Senado de la República

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Durante la presentación del libro La Figura del Arraigo Penal en México, la senadora Angélica de la Peña Gómez manifestó que es necesario eliminar esta figura de la legislación y dar paso a una metodología de investigación criminalística y científica, que no violente los derechos humanos.
Declaró que se debe transitar de un sistema inquisitorio a un sistema acusatorio transparente que dé certeza, donde los principios fundamentales puedan inscribirse de manera eficiente y transformen la forma como emprendemos justicia en México.
El presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil Zuarth, puntualizó que el arraigo en México se ha convertido en un problema para los derechos humanos, sobre la cual los senadores tienen que legislar.
Afirmó que cualquier medida cautelar de restricción de libertades que tenga como fin preservar la vida de las víctimas, en materia del juicio o justicia penal, puede terminar vulnerando los derechos humanos.
La senadora priista Verónica Martínez Espinoza señaló que el arraigo representa una asignatura pendiente del Congreso, por lo que debe ser parte de la agenda de todos los partidos para analizar su viabilidad.
Dijo que este libro muestra una radiografía de lo que ha sido el arraigo en el país, de los excesos que se han cometido en materia de justicia penal y cómo ha pasado a formar parte de los usos y costumbres de la guerra contra la delincuencia organizada.
El director del área jurídica de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos,  Octavio Amezcua Noriega, aseveró que el arraigo representa un problema estructural al aplicar la justicia en México.
Lo anterior, debido a que conlleva violaciones graves a principios de debido proceso y del derecho a la libertad personal, “ya que es una célula cancerígena para el nuevo sistema de Justicia Penal, pues pervierte todos sus principios”.
El coautor de la obra,  Silvano Cantú Martínez subrayó que el arraigo impacta de manera frontal al derecho de presunción dé inocencia, libertad personal, de tránsito y representa “una puerta abierta” a la tortura.
Propuso eliminar esta figura y adoptar medidas cautelares, ya que con ella no hay una vinculación al proceso de la persona que esta bajo arraigo, “al no ser propiamente procesada, ni  inculpada, se encuentra en un limbo jurídico”.
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