Senado de la República

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• Para el PRI se da un nuevo rumbo al sector de las telecomunicaciones.
• No se cambia la esencia que le dio origen: PAN.
• La competencia no garantiza eliminación de prácticas monopólicas, dice PRD.
• PVEM: reforma corregirá deficiencias institucionales y normativas.
• Para el PT, el dictamen fue dictado “línea por línea” por la OCDE.
Con 118 votos a favor y 3 en contra, el Senado de la República aprobó --en lo general-- el dictamen que realiza 18 modificaciones a la reforma constitucional en materia de Telecomunicaciones.
Los senadores incluyeron contrapesos para los órganos reguladores, el derecho de las audiencias, el reconocimiento de los medios comunitarios e indígenas y el acceso libre a las telecomunicaciones “sin injerencias arbitrarias”; además reincorporaron la obligación del Estado para garantizar el derecho a la información.
 
Precisaron que las opiniones del secretario de Comunicaciones y Transportes sobre el otorgamiento de concesiones y las de la autoridad hacendaria para fijar las contraprestaciones, no serán vinculantes y se emitan en un plazo de 30 días.
En cuanto a las concesiones para uso público y social, éstas serán sin fines de lucro y se otorgarán bajo el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes en casos de conductas vinculadas con prácticas monopólicas.
Establecieron que para ser comisionado de la CFCE, se requiere no haber laborado en los tres años anteriores --en lugar de los cinco que proponía la minuta-- en alguna empresa relacionada a las telecomunicaciones y deberá poseer un título profesional, aunque no sea en esta materia.
Para ser comisionado del IFETEL, el candidato no debe haberse desempeñado durante el año anterior como secretario de Estado, procurador, legislador, gobernador o jefe de gobierno del Distrito Federal, y no cinco años.
Convinieron que sólo en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales y acciones, las resoluciones se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva.   
Además, será en la ley secundaria donde se especifiquen las modalidades con las que los comisionados podrán establecer contacto con representantes de los agentes económicos regulados.
También, eliminaron el deber de los órganos reguladores de hacer del conocimiento del Ministerio Público cuando adviertan la probable existencia de un delito en materia de monopolios.
Se mantuvo la propuesta de que las telecomunicaciones sean consideradas como servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencias, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión y convergencia.
Por la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Raúl Cervantes Andrade señaló que la reforma crea un sistema transversal en materia de comunicaciones y competencia, con el objetivo de generar mayor crecimiento económico.
Precisó que con “altura de miras” se logró el modelo que necesitaba México y que tenía, por lo menos, 15 años de retraso y para ello se escuchó a expertos, académicos, sociedad civil, representantes de los concesionarios y funcionarios públicos.
En tanto, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Javier Lozano Alarcón, expresó que no se cambia la esencia y el sentido que le dio origen al dictamen sino que representa un “parteaguas” para el país en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica.
Lo anterior, porque fomenta la inversión, competencia, el desarrollo tecnológico, mayor oferta, diversidad en servicios a mejores precios y el acceso a un mayor número de personas a la información y el conocimiento.
La senadora Alejandra Barrales Magdalena, presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, dijo que la enmienda constitucional “pone un freno a los monopolios”, fortalece la democracia y la pluralidad.
“Estamos construyendo instituciones sólidas y legítimas que le urgen a nuestro país” y se cambia la correlación de fuerzas, “ya que se abre una ventana que rescata el interés público, fortalece el Estado y prestigia el quehacer político”.
A nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, la senadora Graciela Ortiz González afirmó que se constituye una oportunidad histórica para fortalecer la democracia, ampliar las libertades de expresión, el acceso a la información y robustecer los fundamentos del desarrollo y el crecimiento económico del país.
Destacó que se anteponen las distintas visiones para gobernar un país, a fin de privilegiar un bien superior para México, ya que se incorpora la obligación del Estado para garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de radiocomunicación y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha.
Al fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del PRI, el senador David Penchyna Grub aseguró que con esta reforma se da un nuevo rumbo estratégico al sector de las telecomunicaciones y fortalece la rectoría del Estado.
 
Hizo notar que el Senado partió del principio de involucrar en este tema a los sectores público, privado y social, además tuvo la prudencia y responsabilidad de abrir sus puertas para escuchar con apertura y altura de miras las propuestas  de cada uno.
A nombre de Acción Nacional, el senador Héctor Larios Córdova dijo que se trata sólo de una enmienda constitucional y no de una reforma en telecomunicaciones, por lo que la “verdadera reforma” tendrá que ver con las leyes secundarias y “ese es el enorme reto que tiene el Congreso de aquí en adelante, con muchas más dificultades seguramente y con mucha más finura en el trabajo que tenemos que hacer”.
La verdad --agregó-- en la conciencia de cada uno de nosotros tiene que estar claro que lo único que hicimos fue la reforma constitucional y el gran reto será la construcción  de la ley secundaria, así como los nombramientos de los comisionados de los nuevos órganos autónomos que se constituyen.
Por el PRD, el senador Alejandro Encinas Rodríguez reconoció que las modificaciones constituyen avances que permitirán “romper con el debilitamiento” de la rectoría del Estado en el sector y que posibilitó el empoderamiento de particulares y beneficiarios de la explotación de un bien y servicio público.
Sin embargo, advirtió, la competencia no garantiza, por sí misma, la eliminación de las prácticas monopólicas, el ejercicio pleno del derecho a la información y una auténtica pluralidad en los medios de comunicación; además, abrir el mercado de las telecomunicaciones no implica su democratización y “suponer que dos nuevas cadenas nacionales de televisión abierta y una pública quebrarán la estructura monopólica de la radiodifusión resulta iluso”.
Para el senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del PVEM, el dictamen corregirá las deficiencias institucionales y normativas que se traducen en falta de infraestructura, elevados precios y baja calidad de los servicios en perjuicio de los usuarios.
Dijo que el Congreso aún tiene el desafío de construir una legislación secundaria acorde con la enmienda constitucional, que sea eficaz y permita que los consumidores accedan a productos de radiodifusión y telecomunicaciones de mejor calidad.
En opinión del senador Manuel Bartlett Díaz, del PT, la reforma fue “dictada línea por línea” por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, “que no es más que la representación de los intereses hegemónicos de este país.
Se trata, consideró, de una minuta “tramposa” porque no se combate de manera equilibrada a los monopolios de estos sectores, carece de “simultaneidad” y propone modificaciones constitucionales “sin saber cuál va a ser la legislación secundaria”.
En la discusión en lo general, el senador Javier Corral Jurado, del PAN, destacó que tras la aprobación del dictamen “el mayor reto es la legislación secundaria, la letra chiquita”, pues de ella dependerá que se concreten temas de larga lucha como el derecho a la información, democratización de los medios, que el Estado retome la rectoría en telecomunicaciones para promover en el futuro mayor competencia, así como mejorar las tarifas y contenidos en beneficio de los mexicanos.
Al manifestarse a favor de la reforma, la senadora Iris Vianey Mendoza, del PRD, advirtió que ahora toca al gobierno federal completar la labor para democratizar el sector telecomunicaciones: “Al nuevo gobierno quiero  decirle desde esta tribuna que esperamos el mismo valor y carácter para enfrentar lo que viene, esperamos que en la ley reglamentaria se afronte el debate, discusión, que haya la apertura para escuchar a todos los sectores, que estos derechos constitucionales no queden en letra muerta”.
 
Por su parte, la senadora Layda Sansores, de Movimiento Ciudadano, manifestó su postura en contra del dictamen, al considerar que no se cumplió con el objetivo fundamental de acotar a los monopolios, los cuales, sostuvo, “tienen arrodillado al gobierno y  algunas butacas ocupadas en este recinto.
Consideró que el Estado mexicano perdió el control de los poderes fácticos, a los cuales esta reforma apenas los pellizca”.
Además, sostuvo que “los periodistas no deben tomarse como moneda de cambio”.
También participaron los senadores del PRD Ángel Benjamín Robles Montoya, Luis Sánchez Jiménez y Armando Ríos Piter; por parte el grupo parlamentario del PAN, intervino el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez.
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