Senado de la República

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La desnutrición es un gran negocio para empresas transnacionales de alimentos, que “les conviene mantenernos enfermos, obesos y consumistas”, por lo que es preciso reformar el andamiaje jurídico para garantizar el derecho de los consumidores e implementar medidas de prevención de enfermedades crónico-degenerativas provocadas por el sobrepeso y la obesidad.
Así se planteó en el foro Políticas públicas en salud alimentaria frente al conflicto de interés, organizado por la senadora del PT, Martha Palafox Gutiérrez, quien señaló que es necesario reconstruir el sistema normativo en esta materia, así como de la burocracia institucional que lo opera.
Resaltó que en México se consumen al año 169 litros de bebidas azucaradas por cada ciudadano por lo que se requiere adoptar una nueva cultura de la salud, “ya que a las grandes empresas transnacionales les conviene mantenernos enfermos, obesos, consumistas, pues ese es su mejor negocio”.
“Tenemos el reto de construir un sistema jurídico que garantice la transparencia, legalidad, igualdad y la equidad en todos los procesos de edificación de los programas de gobierno, con una actitud ética en el proceso de creación de las normas jurídicas”.
Expresó que presentará una iniciativa para fortalecer la figura de las acciones colectivas, a fin de hacer viables las demandas judiciales que hagan efectivo el derecho de los consumidores e implementar medidas de prevención de enfermedades crónico-degenerativas.
Su compañero de bancada, el senador Manuel Bartlett Díaz manifestó que las empresas transnacionales tienen el control de los estados, parlamentos y medios de comunicación, lo que ha provocado que generaciones enteras se encuentren “mal alimentadas”, por lo que “el respeto a lo privado tiene que darse en el marco primordial del respeto a lo público”.
En tanto, la directora de Baby Milk Action, Patti Rundall, manifestó que “el negocio del hambre está dominado por las corporaciones y puede ser usado como una forma de expandir sus mercados”.
Ante este panorama, consideró que los legisladores deben ser libres de cualquier influencia comercial en la toma de decisiones.
Precisó que mediante el fortalecimiento de la regulación de la publicidad de la industria es como se pueden salvar vidas y acabar con el sufrimiento causado por la inapropiada alimentación de los infantes.
En México, destacó, 85 por ciento de los niños de 0 a 6 meses, consumen fórmulas lácteas, mientras que tan solo 14 por ciento de las mujeres le dan pecho exclusivamente a sus bebes; “de incrementarse el número de mujeres que amamanten a sus hijos, las compañías tendrían pérdidas, lo que generaría conflicto de intereses”.
La senadora María Elena Barrera Tapia, del Partido Verde Ecologista de México, afirmó que éste es un momento extraordinario para legislar en la materia, pero para ello se requiere establecer una ruta crítica para lograrlo.
En su turno, Marcos Arana, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición,  hizo un llamado para que en la implementación de la Cruzada Nacional Contra el Hambre “no existan conflicto de intereses”, ni la posibilidad de promover una asistencia alimentaria de productos elaborados por las grandes corporaciones.
Consideró que con la Cruzada existe el riesgo de que se otorgue a las compañías alimenticias “un rol que no deben tener”, porque la industria “va a promover que la respuesta que dé el Estado mexicano no sea apegada al derecho a la alimentación” sino a la promoción de sus productos.
Lo que se debe hacer, agregó, es proteger a la población ante esta gravísima epidemia, por un lado de hambre y desnutrición y, por otro, de diabetes y obesidad, pero el conflicto de intereses en al diseño de políticas públicas “es una amenaza a la soberanía”.
Alejandro Calvillo, director general del Poder del Consumidor, señaló que el gobierno mexicano no ha atendido las recomendaciones para proteger a los niños de alimentos con altos contenidos de azúcar, grasas o sal y se ha permitido una autorregulación en las empresas que “nada ha cambiado las cosas” en la contención de la obesidad y el sobrepeso.
Afirmó que servidores públicos de la Secretaría de Salud (SS) “cabildearon en contra de los lineamientos para la venta de alimentos y bebidas de lado de las empresas y ahora son funcionarios con altos cargos” en dicha dependencia.
En este contexto, dijo, la SS no se ha pronunciado sobre las recomendaciones de la Academia Mexicana de Medicina respecto a la instrumentación de una política de Estado en contra de la obesidad.
A su vez, Javiera  Cavada, nutrióloga de Poder del Consumidor, advirtió que en México existe una omnipresencia de grandes trasnacionales de alimentos, que aunque se regule la producción, distribución y venta de sus productos “jamás pierde”.
Dijo que este es un momento propicio para unir los esfuerzos de la academia, el Poder Legislativo y de las organizaciones sociales para que sólo existan alimentos saludables y agua potable en las escuelas, publicidad adecuada y normas de etiquetado para los productos.
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