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La doctora Patricia Martínez Cranss, titular de la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral, afirmó que alrededor de seis millones de trabajadores “entran y salen del seguro social” cada año, por lo que tenemos un mercado de trabajo “muy dinámico o volátil” y muy pocas personas permanecen más de 25 meses en su puesto.
Expresó que ante este panorama “es inaplazable el compromiso de consolidar una reforma” que permita avanzar en la formalización del empleo de calidad y apoyar a los trabajadores y sus familias en caso de perderlo y este mecanismo es, sin lugar a dudas, el seguro de desempleo.
En el cuarto día de la Semana Nacional de la Seguridad Social, realizada en el Senado de la República, la funcionaria destacó que el mercado laboral enfrenta por trimestre el desempleo de 2.5 millones de personas, en promedio, y un millón de ocupados buscan empleos alternativos o complementarios para mejorar sus ingresos.
Patricia Martínez Cranss subrayó que de los 42 millones que integran la Población Económicamente Activa registrados en el último trimestre del año pasado, 32 millones de personas perciben ingresos menores a los tres salarios mínimos que resultan insuficientes para cubrir la canasta básica.
De ese total, enfatizó, “tenemos cerca de 29 millones de personas que tiene una ocupación informal y, por lo tanto, están marginas de la seguridad social y a ello se agregan cerca de cuatro millones que trabajan pero no perciben ingresos”.
Además, “existe una alta rotación laboral, pues menos del 15 por ciento permanecen más de 25 meses en su empleo”.
La funcionaria participó en la mesa Seguro de Desempleo: México frente a experiencias internacionales, que moderó la senadora panista Maki Esther Ortiz Domínguez, quien recordó que en México no existe esta figura dentro de la estructura de seguridad social.
Ello, a pesar de que nuestra Carta Magna dispone “la utilidad social del establecimiento de cajas de seguros populares de invalidez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo y de otras con fines análogos”.
Resaltó que los seguros de desempleo fueron concebidos para cubrir la pérdida de ingresos de un trabajador que queda desocupado y, con ello, se busca proteger el consumo familiar en un periodo de transición.
Precisó que los países que ofrecen seguro de desempleo a su población, les ha permitido reaccionar positivamente ante las crisis con mayor rapidez y eficiencia, ya que ha servido como un “estabilizador automático”.
Resaltó la necesidad de que en el país se aborde y analice con toda seriedad la implantación o no de un seguro de desempleo, el cual debe diseñarse bajo la estructura ocupacional del país para incentivar la formalidad y ayudar a las familias a tener niveles de consumo digno.
Por la mañana, Asa Cristina Laurell, de la Universidad Autónoma Metropolitana, advirtió que en las reformas planteadas para alcanzar cobertura universal de salud “hay rasgos básicos de una tendencia privatizadora”, porque se fundamenta en tres ejes: la portabilidad, la convergencia y el desarrollo del mercado.
Se requiere, dijo, un pacto por una política económica y social amplia y redistributiva, así como un acuerdo institucional donde el interés general y la salud de la población prevalezcan sobre los intereses particulares, consideró en la mesa de trabajo sobre Seguridad Social en Salud.
Dijo que se necesita una inversión planificada en infraestructura con máxima prioridad para los estados, provincias o regiones más rezagadas con recursos suficientes para operar, así como eliminar el gasto superfluo y la corrupción e implementar una renovación institucional con base en la transparencia, la alineación de los procesos de atención y administrativos.
Raúl Anaya, consultor nacional de la Organización Panamericana de la Salud, reconoció que la necesidad de extender la cobertura es un desafío clave para las instituciones de seguridad social, que sólo puede superarse si se encuentran soluciones para problemas como el envejecimiento de la población, los cambios las características demográficas o el creciente del trabajo informal.
Acceder a servicios de salud de calidad sin el riesgo de empobrecer, subrayó, constituye actualmente un derecho que las personas exigen, pero esto implica que los sistemas no sólo contribuyan mejorar la salud de la población sino a la cohesión social, la sostenibilidad democrática y a la competitividad de los países.
“Una mala salud implicará siempre costos financieros e impactos en la productividad y acceso inequitativo y atención deficiente representan altos costos políticos y sociales”, dijo.
Por su parte, José Gabriel Martínez González, secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, dijo que la afiliación a un sistema de seguro universal debe ser obligatoria para eliminar comportamientos oportunistas y garantizar el mayor fondo común de riesgos disponibles en el país.
Además, se asegura que el consumo de los servicios esté organizado por instituciones especializadas y serviría para integrar el gasto público y el privado.
No hay duda, enfatizó, de que la demanda por servicios de salud crecerá mucho más que la economía en general en las próximas décadas, por lo que es necesario proveer un marco jurídico adecuado a esta situación.
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