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Senadores del PRI y PVEM propusieron crear la Ley Federal de Iniciativa Ciudadana y Consulta Popular, con la finalidad de establecer los procesos que regularán a esos dos instrumentos de participación establecidos en la reforma política.
Al presentar la propuesta, la senadora Blanca Alcalá Ruiz dijo que para dar trámite a un proyecto de ley ciudadano, éste deberá ser firmado, al menos, por 0.13 por ciento de la lista nominal nacional de electores, que actualmente equivale a 105 mil 28 personas.
Planteó que cuando una iniciativa de este tipo sea presentada ante cualquiera de las cámaras, el presidente de Mesa Directiva correspondiente enviará a la autoridad electoral la documentación original, a efecto de que se verifique en un plazo de 30 días la veracidad de los datos proporcionados por los firmantes.
Hecho el análisis --agregó-- la autoridad electoral comunicará los resultados a la cámara de origen, por lo que de no cumplir con los requisitos establecidos se declarará improcedente la iniciativa y se desechará.
Consideró que no es necesario brindar a las propuestas de ley ciudadanas “un tratamiento especial”, pues es posible desahogarlas en tiempo y forma bajo procedimientos de audiencias públicas, incluso con la participación de los proponentes en las sesiones de trabajo de las comisiones a cargo de su dictaminación.
Por otro lado, Alcalá Ruiz planteó que sólo se podrán someter a consulta popular, entre otros, temas como la entrada en vigor de disposiciones normativas, establecimiento de políticas públicas, creación o disolución de órganos públicos y celebración de tratados, convenios o suscripción de documentos por parte del gobierno mexicano con otros países u organismos internacionales.
Sugirió que las solicitudes para iniciar el procedimiento de consulta popular podrán ser a petición del titular del Ejecutivo federal, por el 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso o el 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.
Toda consulta popular --aclaró--supondrá la difusión, por parte de los poderes públicos federales, de información suficiente, objetiva, clara e imparcial sobre el tema que se vaya a someter a consulta.
De igual manera, propuso que la consulta se realice simultáneamente con las elecciones federales ordinarias y que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien analice la constitucionalidad o no de la pregunta que será sometida a consideración de la ciudadanía.
La legisladora priista dejó en claro que cuando la participación total corresponda al 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales.
Puntualizó que el establecimiento de la iniciativa ciudadana y de la consulta popular representa dos elementos claves para fortalecer la participación directa de la sociedad en la vida política del país, por lo que se requiere incorporar procesos que garanticen no sólo la viabilidad del orden jurídico sino también para vigorizar el consenso social.
La propuesta, suscrita también por los senadores priistas Emilio Gamboa Patrón y Miguel Romo Medina, así como del PVEM, Pablo Escudero Morales, fue enviada a las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos Primera.
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