Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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altAl responder a los cuestionamientos de senadores de la República, la secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga dejó en claro que no tiene por qué renunciar, pues “yo no he hecho nada indebido, no he hecho absolutamente nada, ni estoy en esos videos ni en esos audios ni estoy involucrada en lo absoluto”.

 Al contrario --agregó-- hice los talleres de blindaje electoral, mandamos los oficios a los funcionarios, les dije a los delegados que eran funcionarios del Gobierno Federal y que tenía un solo jefe, que es el Presidente de la República.

 Ello, durante las cuatro rondas de preguntas y respuestas que se llevaron a cabo durante su comparecencia ante las comisiones de Desarrollo Social, Gobernación y de Justicia, en donde el grupo parlamentario del PAN dijo que ella no es “interlocutora” entre ese partido y el Ejecutivo.

Durante la primera ronda de preguntas, la senadora priista Blanca Alcalá Ruiz cuestionó a la funcionaria federal sobre los mecanismos que se han diseñado para fortalecer la transparencia y legalidad de todos los programas sociales.
 
 De igual manera, le pidió que explicara la forma en que se identifica a la población que padece de pobreza en las zonas urbanas.

También del PRI, la senadora Arely Gómez González externó que es necesario un diálogo entre las diferentes fuerzas políticas para realizar una evaluación de las políticas sociales, con el objetivo de asegurar que los programas en esta materia cumplan con su propósito.

Sobre la denuncia presentada ante la Procuraduría General de la República, comentó que para poder acreditar la culpabilidad de los funcionarios se requiere de una investigación de “hechos concretos” con circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión en el que se dio el apoyo indebido a un candidato con uso de recurso públicos. 

Por Acción Nacional, el senador Fernando Yunes Márquez preguntó a la funcionaria por qué no se han presentado las denuncias correspondientes contra delegados de Sedesol y del gobierno de Veracruz por la “probable comisión de delitos”.

Dijo que la dependencia tiene la obligación legal de presentar dichas denuncias ante el órgano interno de control y la PGR, con el objetivo de deslindar responsabilidades tanto de los funcionarios del gobierno estatal como del federal.

Su compañero de bancada, el senador Roberto Gil Zuarth culpó a la secretaria y a sus delegados de poner al Presidente en un “predicamento”, pues  “gracias a ustedes tuvo que decidir entre sostener el Pacto y mantener el ritmo de la reformas o avalar la ilegal operación de sus funcionarios”
  
Desafortunadamente --añadió-- el Presidente optó por empeñarse en ganar la elección de Veracruz, en lugar de ganar la prosperidad del país para las próximas generaciones.

En su turno, el senador perredista Manuel Camacho Solís  hizo énfasis a la postura asumida por el Ejecutivo federal ante los cuestionamientos por el presunto uso electoral de la Cruzada contra el Hambre: “No te preocupes Rosario, esa frase marcará la presidencia de Enrique Peña Nieto, me cuesta trabajo entender como un presidente que ha construido su prestigio político mediante el Pacto por México y ha contado con el apoyo del PAN y PRD a sus iniciativas ponga en riesgo el Pacto y su prestigio internacional por asuntos electorales”.

Apuntó a Robles Berlanga que su posición como titular de la Sedesol no es el eje de la preocupación en el Senado: “Hasta hoy usted recibió órdenes, cierra los ojos  ante lo que otros los gobernadores hacen, lo que se discute aquí es la posición política del presidente, se lo digo con toda claridad, o el presidente corrige de manera inconfundible o el Pacto por México quedará en una anécdota”.

 Y en este marco, refirió que se debate el futuro de la nación frente a un dilema de estar a favor del estado de derecho o de un gobierno faccioso; de la separación de poderes y la rendición de cuentas o de la supremacía presidencial; de la honestidad o de una conducta cómplice;  de la justicia o de la impunidad “¿De qué lado está usted, señora secretaria?”, cuestionó Camacho Solís a la responsable de la política social en el país.

Insistió en que el eje del debate es la crisis política generada, donde hay una  alternativas de solución: “Si usted tiene la valentía que dice tener para decirle al Presidente que se equivocó y que rectifique… porque   elevaría el prestigio de la Presidencia y salvaría el Pacto, no tema hablarle al presidente con la verdad y poner en medio su renuncia si cree en lo que dice creer”.

Por otra parte Martha Palafox, del PT, criticó que se haya convocado a las grandes trasnacionales de la comida industrializada, fabricadoras de refrescos, pastelillos y otros productos causantes de la obesidad y la diabetes, enfermedades que han provocado de manera conjunta la muerte de 843 mil mexicanos, incluidos niños.

 “Nos preocupa que esas alianza con la trasnacionales se conviertan en los ogros filantrópicos”, enfatizó la legisladora al considerar que estas empresas pueden incurrir en la evasión de impuestos.
 
 En tanto, el legislador Luis Armando Melgar, del PVEM, consideró que no es pertinente descalificar y politizar el tema, al tiempo de exhortar a la reflexión sobre los grandes beneficiarios del programa en cuestión, en especial los niños que enfrentan el hambre, en lo cual, destacó, han coincidido los gobernadores de Puebla, Oaxaca y Morelos, todos emanados de distintos partidos políticos.

En sus respuestas, Rosario Robles reconoció que las medidas preventivas aplicadas por la dependencia a su cargo fueron insuficientes, por lo que los poderes Ejecutivo y Legislativo tienen que discutir, en el seno del Pacto por México, cuáles son los mecanismos que se deben incorporar para garantizar que el ejercicio de los programas sociales estén perfectamente blindados.

En este sentido, aseguró que “el Pacto Por México está por encima de situaciones coyunturales”.

 Comparto, incluso, iniciativas que se han presentado para garantizar perfiles, criterios de selección de los delegados para que haya mayor tranquilidad, así es que estoy totalmente abierta a una discusión en esta materia para impulsar cambios que permitan que los delegados tengan otro tipo de criterios, apuntó.

 Sin embargo, precisó que “hasta ahorita” no hay un solo elemento que impida que un delegado pertenezca a un partido político y “tan es así que todos los delegados que a nosotros nos entregaron la renuncia pertenecían al Partido Acción Nacional, absolutamente todos” y “nadie por eso tiene derecho a desacreditarlos”.
 
 En cuanto a los actuales delegados, indicó que fue ella quien los nombró en atribución de sus facultades como secretaría de Desarrollo Social y “son nombramientos firmados por mí y los asumo plenamente”.
 
 Informó que ya presentó una denuncia ante el órgano interno de control y se abrió el expedien te correspondiente, por lo que será esa dependencia quien determine si hay o no responsabilidad “y en función de eso se procederá”, además la PGR tendrá que responder a la denuncia que presentó el PAN. 

  
Precisó que las personas involucradas en las grabaciones en Boca del Río, Veracruz, no fueron nombradas por ella; “es como si algunos de los senadores aquí presentes hubieran pedido la renuncia de Juan Molinar Horcasitas por los acontecimientos de la Guardería ABC”.
En otro tema, destacó que gracias a los acuerdos firmados con los gobiernos estatales, los estados gobernados por la oposición serán sumamente beneficiados pues en Guerrero los recursos sociales pasarán de 417 millones en el año 2012 a los 1, 286 millones de pesos; en Morelos ascenderán de 281 a 567 millones; en  Oaxaca  pasarán de 450 millones a 1,816 millones; en Puebla  de 515 a 1,778 millones; y en  Tabasco 84.9 millones a 637 millones de pesos.
 
En la segunda ronda de cuestionamientos, el senador priista Ismael Hernández Deras expresó: “somos los primeros en condenar el uso indebido de los recursos públicos y de los programas sociales y por supuesto que vamos a ser los primeros en que en el tipo de conductas que sucedió en Veracruz efectivamente se compruebe la comisión del ilícito y se castigue con todo el peso de la ley”.

 “Pero con la misma firmeza con la que exigimos la aplicación y llana de ley, también rechazamos que se pretenda descalificar a personas, instituciones y programas porque estamos convencidos” de que la convocatoria para poder servir a la población “está abierta para todas las fuerzas políticas”.

El senador perredista Raúl Morón Orozco señaló que lo que se requiere es cambiar la orientación de la política económica porque “ha arrojado, como producto, una gran cantidad de pobres y desigualdad”, pero sólo se han utilizado los programas sociales y políticas públicas de todo tipo “para privilegiar candidaturas”.
 
La funcionaria reconoció que se necesita mayor crecimiento económico, mejor distribución del ingreso, así como mayor competitividad y eso supone “que dejemos de ver a la personas que viven en pobreza extrema” como simples beneficiarios que sólo reciben una transferencia monetaria”.

A pregunta de la senadora panista Rosa Adriana Díaz Lizama sobre por qué se distendieron los criterios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en la selección de los municipios incluidos en la Cruzada, la funcionaria aseguró que le corresponde a la Sedesol  establecer la población objetivo, pero su integración sí se realizó con base en dichos principios.
 
Sin embargo, el senador Javier Corral Jurado, también del PAN, acusó que funcionarios del Consejo desmintieron las declaraciones de que se tomaron en cuenta sus criterios para la clasificación de los municipios y tampoco es cierto que la Cruzada Nacional “está al margen de la operación política”.
  
Señaló que el compromiso que realizó la Secretaría para que los programas sociales no se manejen con fines electorales “no podrá cumplirlos” porque “ha diseñado un programa clientelar, no integral, porque desconoció los criterios del Coneval y sólo 209 municipios de los 400 que escogieron están considerados con los más altos porcentajes de pobreza”.
 
 Robles Berlanga reiteró que el gobierno federal tiene claro que estos programas “tienen que mantenerse al margen de cualquier uso electoral” y el tema de los procesos electorales “le toca a los partidos políticos”.
 
  
 
 

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