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El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW) José Miguel Vivanco, aseguró que México debe eliminar del texto constitucional la figura del arraigo, porque es una herramienta con la que han contado servidores públicos, especialmente del Ejército y la Marina, para actuar sin límites.
Al participar en el foro Ante la Visita del Presidente de Estados Unidos de América, Barack Obama: Derechos Humanos, Armas y Drogas en la Relación México-Estados Unidos, que se llevó a cabo en el Senado, subrayó que la mejor opción para evitar detenciones arbitrarias con el pretexto del arraigo, sería su eliminación completa de la Constitución.
Esta figura --afirmó-- no es compatible con el Estado de derecho porque genera negligencia y falta de profesionalismo de las fuerzas de inteligencia para investigar adecuadamente.
Señaló que hay cuatro sentencias de la Corte Interamericana y varias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le exigen a las autoridades mexicanas hacer reformas profundas sobre el fuero militar.
“Ojalá México cuente pronto con una reforma que se ajuste a los estándares internacionales en materia de fuero militar, porque este ha sido uno de los grandes contribuyentes a las violaciones en materia de derechos humanos”, puntualizó.
Explicó que de acuerdo a cifras de Human Rights, en el sexenio pasado agentes o servidores públicos del Ejército, la Marina y de las fuerzas policiales a nivel municipal, estatal y federal, cometieron “gravísimas violaciones a los derechos humanos, incluyendo numerosos casos de desapariciones forzadas, en total impunidad, sin que las víctimas hayan contado con un recurso efectivo para hacer valer su defensa”.
Señaló que los arrestos arbitrarios, según datos oficiales, alcanzaron unos 620 mil casos durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, de los cuales al menos 500 mil personas fueron liberadas por falta de pruebas.
“Esto demuestra que el 80 por ciento fueron detenidos sin haber realmente un propósito, un objetivo. Aquí juega un papel, creo, muy pernicioso la figura del arraigo, que lo que hace es darle la posibilidad a los agentes de detener y luego investigar, contrario a los principios elementales del derecho penal y del debido proceso”, señaló.
“¿Quién paga, quién responde por eso? Nadie. Esa gente, probablemente muchos de ellos, fueron objeto, además, de abusos en el proceso de detención, torturas, tratos crueles, inhumanos”, opinó Vivanco.
Por su parte, Daniel Zapico Alonso, director de Amnistía Internacional México, señaló que Estados Unidos ha brindado ayuda a México a través de la Iniciativa Mérida, pero cerrando los ojos a las denuncias de violaciones a los derechos humanos, torturas, desapariciones forzadas y uso del arraigo.
Afirmó que dicha figura es violatoria de las garantías individuales y si el Poder Legislativo mexicano no asume su obligación de eliminarla, “vamos a seguir garantizando que se violen los derechos humanos”.
“Si el legislador considera que se debe seguir aplicando el arraigo, lo hace a sabiendas de que se va a seguir torturando, fabricando pruebas”, añadió.
En tanto, Ernesto López Portillo Vargas, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C., y especialista en reforma policial para América Latina, dijo que “es un apoyo ciego” el que Estados Unidos otorga a México en materia de derechos humanos.
Comentó que el trabajo bilateral en este tema implica toda una reconstrucción institucional que durante el encuentro de los presidentes Peña Nieto y Obama no puede dejarse de lado.
Hizo notar que la visita de Barack Obama debe ser motivo para reconocer el tamaño del problema y colocar el tema en la agenda bilateral.
En este sentido, precisó que la relación bilateral no debe medirse en función del flujo de recursos, sino por los resultados obtenidos en seguridad y protección de los derechos de las personas.
A su vez, Nancy Pérez García, de Sin Fronteras México, habló sobre el fenómeno migratorio y de que es preciso diseñar una verdadera política de Estado que esté articulada con las necesidades de los flujos que transitan por el país.
Mencionó que una eventual reforma migratoria en Estados Unidos va a obligar a las autoridades mexicanas a prepararse para atender toda la demanda de documentos y de identidad que va a requerir la población migrante.
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