Senado de la República

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• Les presentan informe sobre pobreza.
• Se comprometen a atender recomendaciones de UNICEF y CONEVAL
 
Sólo en 2010, 21. 4 millones de niñas, niños y adolecentes en México padecen de pobreza, de ellos 5.1 millones se encuentran en pobreza  extrema, señala el Estudio de Pobreza y Derechos Sociales de Niñas, Niños y Adolecentes en México 2008 -2010, que el CONEVAL y UNICEF presentaron ante senadores.
En la reunión de comisiones unidas de Gobernación, Derechos Humanos, Atención a Grupos Vulnerables, Igualdad de Género y la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, se puso de manifiesto la generación de estrategias de gobierno que promuevan el pleno ejercicio de los derechos sociales puede convertirse en una palanca del desarrollo económico y social.
Las estrategias de superación de la pobreza, la inversión para mejorar la calidad de la educación, el acceso a nuevas tecnologías de información y comunicación, la erradicación del trabajo infantil, son elementos claves para incrementar la competitividad y ampliar las oportunidades para que las niñas, niños y adolecentes ejerzan plenamente sus derechos.
En su intervención, la representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México,  Isabel Crowley, reconoció que a 23 años de que México ratificara la Convención sobre los Derechos del Niño, la mitad de la población infantil de este país, es decir, poco más de 21 millones padecen pobreza.
Para combatir la pobreza de los niños, niña y adolecente, explicó, es necesario  darles acceso a la educación, salud y un desarrollo integral para la cohesión social, el desarrollo, la competitividad y la prosperidad del país.
Isabel Crowley dejo en claro que se han presentado avances en materia de cobertura de los servicios de salud y la seguridad social, pero aún existen grandes retos para garantizar el cumplimiento de los derechos sociales en la población infantil y de adolecentes.
El Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Gonzalo Hernández Licona recomendó mayor inversión en la niñez de forma progresiva y continua, ya que es necesario atender las carencias sociales en materia de salud, alimentación y educación.
Al igual que la población menor a 18 años debe tener garantizado el acceso a la seguridad social a través de los padres o cuidadores y asegurar el acceso universal a la alimentación para reducir su vulnerabilidad en contextos de crisis económica.
La presidenta de la comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar (PRI), dijo el estudio es preocupante, ya que cada número que presentan, es una persona que necesita el apoyo inmediato, por eso es fundamental atender a cabalidad con acciones lo que este estudio que presentan UNICEF-CONEVAL determinan.
La pobreza no es un tema de probabilidad, es una realidad que tiene solución en la posibilidad de una estrategia y una instrumentación que tenga como fin trabajar de manera sistemática, ordenada y puntual para que este mal no sea permanente en los niños, niñas y adolecentes.
A su vez, la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Hilda Flores Escalera (PRI), mencionó que se está trabajando en el Legislativo con el propósito de sacar adelante los retos más importantes que enfrenta el país, en materia de los derechos de los niños, niñas y adolecentes.
En su oportunidad la Presidenta de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, Martha Elena García Gómez (PAN), se mostró preocupada por la problemática de la pobreza,  la desigualdad que se expresa a partir de las disparidades registradas entre la población indígena y la población en general, así como la desigualdad que persiste en las zonas urbanas  y rurales en  diferentes regiones geográficas del país.
Por ello, en el Senado de la Republica se está consciente en generar una agenda trasversal para la promoción y el ejercicio de los derechos de la niñez y adolescencia.
Finalmente, la presidente a de la Comisión de Igualdad de Género,  Diva Hadamira Gastélum Bajo (PRI) resaltó que el Poder Legislativo  tiene que hacer un marco jurídico adecuado a la pobreza.
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