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El pleno senatorial dio este jueves primera lectura al dictamen que faculta al Senado de la República a aprobar o, en su caso, objetar las estrategias de ajuste de finanzas públicas de los estados que registren niveles elevados de deuda.
Previamente, el documento fue aprobado por mayoría en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos Segunda y de Hacienda y Crédito Público.
Durante su discusión en comisiones, el senador priista Raúl Cervantes Andrade aseguró que el dictamen atiende puntualmente las opiniones de gobernadores, presidentes municipales, calificadoras, bancos, de la Secretaría de Hacienda, de diversos niveles de gobierno y del Senado de la República.
Por su parte, el senador panista José María Martínez Martínez anunció su voto en abstención del dictamen y explicó: “Me parece que no está resolviendo en fondo absolutamente nada de lo importante” y calificó el dictamen como un cambio cosmético a la ley suprema con respecto a la deuda, “toda vez que no se contemplan ni mecanismos de control; ni principios de transparencia, de rendición de cuentas y, sobre todo, dijo, porque “no estamos topando los abusos irracionales de parte de los estados”.
Sin embargo, reconoció avances con “la creación de un registro único de deuda en cuanto al establecimiento ya, de manera concreta, de la atribución del Congreso de la Unión para legislar en esta materia y también en caso de los estados, darle esta atribución”, pero reiteró que lo importante no fue tocado, ni se está aprobando en este dictamen.
En uso de la palabra, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció que el trabajo realizado cubrió “de manera muy puntual los compromisos que asumimos para este dictamen que incluye seis iniciativas de diferentes fracciones políticas”.
Indicó que si bien existen aspectos que habrán de perfeccionarse en leyes secundarias, particularmente en cuanto al aval federal para el endeudamiento estatal, en los hechos el avance se sustenta en “un debate central en este tema que tiene que ver fundamentalmente con las facultades y atribuciones que puede asumir el Congreso de la Unión”.
Por su parte, las diputadas priístas Claudia Pavlovich Arellano y Diva Hadamira Gastélum Bajo, destacaron que se ha logrado colocar un “gran candado” para garantizar la transparencia en el endeudamiento de gobiernos estatales y municipales.
Gastélum Bajo rechazó que se pretenda acusar que sólo se “maquilló” la ley, pues no se hicieron cambios “por encima” sino que se fue al fondo en la legislación, con lo cual será posible eliminar la politización de un asunto tan delicado como el sobreendeudamiento de estados y municipios.
Lo más importante, destacó, es que “dejemos de repartirnos culpas, donde todos somos responsables, el mayor avance es que ha dejado de endosarse a la Hacienda Pública y de embargarse recursos que no le corresponden al mandatario en turno”.
Por su parte, el senador Pablo Escudero Morales, del PVEM, coincidió en que falta mucho por hacer para atender la deuda de los gobiernos locales, por lo que habrá de resolverse en leyes secundarias pero, subrayó, hay un “buen paso” constitucional en este tema que ocupa y preocupa al Congreso.
En el proyecto, que modifica diversos artículos de la Constitución en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, se establece que los senadores, a través de la Comisión de Hacienda, podrán analizar los convenios que esos órdenes de gobierno pretendan celebrar con el Gobierno Federal para tener acceso al mecanismo de deuda estatal garantizada.
Se explica que después de analizar dichas estrategias, el Senado podrá objetarlas si considera que no son viables, además prevé que los municipios con niveles elevados de deuda que suscriban este tipo de convenios deberán informar al respecto a este órgano legislativo.
Asimismo, la Cámara de Senadores conocerá los acuerdos suscritos por estados que no tengan un endeudamiento elevado, pero que buscan acceder a este mecanismo para reducir el costo financiero de su deuda.
Al respecto, los legisladores dejaron en claro que esta intervención no vulnera el pacto federal, pues “la sanción del Senado es excepcional y su participación es resultado de la voluntad manifiesta de las entidades federativas, además de que el Gobierno Federal otorga su garantía”.
Precisaron, que al otorgar la garantía federal automáticamente los recursos que los estados y municipios lleguen a obtener por este mecanismo, “se vuelven asunto de la Federación.”
En el texto del dictamen se destaca que se desechó la idea de que el Senado condicione o autorice la contratación de financiamiento de estados y municipios, ya que ello vulnera el diseño federal y politizaría esta situación.
Se le otorga al Estado la responsabilidad de “cuidar” que la hacienda pública procure el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera y, para ello, tomará en cuenta los ciclos económicos nacionales e internacionales e incluirá su planeación en el Plan Nacional de Desarrollo.
Por otro lado, acordaron facultar al Congreso de la Unión para que pueda expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria y de coordinación fiscal, las cuales deberán contemplar el manejo sostenible de las finanzas públicas.
De igual forma, convinieron que las legislaturas locales tengan la obligación de expedir sus propias leyes en la materia y aprobar los montos de endeudamiento por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.
También se prohíbe expresamente que los recursos de los empréstitos se destinen a cubrir gasto corriente y se considere como deuda a las operaciones realizadas por organismos descentralizados y empresas públicas, mediante fideicomisos.
Se faculta a los gobiernos estatales para otorgar garantías a los municipios, con el objetivo de facilitar el acceso al crédito bajo condiciones financieras más favorables y se mantiene la obligación de reportar el uso del endeudamiento público en la Cuenta Pública correspondiente.
Otra de las medidas que se incluyen en la reforma es la creación de un registro público único de empréstitos y obligaciones, que permitirá fortalecer la transparencia y rendición de cuentas sobre el uso del endeudamiento, además brindará certeza a las operaciones financieras que realicen dichos órdenes de gobierno.
Asimismo, se instituye el Sistema de Alertas, que será “un instrumento clave para el seguimiento sobre el uso del endeudamiento público”.
La enmienda también prevé la posibilidad de estados y municipios puedan contratar financiamientos de corto plazo, a efecto de cubrir sus necesidades de flujo, el cual estará sujeto a los límites y condiciones que se establezcan en la legislación federal y “siempre que se liquiden totalmente a más tardar tres meses antes del término del período de gobierno correspondiente”.
De igual manera, los senadores consideraron viable que se apliquen las sanciones penales correspondientes a quien falsee o desvirtúe información para “engañar u ocultar la real situación financiera”.
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