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El senador Eviel Pérez Magaña presentó una iniciativa para modificar la denominación de la Secretaría de la Reforma Agraria para dar paso a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Además, le otorgará a la SEDATU facultades institucionales para el diseño e implementación de políticas públicas que impulsen y fortalezcan el ordenamiento territorial del país, a fin de aprovechar el potencial de todas y cada una de las áreas geográficas que lo conforman.
En tribuna, el legislador priista explicó que la actualización de diversos ordenamientos jurídicos es en congruencia con la reforma al artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicada en el Diario Oficial el pasado 2 de enero, y permitirá la operacionalización y armonización de la misma.
Por ejemplo, con la reforma a la Ley Agraria se busca --dijo-- dotar a la SEDATU de herramientas necesarias para participar de manera activa y propositiva en las políticas públicas encaminadas a impulsar el desarrollo agrario y con ello asegurar sustentabilidad al sector primario de la economía en el mediano y largo plazo.
En tanto, el cambio que se plantea a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable le dará a esa Secretaría la posibilidad de contribuir a fortalecer el desarrollo rural desde una perspectiva que permita el ordenamiento territorial, impulse el desarrollo agrario y armonice los ámbitos rural y urbano.
Pérez Magaña dio a conocer que también se modificaría la Ley Orgánica de la Financiera Rural, a fin de conceder al titular de la SEDATU las atribuciones necesarias para participar en el órgano directivo, así incidirá en la toma de decisiones contribuyendo a impulsar el crecimiento del sector primario.
A través de la reforma a la Ley General de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Social deja de ser la dependencia encargada en materia de vivienda y provisión de infraestructura básica, pasando dichas atribuciones a la SEDATU, puntualizó.
Entre otras, con la enmienda a la Ley de Cambio Climático, la SEDATU estará en posibilidad de participar en el diseño e implementación de políticas públicas dirigidas a contrarrestar los efectos negativos de este fenómeno.
La iniciativa fue remitida a las comisiones unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos.
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