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La Secretaría de Gobernación deberá informar a la Cámara de Senadores sobre el avance en la implementación y resultados de las políticas, programas y estrategias a fin de que el Sistema Penitenciario Nacional promueva la reinserción social, en un marco de respeto irrestricto a los Derechos Humanos de las personas que en situación de privación o restricción de su libertad individual.
En el dictamen aprobado, los legisladores señalaron que uno de los valores más importantes en una democracia, es el respeto por la dignidad inherente de todos los seres humanos, sin importar su situación personal o social.
En ese sentido, apuntaron que una de las más grandes pruebas de dicho respeto por la humanidad reside en el modo en que la sociedad trata a quienes han infringido la legislación penal.
El sistema penitenciario en su conjunto y en representación de la sociedad, tiene un papel especial en el respeto de su dignidad, por más terrible que sea a el delito que hayan cometido, aseguraron.
Asimismo, destacaron que el Consejo Nacional de Seguridad Pública tiene la atribución de establecer los lineamientos para la formulación de políticas generales en materia de seguridad pública, por las cuales deberán regirse todas las instituciones de seguridad pública.
Además, subrayaron que conforme a lo establecido en el punto número 81 del Pacto por México que señala el compromiso de impulsar una reforma integral del sistema penitenciario, es que se propone fortalecer el diagnóstico y solicitar a la Secretaría de Gobernación el informe que complemente los elementos de análisis contenidos en el dictamen.
Al respecto, indicaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está facultada para supervisar el respeto a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario del país, por lo que en 2011 realizó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria con la colaboración de los organismos públicos de derechos humanos en los diversos estados del país y coordinando su elaboración.
Al mismo tiempo dejaron plasmado en el texto que según el Diagnóstico, únicamente 17 por ciento de los establecimientos penitenciarios diagnosticados por ellos, tienen una calificación promedio superior a 7.51 y ninguno de ellos llegó al 9.0 y los que tuvieron una calificación entre 6.00 y 7.50 son la mayoría llegando a 49 por ciento y los establecimientos en los que la calificación promedio fue reprobatoria son 35 por ciento del total de los analizados.
Asimismo, reflejó que el rubro en el que se encuentran diagnosticados con menores calificaciones es en el de “condiciones de gobernabilidad”, lo cual se considera muy alarmante, subrayaron los legisladores.
En el mismo sentido, destacaron que de acuerdo al Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, las Conclusiones o Recomendaciones hechas a México, como país miembro por parte del Consejo de Derechos Humanos, son respecto a seguir fortaleciendo los mecanismos para la aplicación efectiva del Programa nacional de derechos humanos a todos los niveles de gobierno, en particular reforzando la divulgación, aplicación y supervisión del programa, e intensificar el diálogo con la sociedad civil a este respecto.
Además, adoptar las medidas necesarias para prevenir y prohibir la práctica de la tortura y los malos tratos, en particular por las fuerzas de seguridad en las prisiones, realizar investigaciones efectivas e imparciales de todas las denuncias de tortura y combatir la impunidad, así como mejorar las condiciones de vida en las prisiones y seguir arbitrando medidas para mejorar la situación en las prisiones y la formación del personal penitenciario, entre otras.
Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, senadora Angélica de la Peña Gómez dijo que el acuerdo recoge la preocupación nacional por la situación en la que se encuentran los centros de reclusión en el país.
Resaltó que el Artículo 18 de la Constitución establece que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, de la capacitación para el mismo, educación, salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la Ley.
Igualmente dice que las mujeres pugnarán sus penas en lugares separados a los destinados a los hombres para tal efecto, agregó.
Finalmente, advirtió la necesidad de conocer la situación de los reclusorios y de los preceptos de distintas convenciones que aprueba el Senado, pero también, reconocer los reclamos de diversas organizaciones de Derechos Humanos.
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