Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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El Senado de la República aprobó por unanimidad, con 96 votos, una modificación al Artículo 4º de la Constitución Política para garantizar el derecho de los niños y niñas a la identidad y a ser registrados de manera gratuita e inmediata al momento de nacer, con lo que se fomentará la inscripción por parte de la población.

Para ello, los gobiernos de los estados, municipios y el Distrito Federal deberán expedir de manera gratuita la primera copia del acta relativa al registro de nacimiento.

Con el ejercicio del derecho al registro de los recién nacidos se permite al Estado, mediante los órganos correspondientes, llevar las estadísticas de población necesarias para adaptar tanto el presupuesto, como la correcta administración de los servicios públicos.

En el contenido del dictamen se establece que el derecho de identidad permite el goce de diversos derechos que lo componen desde el momento en que se inscribe a la persona viva, lo cual puede ser desde su nacimiento o incluso de manera posterior.

Con la modificación, se da cumplimiento a lo previsto en las Convenciones de las que México es parte, en la Conferencia Regional Latinoamericana sobre el Derecho a la Identidad y el Registro Universal de Nacimiento y en la II Conferencia Regional Sobre el Derecho a la Identidad, en las cuales se comprometió a alcanzar el registro universal, gratuito y oportuno en la región para 2015.

En pro del dictamen, la senadora Ivonne Álvarez García, del PRI, destacó el objetivo de la propuesta es lograr que ningún niño de México quede sin gozar de sus derechos al momento de nacer. “A todo recién nacido se le garantizará el derecho de ser registrado y a obtener su acta de nacimiento de manera gratuita al momento de nacer”.

Con ello, expuso, se reconoce la personalidad y existencia a los menores para toda su vida, se garantiza el derecho a la salud, educación, familia, alimentación, hogar, entre otros.

De los 112 millones de habitantes del país, 35 por ciento tiene menos de 18 años de edad (39 millones de mexicanos). Según cifras del INEGI, se registran cuatro nacimientos por minuto en el país “pero muchos de éstos no son registrados”.

En el país hay casi 10 millones de mexicanos que no cuentan con su acta de nacimiento, algunas de las razones por las que no se lleva a cabo el registro oportuno de los menores es por la pobreza, falta de difusión, trámites burocráticos y la cultura de falta de registro, heredada por generaciones anteriores.

Por tal motivo, algunas entidades federativas han realizado campañas de registro y de expedición de actas, de manera gratuita, pero aún persiste rezago en el registro de recién nacidos.

En el mismo sentido, el senador Francisco Salvador López Brito, de Acción Nacional, aseguró que se avanza en el tema del subregistro de miles de niños mexicanos que permanecen en forma silenciosa y que no tienen los derechos reconocidos a que el Estado está obligado a darles.

Precisó que en un estudio del INEGI, de 2012, se detectó que anualmente se presenta un rezago de 156 mil niñas y niños  mexicanos.

Además, es importante tomar en cuenta los factores que originan el no registro, como los culturales, derivados de falta de orientación y de conocimiento público acerca de los beneficios del registro civil; problemas de accesibilidad geográfica; factores económicos; entre otros, por lo que es importante aprobar el dictamen.

Por su parte, el senador perredista Fidel Demédicis Hidalgo planteó modificaciones al dictamen, que fueron rechazadas por la Asamblea.

El legislador proponía modificar el texto, para que se señalara que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a conocer su identidad, filiación y origen, a ser registrados de manera gratuita e inmediata al momento de nacer, a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento, evaluación y políticas públicas dirigidos a la niñez”.

El dictamen se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos.

 

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