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Con 90 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, el Senado aprobó, con cambios, la minuta que envió la Cámara de Diputados para elevar a rango constitucional el derecho de la juventud a un desarrollo integral mediante la protección de sus derechos humanos y garantías reconocidas en la Carta Magna.
Para ello, se precisa en el dictamen, se faculta al Congreso para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en materia de derechos de adolescentes y jóvenes.
Se reconoce que este sector enfrenta diversas dificultades en materia de salud, empleo y educación, que lo hace más vulnerable y proclive a incorporarse a las filas de la delincuencia, o bien, a padecer situaciones graves de marginación social.
Resalta que el Estado mexicano tiene la obligación de generar las condiciones jurídicas que permitan la implementación de una política pública integral y coordinada en materia de juventud en todos los órdenes de gobierno, a fin de que este segmento pueda desarrollar todo su potencial.
En el texto se destaca que de acuerdo con el Informe Mundial sobre la Juventud de 2007, de Naciones Unidas “la falta de acceso a la salud, a los servicios públicos y a la educación de calidad dificulta la transición a la adultez”.
Además, según el Censo de Población y Vivienda 2010, la población de jóvenes en México, que se ubican en un rango entre los 15 y 29 años, es de aproximadamente 29 millones de personas, sobre un total de más de 112 millones de habitantes que tiene el país.
La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del PRI, señaló que el dictamen dota de sustento constitucional al derecho que tienen los jóvenes a lograr su desarrollo integral, atendiendo las particularidades de este sector y garantizando la protección efectiva de sus garantías y derechos humanos.
Asimismo, dijo que representa una acción impostergable ante la necesidad de establecer las bases para que pueda desarrollarse una política pública a favor de la juventud, donde participen de manera coordinada los diversos órdenes de gobierno.
En tanto, el senador panista Daniel Gabriel Ávila Ruiz expresó que las modificaciones obligarán a las instituciones de los tres órdenes de gobierno a dar solución a las necesidades de la juventud mexicana, y consolidan el marco constitucional para sentar las bases de una ley de juventud.
Por el Partido del Trabajo, el senador Manuel Bartlett Díaz afirmó que la reforma es innecesaria y no resuelve los problemas que tiene la juventud mexicana, pues “se requiere de una política económica que fomente el empleo para los jóvenes”.
El senador perredista Ángel Benjamín Robles Montoya expresó por su parte que los senadores deben impulsar una agenda política que comprometa a todos los sectores a garantizar a la juventud su desarrollo integral, “el cual únicamente se alcanzará mediante la protección de los derechos humanos”.
En su oportunidad, el senador perredista, Fidel Demédicis Hidalgo dijo que es preciso que el Estado mexicano diseñe políticas públicas que atiendan la “orfandad” en que se encuentran los jóvenes del país.
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