Senado de la República

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Por mayoría, el Senado aprobó un dictamen que reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, a fin de que el Congreso esté facultado para expedir una legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República, tanto en el orden federal como en el fuero común.
El proyecto de decreto, que se aprobó con 103 votos a favor y siete en contra, plantea que las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.
Asimismo, sugiere que el Congreso también tenga facultad para emitir las leyes generales en materias de secuestro y trata de personas, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, así como la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades, el Distrito Federal y los municipios.
Además, propone facultar al Congreso para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse, así como para legislar en materia de delincuencia organizada.
En el dictamen se considera  que en las materias concurrentes previstas en la Carta Magna, las leyes federales deben establecer los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales.
Los senadores resaltaron que en México, la existencia de códigos penales diversos, tanto en lo sustantivo como en lo procedimental, data --por lo menos-- desde la Constitución de 1824.
Destacaron que al no reservarse como una facultad exclusiva de la Federación se permitió que cada entidad federativa estuviera en la posibilidad de expedir su propio ordenamiento y esto generó la coexistencia de diversas legislaciones penales, claramente distintas en la medida en que cada una de ellas ha sido producto de una visión teórica y epistemológica diferente.
Por ello, se propuso unificar la legislación procesal penal, a fin de que los criterios político-criminales que habrán de observarse en dicho procedimiento se uniformen y eviten que en el país haya distintas formas de procurar y administrar la justicia.
Además, enfatizaron los legisladores, se sugirió la homologación de los mecanismos para enfrentar eficazmente el problema de la delincuencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
De esta manera, la reforma “busca establecer un mecanismo constitucional que permita el establecimiento de una legislación adjetiva penal única y de ejecución de sanciones penales, aplicable a todo el territorio nacional”.
El proyecto de decreto se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
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