Senado de la República

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• La minuta tiene que “arreglarse”, nuestra responsabilidad es mejorar los proyectos legislativos: Cordero Arroyo  
En las consultas públicas que iniciaron este miércoles en el Senado para analizar la minuta  en materia de telecomunicaciones, expertos en el tema manifestaron su preocupación porque el órgano constitucional encargado de regular al sector no cuente con autonomía plena y se convierta en un “ejecutor” de las instrucciones del Presidente de la República.
Al respecto, el senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva, aseguró que mucho del contenido de la minuta tiene que “arreglarse”, pues es fundamental hacer las cosas bien, debatirlas, argumentarlas y mejorar los proyectos legislativos porque “es nuestra responsabilidad con la sociedad y esa es nuestra aportación a la democracia en México”.
 
Consideró que “hoy es un día relevante para el Congreso mexicano” porque arranca la discusión de uno de los proyectos legislativos que, probablemente, sea el de mayor envergadura en la época reciente del país y “qué mejor que escuchando a los expertos para formarnos un juicio, a fin de hacer nuestro trabajo de la mejor manera”.
En su exposición inicial, Judith Mariscal Avilés, integrante del Centro de Investigación y Docencia Económicas, consideró que la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones “minaría la capacidad de articular una estrategia integral digital”, mientras que la selección de sus consejeros es “muy poco flexible”.
Opinó que es “irse al extremo”  que los comisionados no puedan hablar con los concesionarios, así como pedir que no hayan trabajado en una empresa relacionada con las telecomunicaciones durante cinco años, pues esto no tiene precedente en ningún país porque limita el talento que existe en este sector.
Irene Levy, presidenta de Observatel, advirtió que si se deja en manos del Poder Ejecutivo la planeación de la política de telecomunicaciones y radiodifusión, lo único que veremos “es que el IFETEL será un “ejecutor” de sus instrucciones y “de autonomía no va a tener mucho”, por ello se debe eliminar la intervención de las secretarías de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes.
En este sentido, dijo que el IFETEL no debe informar al Ejecutivo federal cuando decida revocar una concesión como lo establece la reforma, pues si el Instituto se encargará de la regulación y las concesiones “veo innecesario” que se dé aviso al Presidente, y de no corregirse esa disposición sería “un trabuco a la autonomía del organismo”.
Para la presidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, Mónica Ramírez López, lo avanzado hasta ahora en materia de must carry y must offer permitirá que medios públicos estén dentro de la programación de los sistemas de cable, pero “no podemos quedarnos en la discusión de los fierros, no vamos a hablar solamente de las cuestiones tecnológicas cuando hay asuntos humanos importantísimos que estamos descuidando”.
Hizo notar que aún no se especifica en la reforma qué va a pasar con los medios públicos, y por ello pidió hacer realidad lo estipulado en los artículos transitorios de la Ley de Telecomunicaciones que consideran que deben contar con autonomía de gestión financiera, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a tecnologías y expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales.
Clara Luz Álvarez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró que un punto fundamental que no debería pasar por alto el Senado es el relativo a la regulación de contenidos en el artículo 6 de la Constitución, porque la redacción sugerida “implica una regulación típica de un Estado autoritario” y representa “una bomba de tiempo”.
 
Dijo que otro tema grave es la prohibición total --lisa y llana-- de otorgar la suspensión en materia de amparo, ya que esta figura es un medio de defensa y es responsabilidad del Poder Judicial asegurar que no sea utilizada con abuso.
En tanto, el periodista Jenaro Villamil propuso incorporar a la reforma que el Estado garantice el derecho a las audiencias, el concepto de entretenimiento a la publicidad integrada e incluir la publicidad, así como la producción y distribución de contenidos a los criterios para definir a un agente económico determinante.
 
Acotó que “no basta fragmentar y eliminar los monopolios económicos para desaparecer los monopolios de la opinión pública y el gran riesgo es que tengamos muchas plataformas de comunicación, más cadenas de televisión, pero una mayor uniformidad y peor calidad en los contenidos”.
 
Alertó que puede abrirse un “enorme mercado negro” de propaganda encubierta en los contenidos de esparcimiento, como deportes, espectáculos, telenovelas y barras matutinas si sólo se prohíbe en los noticiarios.
En la ronda de preguntas, el senador priista Omar Fayad Meneses se pronunció por construir un órgano de Estado autónomo y no de gobierno para que se encargue de los asuntos relativos a las telecomunicaciones y solicitó a los ponentes “los argumentos de peso” para que el IFETEL no tenga estas características.
También del PRI, la senadora Marcela Guerra Castillo se dijo preocupada porque en la reforma no se atienden “los chantajes y malas prácticas” que realizan medios de comunicación en contra de candidatos o gobiernos locales, las cuales en muchas ocasiones caen “en situaciones gangsteriles” sobre todo en campañas políticas, lo que es un “delito” y “corrupción pura”.
Su compañera de bancada, la senadora Graciela Ortiz González estimó que los foros ayudarán a fortalecer la visión que tienen los legisladores respecto de esta enmienda constitucional.  
Para el senador Javier Corral Jurado, del PAN,  el tema central de la reforma es la recuperación de la rectoría del Estado de un sector que ha estado en manos de las empresas y antes de analizar si es necesario un órgano constitucional autónomo se requiere definir quién entregará las concesiones de radio, televisión y telecomunicaciones.
En tanto, el también senador panista Javier Lozano Alarcón advirtió que, desde el punto de vista de técnica legislativa, la minuta presenta algunos problemas o cuestionamientos que le corresponde al Senado corregir como cámara revisora, y para ello, hay disposición de las comisiones para “sacar esto en tiempo y forma”.
A nombre del PRD, el senador Luis Sánchez Jiménez señaló que con la enmienda se le otorgará a la Secretaría de Hacienda la facultad de establecer contraprestaciones a quien obtenga una concesión “y eso es muy peligroso” porque le servirá para negociar al margen de lo que pretende la reforma.   
Además, mencionó que el proyecto “está cojo” porque sólo atiende la relación entre el gobierno y las empresas de radio difusión, pero no se incluyen los derechos de las audiencias.
Por el PVEM, el senador Juan Gerardo Flores Ramírez, coincidió en que los servicios de telecomunicaciones “no son gratuitos” y preguntó sobre las implicaciones de incluir el acceso libre a Internet a la reforma.
Por el PT, el senador Marco Antonio Blásquez Salinas señaló que la telecomunicación es un negocio y “no una casa de asistencia cupular”, y por tanto, en lugar de dedicar una cuarta o quinta cadena televisiva a un empresario poderoso se debe dividir el país en regiones para asignar concesiones a empresarios “probados en su honestidad y capacidad” para que compitan en lo social y en lo económico.
En sus respuestas, el periodista Jenaro Villamil estimó necesario que de la reforma constitucional se derive una ley secundaría de equidad publicitaria, pues es una tarea pendiente para establecer las “reglas del juego” y evitar que los recursos públicos sean utilizados como un elemento de presión permanente entre políticos y concesionarios o periodistas.
Se debe prohibir absolutamente la publicidad integrada o engañosa en toda la programación porque ese es justamente uno de los elementos fundamentales de la capacidad de presión de los concesionarios con los políticos; “a ver si no arde Troya”, agregó.
En su opinión, el tema de la autonomía del IFETEL es “el nudo gordiano” de la reforma porque implica una reconfiguración de un sector que se especializa en “capturar” a reguladores, mentes, políticos y elecciones, por lo que la definición de su independencia tiene que ser plena sin que ello lo convierta en un órgano arbitrario.
A su vez, Clara Luz Álvarez mencionó que la competencia en telecomunicaciones que se piensa generar con esta reforma no asegura que haya pluralidad y diversidad en los medios de comunicación.
Por su parte, Mónica Ramírez López comentó que las televisoras regionales son una “gran opción”, debido a que los medios que se dicen nacionales son sólo un reflejo del Distrito Federal y difícilmente se ocupan de lo que pasa en los estados.  
En opinión de Judith Mariscal lo que se requiere es que el órgano regulador cuente con autonomía administrativa, ya que “lo que hemos sufrido” en el sector es la falta de atribuciones en el actual organismo, la doble ventanilla y la carencia de sanciones e incertidumbre en la inversión.
Irene Levy reconoció que el Poder Ejecutivo “ha manoseado” el otorgamiento de concesiones para “favores políticos” y se plantea una organismo que tenga esas presiones, “pero si sus atribuciones no son suficiente el traje no le va a servir para nada”, por lo que hizo un llamado a la congruencia para otorgarle autonomía plena.
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