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Con el fin de proteger a los consumidores ante los actos arbitrarios que vulneren sus derechos fundamentales, la senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó hoy una iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 26 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y 578 y 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Es indispensable, dijo, ampliar las materias y los sujetos legitimados para promover las acciones colectivas en materia de protección a los derechos de los consumidores.
La Legisladora consideró que “los consumidores son la pieza clave en la economía mexicana, sin consumidores no hay mercado y al no existir mercado no hay oferta y demanda y nos encontraríamos ante una economía paralizada”.
Resaltó que el consumidor mexicano está cambiando sus hábitos de consumo hacia la globalización y su proceso de decisión de compra es cada vez más exigente. Por lo tanto, la iniciativa pretende encontrar la protección de los consumidores ante los actos arbitrarios que vulneren los derechos fundamentales.
Explicó que su propuesta pretende corregir dos defectos de las reformas anteriormente realizadas: el primero, haber constreñido a dos, las materias en las que se pueden ejercitar las acciones colectivas–relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados y medio ambiente.
El segundo, haber establecido legitimación procesal activa a unas cuantas autoridades y personas con ciertas restricciones. (La Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de servicios Financieros y la Comisión Federal de Competencia).
Opinó, además, que la regulación sobre acciones colectivas se debe abrir a todas las materias vinculadas con los derechos colectivos. “Sólo así, dijo, se garantizarán los derechos fundamentales de las personas y haremos justiciables y exigibles muchos derechos económicos, sociales, culturales y de naturaleza social, general o colectiva, pues en materia de justicia tenemos un enorme déficit democrático, de deuda histórica con la sociedad y con la construcción de un Estado de Derecho en el país”.
Finalmente, estableció que el número de sujetos legitimados activamente para promover las acciones colectivas debe ser muy amplio para que más personas, grupos sociales, consumidores y autoridades puedan acceder a la justicia y controvertir sus reivindicaciones frente a los intereses económicos, poderes fácticos y el Estado.
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