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La fracción del PAN propuso ante el Pleno una iniciativa para que el Congreso tenga facultades de articular una Ley Penal Nacional, a partir de la cual se homologuen las sanciones por delitos graves en las 32 entidades federativas, con lo cual se pretende combatir la impunidad en el país.
Así lo establecieron los senadores Pilar Ortega Martínez, Roberto Gil Zuarth, Raúl Gracia Guzmán, Carlos Mendoza Davis y José María Martínez Martínez, en la iniciativa de reforma al párrafo primero de la fracción XXI del artículo 73, el inciso h) fracción V base primera aparatado C del artículo 122; se adiciona un último párrafo al artículo 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
En sus argumentos, exponen que la reforma constitucional en el 2008 al Sistema de Justicia Penal permitió su modernización dándose respuesta a la demanda de la sociedad de contar con instituciones jurídicas eficientes y eficaces que garanticen una correcta administración e impartición de justicia, bajo el respeto irrestricto de los derechos humanos y garantías de los ciudadanos.
“Dicha reforma constitucional ha constituido el parteaguas en la concepción de un nuevo sistema de justicia penal en nuestro país, al transitar de un sistema de justicia mixto preponderantemente inquisitivo hacia un sistema de corte acusatorio y oral, propio de un estado democrático de derecho”, puntualiza la iniciativa.
Ahora, el siguiente paso debe ser la adecuación de la legislación adjetiva penal y de ejecución de sanciones penales aplicables en todo el país, a fin de concretar un modelo jurídico congruente de ejecución de sanciones penales uniforme, homogéneo, sistematizado y acorde a los postulados constitucionales, que evite en todo momento dispersión normativa, criterios encontrados o incluso inseguridad jurídica, respetándose la autonomía de las entidades federativas.
A partir de ello, se considera, se podrán revertir la dispersión y desigualdad normativa, los criterios legales contradictorios o las omisiones existentes entre las legislaciones estatales, lo cual puede constituir “una puerta que sea aprovechada para generar impunidad, la cual a su vez propicia que la delincuencia prolifere”.
Los legisladores del albiazul recordaron que en la misma reforma al Sistema de Justicia Penal se establece un plazo máximo de ocho años para concretar las acciones necesarias para la adopción del modelo acusatorio.
Si bien se reconoce el esfuerzo realizado por algunas entidades federativas para la creación de su legislación local, destaca la iniciativa, “se hace conveniente y necesario en el ámbito normativo la concreción de una codificación adjetiva penal única y de una ley de ejecución de sanciones penales única aplicables a todas las entidades federativas y a la federación, con la finalidad de lograr un sistema jurídico uniforme sobre la base de una política criminal coherente y congruente con las nuevas bases constitucionales, que evite espacios de impunidad y el consecuente descrédito del sistema”.
De esta forma, la iniciativa propone reformas a la Constitución, para establecer: “Los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse; expedir la legislación procesal penal así como de ejecución de sanciones penales aplicable a la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias; expedir leyes generales en materias de secuestro, y trata de personas, que establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios; así como legislar en materia de delincuencia organizada”.
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