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El Senado de la República firmó un acuerdo para trabajar en la creación de una legislación integral para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con la finalidad de erradicar, entre otros problemas, la falta de acceso a los servicios de salud, el embarazo en adolescentes, la mortalidad materna, la deserción escolar, el trabajo infantil, la pobreza en la niñez y la violencia en el núcleo familiar y en el ámbito comunitario, especialmente en el escolar, así como el abuso sexual infantil.
A propuesta de Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, que preside la senadora Martha Elena García Gómez, el convenio fue respaldado por todos los grupos parlamentarios del Senado y fue acompañado por representantes de organizaciones sociales e instituciones públicas.
Al respeto, el senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva, dijo que se trata de garantizar a todos los niños que tengan acceso a servicios de salud, alimentación y educación, así como las mismas oportunidades para salir adelante, no importan donde nazcan, “en la comunidad más pobre de Oaxaca o en alguna de las ciudades más ricas del país”.
Pero para ello, manifestó el presidente de la Cámara de Senadores, se requiere actualizar el marco jurídico, evaluar los programas y verificar que los recursos dirigidos para atender a la niñez y a la adolescencia se apliquen efectivamente.
En tanto, la senadora Martha Elena García Gómez, presidenta de la Comisión Especial, expresó que la pobreza, la violencia y la desigualdad han puesto de manifiesto que nuestro marco jurídico ha sido superado por la realidad y resulta insuficiente para resguardar los derechos de la infancia y la adolescencia.
Por tal motivo, dijo, se requiere de una nueva legislación que incluya “la voz” de las organizaciones sociales, instituciones gubernamentales y la academia.
Aclaró que la firma del acuerdo es sólo el primer paso de una serie de ocho acciones que se pondrán en marcha, a fin de crear una nueva ley en la materia, impulsar su armonización en las entidades federativas, así como promover recursos que aseguren la integralidad de las políticas públicas para este sector de la población.
A la reunión asistió Ricardo García Cervantes, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, quien advirtió que en la actualidad “hay embates, riesgos y peligros, nuevos y mayores, para la niñez y la juventud de nuestro país”.
Ante este panorama, enfatizó, los diversos actores “tienen que hacer su parte” en la solución de esta problemática, por lo que celebró “la vocación política, el compromiso y la altura de miras con la que se logró “un acuerdo de este tamaño”.
El funcionario también se pronunció porque a la legislación le siga su reglamentación y una práctica eficiente para concretar los derechos de los niños.
A su vez, Alison Sutton, oficial de Protección a la Infancia de la UNICEF México, subrayó que la situación de la infancia en nuestro país “merece un gran esfuerzo de coordinación entre sectores, poderes, órdenes de gobierno y sociedad para promover sus derechos.
Recordó que la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos aprobada por senadores y diputados faculta al Congreso de Unión para legislar en la materia.
Esto, consideró, debe ser una prioridad nacional y cada familia y profesional --ya sea maestro, enfermera, médico, juez, alcalde, Secretario de Estado o procurador-- tiene que conocer su papel y obligaciones en este tema.
A nombre del PRI, la senadora Lucero Saldaña Pérez destacó que el compromiso de los legisladores es dar certeza jurídica a la prevención y combate de problemas como el acoso y violencia escolar, la obesidad o el trabajo infantil.
En opinión de la senadora perredista Angélica de la Peña Gómez, eso significa que se tiene que crear un sistema de protección integral de los infantes por medio de una nueva ley general, pues es una responsabilidad, no sólo como legisladores sino como adultos, de garantizar a los menores “una vida distinta”.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez de la colegisladora, señaló que desde mayo del 2000 se publicó la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, pero “no se ha contado con la suficiente fuerza para su aplicación”.
Cabe señalar que entre las acciones que se realizaran a través de este convenio está la realización de un diagnóstico nacional sobre la situación de la niñez y la adolescencia en México, así como suscribir los 10 puntos estratégicos, propuestos por UNICEF México y la Red por los Derechos de la Infancia en México.
Al clausurar el evento, la directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Laura Vargas Carrillo, reiteró que también es indisp ensable revisar todas las leyes que confluyen para atender de la mejor manera a la juventud y la niñez mexicana.
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