido, pidió a los senadores que sólo se asigne al Estado 30 MHz de esa red, a fin de permitir la participación de las empresas privadas, ya que se trata de una “banda estratégica para la productividad y el uso eficiente de las nuevas tecnologías”.
 
Además, Székely estimó que poner la banda “al día” significaría un costo de decenas de miles de millones de dólares que “crecerá al darle mantenimiento”. Queremos entender por qué se plantea en este momento hacer con Telecom lo que se busca dejar atrás con Pemex; es decir, que el Estado controle el insumo básico de la industria”, cuestionó.
Por la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, Emilio Nassar destacó que la radiodifusión debe ser considerada como una actividad de interés público y no como un “servicio público”, a fin de evitar que el Estado condicione la independencia y ejerza influencia sobre los contenidos que emiten los medios.
En este sentido, expresó que la creación de “un organismo todopoderoso”, sin contrapeso alguno ni defensa en contra de sus determinaciones, “representa una concentración de poder” que puede alterar el libre flujo informativo, esencial para la democracia, ya sea por la vía de la censura o la autocensura.
Manifestó que una mayor oferta de emisoras y de espacios publicitarios sólo beneficiará a los anunciantes, pero la audiencia recibirá una mayor oferta con una clara degradación en la calidad de los contenidos, pues la inversión por ese concepto en la radio será la misma y “en aras de combatir a los monopolios se destruirá la radiodifusión local”.
“No nos oponemos a una mayor competencia si es con reglas equitativas, tampoco nos oponemos a propiciar mayores niveles de pluralismo, siempre que en aras del mismo no se afecte la autonomía financiera de las emisoras”, pues es un elemento fundamental para la libertad de expresión, afirmó.
Para Eduardo Ruiz Esparza, de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), se debe obligar al operador preponderante de telefonía a permitir que otros comercialicen sus servicios bajo condiciones que permitan una mayor competencia.
 
De igual manera, sugirió que las sesiones del órgano regulador en las que se analice información confidencial de las empresas no sean públicas y no sancionar sino regular a los agentes económicos del sector, con el fin de que éstos puedan ser escuchados.
Luis Pardo Sainz, presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión, resaltó la inconveniencia de que el IFETEL “tenga injerencia en materia de contenidos”, pues esto es sumamente lesivo para la libertad de expresión y va en contra de los acuerdos internacionales signados por México.
Planteó que no tiene sentido, el esfuerzo que hacen las comisiones del Congreso de la Unión y que hace el país por regular y normar las telecomunicaciones y al mismo tiempo, fuera de la ley, se pueda ejercer la radiodifusión y no tener ningún efecto como es el de retirar o requisar los equipos empleados con esa finalidad.
A su vez, Carlos Padilla, director general de la Revista Zócalo, dijo que el Senado tiene la responsabilidad histórica de modernizar la legislación en radiodifusión y telecomunicaciones, “privilegiando el interés público y la competencia, sin favoritismo ni balanzas inclinadas”.
El país, acotó, reclama una legislación que fomente la competencia “sin amarres ni mensajes dirigidos”, por lo que es indispensable que se rectifiquen las anomalías del dictamen que aprobó la Cámara de Diputados como la “autonomía” amarrada del IFETEL o la eliminación de la responsabilidad de que el Estado garantice el derecho a la información.
En tanto, Óscar Mondragón, del Colectivo Internet Libre para Todos, sugirió que la población pueda acceder a este servicio en su forma básica, para lo cual es posible utilizar la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad que puede ser instalada en edificios públicos.
En la sesión de preguntas y respuestas, el senador perredista Alejandro Encinas Rodríguez subrayó que el objetivo fundamental de la reforma es garantizar el ejercicio de un derecho de los ciudadanos a acceder a la información y la pluralidad de los medios.
Precisó que el 24 por ciento de las frecuencias se encuentran permisionadas al gobierno y universidades y los 23 mayores grupos de radio --que acaparan el 90 por ciento de la audiencia-- operan el 33 por ciento de las frecuencias.
A su vez, el senador Omar Fayad Meneses, del PRI, señaló que se ha construido un país en el que  la “ciudadanización” de los órganos encargados de regular, han generado una tendencia en cuestiones de conflicto, y cuestionó ¿cuál sería la ventaja o desventaja en ese sentido?
La senadora panista Marcela Torres Peimbert  solicitó información sobre el costo que representa para las familias el hecho de no contar con una conexión a Internet y acceder a ese servicio.
En tanto, para el también senador de Acción Nacional Jorge Luis Preciado  ha quedado pendiente en la reforma el tema de “propiedad cruzada” ya que en algunos países se prohíbe que una sola empresa controle las cinco formas en que se puede tener acceso a las audiencias, y cuándo una empresa es dominante en radiodifusión.
Por el PRD el senador Armando Ríos Piter pidió que se explicara el concepto de “libre”, ya que ha generado inquietudes respecto a si el término equivale a gratuidad y de la misma manera cuestionó si lo relativo a  “mayor cobertura” debería estar incluido en la redacción del Artículo 28.
Del Partido Verde, el senador Gerardo Flores Ramírez solicitó más información sobre el tema de la conveniencia de la red mayorista en la banda 700 y en lo concerniente a la eliminación del recurso de suspensión entre juicios de amparo y la posibilidad de que los regulados tramiten o recurran a los organismos reguladores.
La senadora Layda Sansores San Román, de Movimiento Ciudadano, se refirió a lo citado por el secretario de Comunicaciones cuando señaló que el internet gratuito sería una sentencia de muerte al sistema de telecomunicaciones en el país, por lo que preguntó a los expertos si coinciden con ese dicho
En respuesta, Emilio Nassar  expresó que las emisoras de uso social se pueden financiar a través de fundaciones internacionales o presupuestos públicos.
Señaló  que el servicio que presta la radiodifusión es gratuito, su único financiamiento es comercial y no tiene nada que ver con el resto de las telecomunicaciones.
Carlos Padilla estuvo de acuerdo en que se debe regular la participación de las empresas para evitar la “propiedad cruzada” y  el monopolio de la opinión pública, sin caer en la censura.
A su vez, Oscar Mondragón  precisó que una familia sin acceso a Internet en su hogar gasta entre 70 y 100 pesos semanales, por lo que se requiere de una concesión en la materia.
Añadió que la Constitución define el concepto como abierto, disponible y no censurado, pero no significa en absoluto gratuidad.
Dijo que Internet para todos no elimina la competencia; “esa es una percepción equivocada del secretario”, es un acceso de cinco gigabites al mes a una velocidad de cinco megabites, suficiente para hacer el uso mínimo de lo que implica para un estudiante hacer la tarea.
Respecto a la cobertura dijo que Internet para Todos está pensado para extender la cobertura a 98 por ciento de la población.
Por su parte, Ruiz Esparza  señaló que la cobertura en el sentido recaudatorio  no es un valor adicional importante sino la ampliación o mejora de un servicio sobre una cobertura ya establecida sobre todos los jugadores no preponderantes.
En opinión de Gabriel Stzékely  se debe avanzar a un escenario de menor precio y mayor cobertura, por lo que tanto la industria como el Estado deben ayudar a que exista ese binomio.
Agregó que la banda 700 es vital para la innovación tecnológica, competitividad y productividad a gran escala, tomando en cuenta las posibilidades de segmentación del mercado de Internet.
Por último, Pardo Sáinz comentó  que el Instituto Federal de las Telecomunicaciones, como un organismo autónomo, debe estar sujeto a control judicial a fin de garantizar el Estado de derecho.
Recalcó que en materia de libertad de expresión, la autonomía sin debido proceso genera la posibilidad de que el organismo autónomo tenga injerencia en los contenidos.
 
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