Senado de la República

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El Senado de la República dio primera lectura este jueves al dictamen que modifica diversas disposiciones de la minuta de telecomunicaciones, a fin de incluir contrapesos para los órganos reguladores, establecer los derechos de las audiencias y reconocer a los medios comunitarios e indígenas.
Previamente, por unanimidad, las comisiones de Puntos Constitucionales, Comunicaciones y Transportes, Radio Televisión y Cinematografía, así como la de Estudios Legislativos aprobaron en lo general --con 43 votos a favor-- el proyecto de la Cámara de Diputados con 18 modificaciones.
Los senadores convinieron que sólo en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales y acciones, las resoluciones se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva.   
Otras de las enmiendas que se realizaron a la reforma de la colegisladora fue la restitución de la obligación del Estado para garantizar el derecho a la información y la inclusión del acceso libre a las telecomunicaciones “sin injerencias arbitrarias”.
 
En cuanto a las opiniones del secretario de Comunicaciones y Transportes sobre el otorgamiento de concesiones y las de la autoridad hacendaria para fijar las contraprestaciones, se acordó que éstas no sean vinculantes y se emitan en un plazo de 30 días.
Además, se incorporaron “contrapesos” a los órganos reguladores como  la presentación de un programa anual de trabajo, informes trimestrales de actividades y las comparecencias de los titulares ante las cámaras del Congreso, la cuales se realizarán cada año.
También previeron la posibilidad de que los comisionados puedan ser removidos por causa grave por las dos terceras partes de los miembros presentes en el Senado y que el Ejecutivo federal pueda solicitar sus comparecencias ante el Congreso.
Igualmente cada órgano contará con una contraloría interna, cuyo titular será nombrado por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados.
Sugirieron que la persona propuesta para ser comisionado de la CFCE no debe haber laborado en los tres años anteriores en alguna empresa relacionada a las telecomunicaciones y deberá poseer un título profesional, aunque no sea en esta materia.
También, establecieron que para ser comisionado del IFETEL, el candidato no debe haberse desempeñado durante el año anterior, como secretario de Estado, procurador, legislador, gobernador o jefe de gobierno del Distrito Federal.
Con ello, se reduce en el caso de la CFCE, de cinco  a tres años, ese requisito, y de cinco a un año, en el caso del IFETEL.
Precisaron que será en la ley secundaria donde se indiquen las modalidades con las que los comisionados podrán establecer contacto con representantes de los agentes económicos regulados y se elimina el deber de los órganos reguladores de hacer del conocimiento del Ministerio Público cuando adviertan la probable existencia de un delito en materia de monopolios.
El senador Raúl Cervantes Andrade afirmó que el proyecto de la Cámara de Diputados impedía que los regulados acudieran al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y establecía que no contarán con recurso de reconsideración.
Por ello, dijo, se modificó la prohibición de la suspensión de las normas generales, actos u omisiones de la Cofeco e Ifetel porque “estamos obligados por los diferentes tratados que hemos firmado y por la vocación del respeto a los derechos humanos en nuestra Constitución”.
 “El tema --consideró-- no es si hay o no suspensión sino cómo el Estado mexicano garantiza el acceso a la justicia y el debido proceso, en términos de los tratados internacionales” y de la Carta Magna.
Por su parte, el senador Javier Lozano Alarcón explicó que el esquema de contrapesos, nombramientos y contraloría interna permitirá otorgar mayor fortaleza, congruencia y balance a la Comisión Federal de Competencia y al Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Dijo que en la minuta parecía que se iba a sancionar “todo contacto de un comisionado con un representante de agente regulado que no sea en sesión pública y nos pareció muy restrictivo”.
 
El senador Alejandro Encinas Rodríguez destacó que tanto la iniciativa del Presidente como la propuesta de los diputados concentraron sus preocupaciones en los asuntos vinculados con la competencia, el mercado y desarrollo tecnológico, pero aspectos en el ejercicio al derecho de acceso a la información no sólo no fueron contemplados sino que se eliminó la obligación del Estado para garantizarlo.
Además, dijo, se dejó claro que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia y continuidad.
En su turno, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno manifestó que ésta es la oportunidad para garantizar a los ciudadanos el derecho a opinar y que exijan o puedan demandar la revisión de contenidos como la transmisión de imágenes de violencia en horarios no aptos para las familias.
A su vez, la senadora Graciela Ortiz González dijo que con la redacción original del artículo 6, apartado B, fracción V, existía confusión y parecía que se hablaba de “otro órgano autónomopara prestar el servicio de radiodifusión” y por ello se precisó que éste será un organismo descentralizado que dependerá del Ejecutivo.
Posteriormente, los senadores Javier Corral Jurado, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Marcela Torres Peimbert y José María Martínez Martínez, del PAN, así como Alejandro Encinas Rodríguez y Dolores Padierna Luna, del PRD, realizaron más de 40 reservas a los artículos 6, 28, 73 y a los  tercero, quinto, octavo, décimo y décimo sexto transitorios del proyecto.
En tanto, los senadores Roberto Gil Zuarth, del PAN y Gerardo Flores Ramírez, del PVEM, propusieron corregir algunas cuestiones de precisión y redacción.
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