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Por unanimidad, el Senado aprobó la minuta que envió la Cámara de Diputados para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tenga la facultad de supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema de reinserción social del país mediante la elaboración de un diagnóstico anual sobre la situación que éstos guarden.
De acuerdo con el dictamen, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberá incluir, además de las evaluaciones que pondere, datos estadísticos sobre el número, las causas y efectos de los homicidios, así como de las riñas, motines, desórdenes, abusos y quejas documentadas que sucedan en las prisiones, centros de detención y retención federales y locales.
El diagnóstico se hará del conocimiento de las dependencias federales y locales competentes en la materia para que elaboren, con opinión de la Comisión Nacional, las políticas públicas tendientes a garantizar el respeto de los derechos humanos de los internos.
En la exposición de motivos, los senadores destacaron que el sistema penitenciario es uno de los componentes de la seguridad pública que acusa más rezago y abandono y buena parte de los delitos que tienen que ver con la extorsión y secuestro de personas se operan dentro de los centros de reclusión.
Mencionaron que en este rubro, planes y programas de diferentes niveles de gobierno “se han visto frustrados por la corrupción, la improvisación y la falta de continuidad” y el sistema “no readapta, no capacita para el trabajo, no dignifica a la persona, no logra la reparación de daños a las víctimas ni a la sociedad”.
Lo anterior, resaltaron, representa un gran costo social, ya que los penales se convierten en universidades del crimen y son generadores de una violencia incontenible.
Además, en el dictamen se destaca que el exceso de población penitenciaria en México supera los 56 mil espacios, 28 cárceles concentran 50 por ciento de los reos y cuatro de las cinco prisiones de máxima seguridad están a su máxima capacidad.
De acuerdo con la CNDH en la mayor parte de los reclusorios se presentan “graves problemas estructurales” que ocasionan violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los internos y no se cumple con el propósito de que las penas privativas de libertad protejan a la sociedad contra el crimen.
Asimismo, se señala que en el Gobierno se cuenta con información de los Centros Federales de Prevención y Readaptación, pero no hay estadísticas confiables de los que pasa en las cárceles estatales y municipales.
Por Acción Nacional, la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza precisó que además de aportar datos estadísticos, que actualmente no se encuentran homogeneizados, el diagnóstico aportará información valiosa para conocer la incidencia delictiva en las prisiones.
“No podemos seguir contando simplemente con la información que se sube a las redes sociales por los mismos reclusos y enterarnos de mucho de lo que pasa no sólo en las cárceles del Distrito Federal sino de todo el país por testimonios de los que ahí se encuentran, con el riesgo de perder su vida”, enfatizó.
Desde su escaño, la senadora Angélica de la Peña Gómez, del PRD, hizo notar que en la Comisión de Derechos Humanos del Senado se acordó respaldar la minuta en sus términos para que entre en vigor.
El dictamen, que se aprobó con 93 votos a favor, se remitió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
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