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Para evitar el desperdicio económico de un recurso renovable, evitar la contaminación y el deterioro del medio ambiente, más pérdidas humanas por la negligencia en los procesos y falta de acciones decididas en materia de seguridad industrial, el senador Armando Ríos Piter presentó “reformas urgentes” a la Ley Minera.
De igual manera, consideró necesario replantear el régimen tributario para que se paguen regalías según el tipo de minerales y las ganancias generadas.
Explicó que su iniciativa tiene por objeto crear un marco normativo encaminado a maximizar el beneficio económico y social de la nación al fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros.
Para el efecto, el legislador perredista propuso construir una política de Estado bajo los principios de eficiencia, competitividad, sustentabilidad y racionalidad en la organización y explotación de los recursos minerales de la nación, dentro de un concepto integral del desarrollo regional y de cohesión social.
Planteó constituir el Consejo de Política Minera como organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, coordinado sectorialmente por la Secretaría de Energía.
Hizo notar que la exploración y explotación de los minerales o sustancias sólo podrá realizarse por personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades agrarias, pueblos y comunidades indígenas, y sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, mediante concesiones mineras otorgadas.
Aclaró que las concesiones tendrán una duración de 25 años, con posibilidad de prórroga y que se establecerán zonas reservadas para el Estado por razones de seguridad nacional, cultural, respeto a usos y costumbres de pueblos originarios, reservas ecológicas, zonas turísticas y protección de reservas estratégicas de agua.
Rios Piter indicó que en su propuesta se incluye como obligación de los concesionarios planificar el cierre de una mina y garantizar restitución o rehabilitación de los elementos naturales que hayan sido utilizados, con el objeto de mitigar los efectos sociales, económicos y culturales en la región.
La iniciativa que expide la Ley Federal de Minas se turnó a la Cámara de Diputados.
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