Senado de la República

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Durante las consultas públicas que realiza el Senado para analizar la minuta en materia de telecomunicaciones, representantes de organizaciones empresariales, civiles, indígenas y sociales llamaron a no “retroceder” en los avances logrados en la reforma, precisar la fecha de licitación de las dos nuevas cadenas televisivas  y reconocer en la Constitución a los medios comunitarios.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) consideró que el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados es “perfectible”, pero no sería deseable retroceder en los avances que se han logrado “a la hora de hacer cambios”.
Su presidenta, Aleida Calleja, denunció que en la colegisladora ya “tuvimos unos retrocesos” al no aprobar la reducción de la distancia entre las señales de radio y televisión, ya que esa medida hubiera permitido tener el doble de frecuencias para “más jugadores”, así como utilizar los “espacios en blanco”, a fin de que las comunidades rurales puedan acceder a Internet.
Estimó que esta reforma es un “acierto importante”, debido a que “hemos vivido lo suficiente en este país del uso discrecional que ha hecho el Ejecutivo al administrar el espectro radioeléctrico para beneficiar a unos cuantos grupos de interés; esa es la mayor queja que hemos tenido que soportar: la utilización facciosa, política, discrecional de un bien del dominio de la nación”.
En caso de realizar ajustes a la minuta, pidió que se especifique la fecha de licitación de las dos nuevas cadenas de televisión y se reconozca a los medios comunitarios e indígenas.
Por la mesa de medios del Movimiento #Yosoy132, Alexandria Sevilla acusó que los partidos y  quienes colaboran con ellos en la construcción de la reforma “lo hicieron a espaldas de la nación en una negociación cupular y excluyendo a diversos actores de la sociedad civil que tenían que aportar al proceso”.
Señaló que la reforma aprobada por los diputados es producto de la legislación que está en pro del mercado “que nos trata como usuarios y consumidores, no como ciudadanos, además se desempeña en clave meramente comercial y no procura favorecer a la sociedad quedando a deber en diversos puntos”.
Hizo notar que el proyecto de ley rompe el “círculo virtuoso” de los derechos de las audiencias, que supone el derecho de réplica y ratificación frente a la programación; no específica las condiciones que requieren las poblaciones indígenas para operar sus medios ni las que son indispensables para la regularización de las radios comunitarias.
A su vez, Erick Huerta, integrante del Consejo de Comunicación Indígena, lamentó que en la reforma constitucional no exista ni una sola mención a los pueblos originarios de nuestro país, a pesar de que representan el 17 por ciento de la población.  
En este sentido, demandó a los legisladores establecer en el texto de la enmienda que este sector social cuente con todas las condiciones que se requieren para administrar y operar sus propios medios de comunicación.
En su momento, Sócrates García Vázquez demandó el reconocimiento de las radios comunitarias en esta Ley de Telecomunicaciones, pues expuso que ellos son la palabra de las poblaciones indígenas, pues no son subversivos y sí de respeto, no de competencia desleal ni de publicidad.
Asimismo, solicitó que en la minuta se incluya un financiamiento claro y preciso para este segmento, ya que su propósito es con fines de servicios comunitarios a la población y no comerciales.
Cristina Ruiz de Velasco, vicepresidenta de Relaciones Institucionales de Nextel, aseveró que si bien es positivo cerrar los canales a las prácticas dilatorias y al abuso del derecho en el sector, eso no debe equivaler a dejar a los agentes económicos en situación de indefensión y de incertidumbre jurídica.
 
Esto, acotó, puede desincentivar la generación de inversiones y la llegada de nuevos jugadores, por lo que se requiere una forma para evitar la tramitación de juicios sin fundamento, dotando a los jueces la posibilidad de desechar de forma inmediata las demandas de amparo que sean notoriamente improcedentes.
Para Gerardo Soria Gutiérrez, presidente del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones, la imposibilidad de obtener la suspensión de una impugnación puede provocar actos de autoridad violatorios de garantías y de derechos humanos irreparables y “no creo que ese sea el mensaje que debemos enviar a los sectores productivos del país”.
Consideró como contradictorio referirse a un mercado convergente y al mismo tiempo hablar de restricciones a la propiedad cruzada de medios e hizo notar que se debe tener cuidado en que la reforma no sea una puerta trasera para quien simule un proyecto social para hacer negocio con la explotación del espectro radioeléctrico.
 
Por su  parte, el especialista Enrique Melrose Aguilar consideró conveniente que el órgano regulador determine las condiciones mínimas obligatorias de carácter técnico, económico y de calidad para el ingreso de un concesionario, a fin de garantizar el equilibrio de igualdad de oportunidad en los distintos mercados de este sector.
En la ronda de preguntas, la senadora priista Mely Romero Celis preguntó si efectivamente el órgano regulador autónomo que se propone sería “innovador” en comparación con países como Australia, Brasil, Colombia, Francia, India o Estados Unidos en donde se ha comentado que no tienen facultades que tendría el mexicano.
Por Acción Nacional, el senador Javier Corral Jurado sostuvo que con los “lamentables” cambios que hizo en sentido regresivo la colegisladora se generó “un gran desequilibrio” porque se especifican con claridad las reglas esenciales en materia de telecomunicaciones pero no en radiodifusión.
 A su vez, el senador perredista Alejandro Encinas Rodríguez inquirió a los ponentes sobre la ausencia de una estrategia en materia satelital sin abordar los temas de la soberanía y la seguridad nacional.
 
En sus respuestas, Aleida Calleja aseguró que aunque “entren” nuevas cadenas de televisión, si no se establecen claramente los criterios específicos de radiodifusión es posible que el órgano regulador tenga problemas para determinar a los agentes dominantes, así como la generación de condiciones para la competencia.
Acotó que si no hay ningún cambio a la minuta, la mayor parte de los temas son transitables en la ley secundaria, pero lo esencial es que se apruebe en este periodo de sesiones, pues su aplazamiento ampliaría el tiempo para que los poderes fácticos operen y perdamos “una oportunidad histórica”.
 
Calleja aclaró que la tendencia mundial son órganos que puedan poner orden a empresas cada vez más poderosas
En tanto, el abogado Carlos Sampé Minvielle advirtió que al considerar los servicios de telecomunicaciones como públicos se otorgará mayor intervención del Estado y “prácticamente se está estatizando el sector”.
 
Por su parte, Enrique Melrose afirmó que se tiene que pensar en una estrategia formal y de largo plazo en materia satelital.
En tanto que el senador Gerardo Flores Ramírez, del PVEM, preguntó acerca del proyecto de la red troncal en la banda de 700 Mhz al doctor Enrique Merlos, así como sus alcances y límites.
El especialista hizo notar la necesidad de contar con una red troncal extraordinariamente grande y que ésta sea a través de la fibra óptica, toda vez que en la red de 700, incluso, teniendo toda la capacidad, no podría operar dentro de unos años, toda la información que se maneje.
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