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La Cámara de Senadores aprobó en lo general con 100 votos a favor, ocho en contra y tres abstenciones, el dictamen por el que se faculta a este órgano legislativo para aprobar o, en su caso, objetar las estrategias de ajuste de finanzas públicas de los estados que registren niveles elevados de deuda.
El Senado también conocerá los convenios en aquellos casos donde hayan sido celebrados por los estados que no tengan niveles elevados de deuda, pero que buscando reducir el costo financiero de su deuda, decidieron acceder a este mecanismo financiero.
Además, crea un registro público único de empréstitos y obligaciones, que fortalecerá la transparencia y rendición de cuentas sobre el uso del endeudamiento y brindará certeza a las operaciones financieras que realicen dichos órdenes de gobierno.
En ese sentido, los legisladores acordaron que a través de la reforma se instituya el Sistema de Alertas, que será “un instrumento clave para el seguimiento sobre el uso del endeudamiento público”.
Además, se prohíbe expresamente que los recursos de los empréstitos se destinen a cubrir gasto corriente y se considere como deuda a las operaciones realizadas por organismos descentralizados y empresas públicas, mediante fideicomisos.
El dictamen que reforma diversos artículos de la Constitución, también faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria y de coordinación fiscal, que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas, con base en los principios de equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera.
Se permite a los gobiernos estatales otorgar garantías a los municipios, con el objetivo de facilitar el acceso al crédito, bajo condiciones financieras más favorables y se mantiene la obligación de reportar el uso del endeudamiento público en la Cuenta Pública correspondiente.
También se prevé la posibilidad de que estados y municipios contraten financiamientos de corto plazo, a efecto de cubrir sus necesidades de flujo, el cual estará sujeto a los límites y condiciones que se establezcan en la legislación federal y “siempre que se liquiden totalmente a más tardar tres meses antes del término del período de gobierno correspondiente”.
Asimismo, se destaca que conforme a las reformas recientemente aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, falsear o desvirtuar información financiera con el objeto de engañar u ocultar la real situación financiera constituye una falta administrativa grave y también es motivo de sanciones penales.
El senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, apuntó que se facultó al Congreso para que a través de una Ley General se homologue a todas las entidades federativas en el tema de la deuda en municipios.
Recalcó que el problema fundamental de la deuda de los estados es que no se conocía su totalidad, por lo que se concluyó que se tienen que privilegiar los controles políticos de entidades.
Con ello, dijo, se trasparentará el 100 por ciento del registro de la deuda, equilibrando los sistemas de rendición de cuentas. También, apuntó, se deben regular las tasas de los mercados, ya que muchas entidades pagaban cantidades exorbitantes, por lo que se tienen que generar convenios con el Gobierno Federal, convertir la deuda estatal en una deuda federal con su aval, lo que en automático regula el mercado.
A su vez, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, senador Alejandro Encinas Rodríguez, subrayó que se incorporaron principios constitucionales fundamentales en materia de estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, que van a permitir condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo, garantizando un ejercicio más eficiente y transparente de los recursos públicos.
Además, recalcó que por primera vez se faculta al Congreso para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas de la Federación, estados, municipios y Distrito Federal y por el que el Senado asumirá responsabilidades en la fiscalización y seguimiento de los recursos públicos, particularmente los garantizados por el Gobierno Federal.
Para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del PRI, el senador David Penchyna Grub hizo notar que con esta reforma se avanzó en la búsqueda de una solución en el endeudamiento estatal “sin rebasar una línea muy delgada, que es la tentación de violar la soberanía que en la materia tienen los estados y municipios”.
Reconoció que hubo el “entendimiento y la generosidad” para no dar un paso atrás en el federalismo, lo que ayudó a generar una legislación que no consentirá “los abusos del endeudamiento” sin trastocar la soberanía de esos órdenes de gobierno.
Por Acción Nacional, el senador Carlos Mendoza Davis destacó que los acuerdos alcanzados para aprobar esta enmienda permiten cerrar “el círculo perverso de una Federación eficiente y estados deficientes”, ya que las reglas serán más claras para todos y por ende más competentes.
Dijo que el proyecto aprovecha el equilibrio de poderes que genera una “democracia madura” y permite tener objetivos nacionales más claros, homologar prácticas y alcanzar mejores resultados en las finanzas públicas, lo que significa que el porvenir no estará hipotecado de manera irresponsable.
A su vez, el senador perredista Armando Ríos Piter señaló que existe “un problema virreinal” en los estados, donde los congresos locales votan los montos de endeudamiento “a modo de la voluntad del gobernante en turno”.
En este sentido, confió en que la reforma ayude a corregir a ese “conjunto virreinal”, pues establece que ahora la deuda estatal deberá ser aprobada por las dos terceras partes de los miembros de las legislaturas locales.
Por el Partido Verde Ecologista, el senador Luis Armando Melgar Bravo subrayó que la reforma es de gran trascendencia en materia de finanzas públicas y responsabilidad hacendaria, ya que establece un nuevo esquema de control y de responsabilidad en materia de la deuda pública local.
Resaltó, además, que se faculta a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar al Gobierno Federal, a fin de verificar que el otorgamiento de las garantías con cargo al crédito de la nación sean las adecuadas y se fiscalicen de manera correcta.
Por otra parte, el senador Manuel Bartlett Díaz anunció que su grupo parlamentario votaría en abstención el dictamen porque la reforma atenta contra la soberanía de los estados de la Federación.
El problema de endeudamiento en los gobiernos de los estados es la falta de un federalismo fiscal, aseguró. La Federación se ha reservado en un centralismo financiero las principales fuentes de ingreso de la Nación. “Mientras no haya auténtico federalismo fiscal, no hay Federalismo y no se remedia el problema”, añadió.
En la discusión en lo general, el senador perredista Mario Delgado Carrillo anunció su voto en contra del dictamen, debido a que en la redacción que se propone en el artículo 73 de la Constitución se “abre generosamente” la definición de deuda “en la que puede caber todo” algo que es “muy peligroso”.
Con lo que se plantea --alertó-- existe la posibilidad de regularizar toda la deuda escondida y abre la puerta al mayor rescate financiero de toda la historia de nuestro país porque el endeudamiento total es de 30 puntos del PIB, “pero tenemos muchos pasivos ocultos que en el sistema de pensiones puede llegar a 100 puntos”.
Al hablar a favor del proyecto, la senadora perredista Dolores Padierna Luna aceptó que éste “no es todo lo que hubiéramos deseado”, pero “es peor ver la realidad y no hacer absolutamente nada”.
El senador petista Marco Antonio Blásquez Salinas pidió que se excluya a los bienes de dominio de la nación de las garantías que se otorgarán sobre los empréstitos, ya que de quedar así “el decreto legitimaría la garantía que algún ex presidente dio sobre la renta petrolera a los Estados Unidos y se comprometería a futuro los hidrocarburos y los recursos naturales” del país.
También en pro del dictamen, el senador perredista Benjamín Robles Montoya resaltó que el exponencial crecimiento de la deuda subnacional es un problema sistémico que atenta contra la estabilidad del pacto federal y destacó que el objetivo es alcanzar un marco normativo que establezca las bases generales para que los estados, Distrito Federal y municipios puedan incurrir en el endeudamiento.
En contraste, el senador panista Jorge Luis Preciado Rodríguez subrayó que en el dictamen, desde su punto de vista, no fueron consideradas las propuestas que realizó Acción Nacional y apuntó que la reforma permitirá que los estados adquieran deuda para pagar deuda según como estén las tasas en ese momento, “esos razonamientos y los excesos que se han cometido que no pueden ser sancionados, me lleva a votar en contra”.
En la discusión en lo particular fue aprobada una propuesta de modificación de los senadores Raúl Cervantes Andrade y Alejandro Encinas Rodríguez, al Artículo 5º transitorio, a fin de sustituir la palabra financiamiento por obligaciones, para quedar como sigue:
La ley reglamentaria establecerá la transitoriedad conforme a la cual entrarán en vigor las restricciones establecidas en relación a la contratación de obligaciones de corto plazo, a que se refiere el artículo 117, fracción VIII, último párrafo de este Decreto.
Además, fue aprobada una propuesta de adición al Artículo 7º Transitorio, realizada por los senadores Cervantes y Encinas, para quedar de la siguiente manera: “En tanto se implemente el referido registro se pondrá a disposición de las comisiones legislativas competentes del Congreso de la Unión un reporte de las obligaciones y empréstitos a que se refiere el Artículo 9 de la ley y de coordinación fiscal con la que actualmente cuenta el registro, a más tardar en un plazo de 30 días naturales así como aquella información adicional que las comisiones legislativas competentes soliciten a las autoridades relacionadas con la misma.
Igualmente se deberá informar cada cierre trimestral, marzo, junio, septiembre y diciembre, los empréstitos y obligaciones registrados en cada periodo, especificando en su caso si fue utilizado para refinanciar o reestructurar créditos existentes.
Lo anterior con el objeto de que en tanto entre en vigor la ley reglamentaria y se implementa el registro, el Congreso de la Unión pueda dar puntual seguimiento al endeudamiento de los estados y municipios.
Los servidores públicos y demás personal del Congreso de la Unión que tengan acceso a la información referente al presente Artículo transitorio serán responsables del manejo de la misma y responderán por los daños y perjuicios que en su caso ocasionen por su divulgación”.
Cabe mencionar que también fueron reservados -pero no sufrieron ningún cambio- los artículos 73, 76 fracción XI, 79 fracción I, y 2º Transitorio, por los senadores Mario Delgado Carrillo, Laura Angélica Rojas Hernández y Fidel Demédicis Hidalgo, respectivamente.
El dictamen fue remitido a la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación.
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