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La Comisión de Justicia presentará a Pleno la propuesta del código procesal penal único para la República Mexicana , luego de que sea aprobada la iniciativa de reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para facultar al Congreso legislar en la materia.
De igual forma se emprenderá lo que corresponde para el reordenamiento de la Procuraduría General de la República (PGR) y procuradurías estatales.
Así lo explicaron el presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil Zuarth y los secretarios de la misma, Arely Gómez González y Manuel Camacho Solís, quienes explicaron que en la sesión de este lunes subirá a segunda lectura ante el Pleno, para su discusión y en caso aprobación, la reforma constitucional para facultar al Congreso a expedir un solo código de procedimientos penales para todo el país, con el cual se homologarán las reglas del proceso penal.
Gil Zuarth, senador panista, apuntó que el Código Procesal Penal Unico “no implica que la federación asumirá la tarea de definir los delitos, sino establecer las reglas de someterse a proceso penal, esto es una garantía de acceso a la justicia”.
Destacó el respeto a la soberanía de los estados, pues “hemos sido muy cuidadosos de dejar a salvo las facultades de los congresos locales de la representación popular de los ciudadanos de cada una de las entidades federativas de definir qué fines de valores se protegen a través de un derecho penal y, en consecuencia, la configuración de los delitos que se castigan”.
Lo anterior fue ratificado por la senadora priísta Arely Gómez González, quien destacó que este trabajo parlamentario se basó en la experiencia teórica y práctica de diversos especialistas y organizaciones sociales, encabezados por SOS México.
La importancia del nuevo Código Unico de Procedimientos Penales, apuntó, radica en que será el instrumento legal con el cual se sustituirá a los 33 códigos de procedimientos penales, que actualmente se aplican con una gran dispersión en el país.
En lo anterior coincidió el senador perredista Manuel Camacho Solís, al destacar que las audiencias públicas en la Comisión de Justicia son un ejemplo del trabajo en el Senado, donde “ya no podemos seguir con el viejo método de que cada quien nada más dice lo que se le ocurre en el momento, sino que es más importante escuchar a la sociedad, lo que dicen los especialistas”.
Ahora sigue instrumentar un código procesal penal único, además de la reorganización de la PGR , para lo cual el Senado recibirá la propuesta del procurador Jesús Murillo Karam, así como de las procuradurías estatales.
Arely Gómez apuntó que la Comisión de Justicia trabajará durante el periodo de receso en la dictaminación del código, considerándose diversas propuestas analizadas en los foros públicos, en las cuales se concentran más de dos mil horas de trabajo de expertos en procuración e impartición de justicias, así como en las víctimas.
El objetivo, acotó, es unificar todos los criterios, para que independientemente de la entidad donde se cometa el delito, pueda haber uniformidad en la aplicación de la ley.
En lo anterior coincidió Roberto Gil, al apuntar que el modelo justicia del código determinará la forma en que habrá de organizarse a su interior la PGR y procuradurías estatales, destacándose que el código comprenderá las mejores prácticas y experiencias en el ámbito local, el modelo de justicia oral, así como en elementos técnicos y tóricos, al tiempo de confiar que las discusiones se aterrizarán en el próximo periodo ordinario de sesiones, o en su caso en un periodo extraordinario.
Es de señalarse que con la reforma al artículo 73, el Congreso de la Unión tendrá facultad para expedir leyes generales en materia de secuestro y trata de personas, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, así como las que contemplarán la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación , las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios.
De igual forma podrá legislar para establecer los delitos y las faltas contra la Federación , en materia de delincuencia organizada, así como las penas y sanciones que por ellos deban imponerse.
Modificará la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.
El decreto establece que estas reformas entrarán en vigor al siguiente día de su publicación en todo el país a más tardar el 18 de junio del año 2016.
En los transitorios especifica que la legislación vigente en las materias procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas expedida por el Congreso de la Unión , las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal continuará en vigor hasta que inicie la vigencia de la legislación que respecto de cada una de dichas materias expida el Congreso de la Unión conforme al presente Decreto.
En tanto que los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la legislación procedimental penal, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes al momento de iniciarse dichos procedimientos.
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