Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

BOLETÍN-1109 Modificar régimen fiscal y sistema de pensiones, el reto: Suárez Coppel.

BOLETÍN-1109 Modificar régimen fiscal y sistema de pensiones, el reto: Suárez Coppel.

El director de PEMEX aseguró que el reto para hacer rentable a la empresa implica modificar su régimen fiscal y sistema de pensiones.

El director general de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, aseguró que el reto para hacer rentable a Pemex y tener una empresa sana “va más allá” de su propia operación e implica modificar su régimen fiscal y sistema de pensiones.

En reunión de trabajo con la Comisión de Energía, que preside el senador Francisco Labastida Ochoa, el funcionario recordó que tan sólo en 2010 la paraestatal, en su totalidad, perdió 47 mil millones de pesos y Pemex Refinación registró una merma de 87 mil millones de pesos.

Para darle la vuelta a esta situación financiera, agregó, “consideramos importante tener un diagnóstico claro” y separar las acciones que puede realizar la administración y las que “van allá de lo que podemos hacer en Pemex”.

En el caso de Pemex Exploración y Producción (PEP), destacó, las utilidades del año pasado ascendieron a 33 mil 30 millones de pesos; sin embargo, en el régimen fiscal actual, se incluye una participación de impuestos en la utilidad total de la empresa por encima del 70 por ciento.

El régimen fiscal de 2005 no es blando comparado con empresas como Petrobras que tienen una carga fiscal, con respecto a las utilidades, del 50 por ciento.

“Y tenemos un problema adicional con los costos límites de deducción (cost cap) que podemos aplicar a ese régimen fiscal, ya que este año provocaron que no pudiéramos hacer las deducciones que nos hubieran ahorrado 35 mil 600 millones de pesos en las actividades de exploración y producción”, señaló.

Enfatizó que antes del 2006 “hubiéramos podido deducir y no pagar 28 mil 300 millones de pesos”; es decir, con el régimen fiscal actual el cost cap tiene un efecto adicional de 60 mil millones de pesos, sin cambiar tasas.

Además --expuso-- PEP paga un tercio de su gasto corriente, equivalente a 17 mil millones de pesos, a sus jubilados “porque no tenemos un activo que fondee nuestras obligaciones laborales”.

El cargo contable contra resultados por los activos que se van a jubilar por no tener una previsión por esos costos en el futuro es de 31 mil 375 mil millones de pesos, asentó el director general de Petróleos Mexicanos.

“Si quisiéramos hacer un comparativo de eficiencias y resultados entre alguna otra petrolera y Pemex, lo primero que tenemos que hacer es quitar estos efectos, pues sin ellos la utilidad de PEP el año pasado hubiera sido de 145 mil millones de pesos”, afirmó.

Además, manifestó que el gran reto de Chicontepec es la pérdida de energía del yacimiento “de manera muy rápida”, pues hay pozos que empezaron a producir de 150 mil a 200 mil barriles y luego “tenemos una declinación hasta del 50 por ciento de su producción base en el primer año”.

Sin embargo, añadió, de 2008 a la fecha hemos invertido 65 mil millones de pesos, lo que se permitió incorporar 334 millones de barriles de reservas probadas desarrolladas y certificadas.

Chicontepec “es un proyecto, hoy, con la tecnología que tenemos y produciendo 50 mil barriles al día, muy rentable” y estratégico para el país, que nos va permitir una base de producción hacia el futuro que se podrá ajustar, afirmó.

Dijo que en este año habrá estabilidad en las reservas petroleras probadas, posibles y probables (3P) y para el año que entra “esperáramos incrementarlas”, como producto de las inversiones que actualmente suman 2 mil 500 millones de dólares.

En los últimos tres años, aseveró Suárez Coppel, “hemos tenido recuperación del más 100 por ciento de reservas petroleras 3P como producto de la exploración”.

En la ronda de intervenciones, el senador priista Francisco Labastida resaltó que en 2007 la empresa perdió 18 mil millones de pesos, 112 mil millones en 2008, 94 mil millones en 2009 y en 2010 registró un quebranto de 47 mil millones de pesos “y eso provocó que el patrimonio de PEMEX desapareciera”.

Contra 50 mil millones de pesos que tenía, señaló, hoy tiene un capital negativo de 114 mil millones de pesos y eso se da en un contexto donde los precios del petróleo “son extraordinariamente altos, lo que resulta absolutamente incongruente”.

El futuro de Petróleos Mexicanos, advirtió el legislador, depende de proyectos como Chicontepec, exploración de posos maduros y la exploración en aguas someras, “que nos va a costar muchísimo trabajo desarrollar a la empresa”.

“No hay riesgo en el mediano plazo, quizás hasta el 2015 o 2016, pero el momento que empiece a declinar nuestro segundo yacimiento “súper gigante” no se ve que haya con qué sustituirlo”, acotó.

Por Acción Nacional, el senador Fernando Elizondo Barragán precisó que la adicción a los ingresos del petróleo, en términos financieros, no ha permitido tener un sistema fiscal sano que recaude lo que otros países.

Agregó que la decisión más difícil para Pemex y el gobierno es la inversión de recursos limitados, por lo que cuestionó si realmente era una prioridad rentable el proyecto de Chicontepec.

En tanto, el senador perredista José Guadarrama Márquez dijo que hay una “falta terrible” de la institución y del gobierno federal en la construcción de la refinería en Hidalgo, por lo que inquirió al funcionario sobre la situación que guarda el proyecto en Tula.

Expresó que en México existe la necesidad de no sólo una refinería sino de dos o tres, ya que el ritmo de inversiones “resultó a todas luces insuficiente” y se ha traducido en importaciones crecientes de combustibles y en una oferta excedente de éstos.

En el tema de fertilizantes, el senador priista Rogelio Rueda Sánchez comentó que hacen falta mil millones de pesos para poner en marcha una planta.

Por lo tanto, preguntó cuál sería su respuesta a los productores del campo a 30 meses de haberse aprobado la reforma energética. ¿Que Pemex busca mil millones de pesos para que se eche a andar esa planta para ver cuándo se logra que haya disponibilidad de fertilizantes?

Es desmoralizante e impresentable, pues la parte legislativa está hecha, subrayó.

En sus respuestas, el funcionario federal destacó que dentro del estimado que se tiene acerca del desarrollo a futuro es que Chicontepec es un negocio estratégico, rentable, que bajará costos y permitirá probar diferentes tecnologías.

Señaló que al finalizar este año se producirán alrededor de 70 mil barriles; el sexenio con 90 mil, y que en la proyección se contempla que al concluir el sexenio que viene se estará cerca de los 200 mil barriles.

De no hacerse esas inversiones –advirtió--“no se logrará la producción propuesta”.

Agregó que no se puede dejar de invertir los veintitantos millones de dólares porque es rentable, se producen 1.4 billones de barriles de crudo al año, y el reto es cómo hacer crecer la inversión y llegar a niveles que se requieren como empresa y como país.

Suárez Coppel explicó que el proyecto de Tula, Hidalgo, se encuentra en la fase dónde se está preparando el terreno para la construcción de las plantas el próximo año.

Expuso que con este trabajo previo de ingeniera y planeación se podría terminar la nueva refinería en tres años y medio o cuatro.

“Estamos haciendo todo lo posible para hacerlo lo más rápido posible, pero no antes que eso”, apuntó.

En el tema de fertilizantes, Suárez Coppel señaló que desarrollarlos hoy en día es rentable para Pemex y “es más que rentable para el país; lo que intentamos es ir más allá, ser agresivos”.

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BOLETÍN-1108 Plantean senadores del PRD que menores de 15 años no realicen trabajo alguno.

BOLETÍN-1108 Plantean senadores del PRD que menores de 15 años no realicen trabajo alguno.

A fin de que toda persona tenga derecho al trabajo digno y socialmente útil y para el efecto se promuevan empleos y la organización social de trabajo, senadores del PRD plantearon reformas al apartado A, del Artículo 123 de la Constitución.

Uno de los objetivo de la propuesta es armonizar la legislación mexicana con las normas internacionales, de tal manera que México suscriba el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de edad mínima para laborar.

De aprobarse la iniciativa se fijaría la edad de 16 a 18 años como mínimo para realizar cualquier tipo de trabajo.

En la tribuna de la Comisión Permanente, el senador José Guadarrama Márquez precisó que los menores de 15 años no podrán realizar trabajo alguno y los mayores de 15 y menores de 18 años tendrán una jornada laboral máxima de 6 horas.

Citó que según cifras de la UNICEF hasta 150 millones de niños con edades comprendidas entre los 5 y los 14 años trabajan bajo unas condiciones muy lamentables, y el reto es acabar con las formas más severas de exportación infantil para el año 2016.

A nombre de los senadores perredistas Rubén Velázquez López, José Luis García Zalvidea y Rosalinda López Hernández, el legislador por Hidalgo expuso que México es uno de los países con más problemas de explotación laboral infantil y, en escala del uno al 10, se encuentra en el séptimo lugar.

En su opinión esta situación resulta preocupante, ya que en nuestro país se calcula que hay más de 3 mil 500 millones de niñas y niños que laboran para poder ayudar a sus familia, y en muchos casos, para sostenerse a sí mismos.

Destacó que, ante la ineficiencia en la supervisión de las autoridades laborales, se pasa por alto las restricciones constitucionales sobre la prohibición de que los menores de 16 años presten sus servicios en lugares insalubres, peligrosos, trabajos nocturnos o en donde se expiden bebidas alcohólicas.

Un ejemplo sobre ello --dijo Guadarrama Márquez-- es lo ocurrido en la mina de Sabinas, Coahuila, donde el niño Jesús Fernando Lara Ruiz, de quince años sufrió quemaduras graves y la pérdida de un brazo. Lara Ruiz, por supuesto, no estaba dado de alta en el Seguro Social.

La iniciativa en cuestión se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

BOLETÍN-1107 Plantea PT comparecencia de Cordero Arroyo.

BOLETÍN-1107 Plantea PT comparecencia de Cordero Arroyo.

La diputada petista Laura Itzel Castillo planteó llamar a comparecer al secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, para que dé cuenta de asuntos como el de los costos de producción y precios de las gasolinas en México y el resto de los países productores de petróleo en el mundo.

Asimismo, para que detalle los costos de importación de las gasolinas e impacto en las finanzas de Pemex Refinación y de Pemex consolidado, la estructura del supuesto subsidio a las gasolinas, y beneficiarios de la política de exportación de crudo y de la política de refinación.

De igual forma, propuso que el funcionario explique los rendimientos para los países a quienes compramos gasolinas y diesel.

El titular de Hacienda deberá enviar un análisis entre los desperdicios energéticos, quema de gas, margen de reserva en energía eléctrica, importación de gas y gasolinas y subutilización de combustóleo y catalizadores, contra el consumo de combustibles al costo de producción.

La legisladora señaló que Ernesto Cordero afirmó que es insostenible seguir con el ritmo de los subsidios a gasolinas pues sólo este año se alcanzaría la cifra de 170 mil millones de pesos y el año que entra el monto alcanzaría los 230 mil mdp lo que representa costos muy importantes para la dependencia.

Desde la tribuna de la Comisión Permanente, denunció que se ha continuado con la política de abandono de la industria petrolera, lo que se refleja en la falta de inversión en refinerías.

Si bien en 2008 se anunció con bombo y platillo la construcción de una refinería en Tula, Hidalgo, que estaría terminada en 2012, actualmente ni siquiera ha comenzado la construcción, y ya se habla de que estará terminada hasta 2015, puntualizó.

Consideró que el subsidio a la gasolina es más bien una “ficción neoliberal”. En su comparecencia de octubre del año pasado, el director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel afirmó que la gasolina costaba entre 6 y 7 pesos y ya se vendía en más de 8 pesos por litro, considerando los precios internacionales del petróleo.

La proposición se canalizó a la Tercera Comisión de la Permanente.

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BOLETÍN-1106 Presenta PT reforma constitucional para reinserción social.

BOLETÍN-1106 Presenta PT reforma constitucional para reinserción social.

Con el propósito de garantizar una efectiva reinserción social de quienes delinquen y que los principios plasmados en el Artículo 18 Constitucional sean veraces y se apliquen en la realidad, el senador Ricardo Monreal Ávila, del PT, propuso modificar dicho apartado de la Carta Magna.

Actualmente –aseguró-- no hay reinserción social, no existe la readaptación social, pues los principios establecidos en dicho artículo, acerca del sistema penitenciario son letra muerta.

Agregó que “no se cumple con los postulados del 18 Constitucional ni menos con los instrumentos internacionales que México ha sido parte y que ha firmado junto con otros países del mundo”.

En la tribuna de la Comisión Permanente, Monreal Ávila declaró que la reinserción social es una obligación del Estado y derecho del reo o sentenciado.

Además, se dijo motivado por la enorme carencia de recursos de todo tipo que orienten la readaptación social, la resocialización o la reinserción de aquellos que se condujeron o a los que se les demostró conductas antijurídicas o cometido delitos graves contra la sociedad o delitos del fuero común.

Dejó claro que es un problema muy grave, ya que de los 420 centros penitenciarios que existen en el país, en ninguno existe la posibilidad de readaptación social; al contrario, quienes caen en estos centros de rehabilitación o centros penitenciarios terminan profesionalizándose en el crimen.

Expuso que al interior de los Centros de Readaptación Social, quienes los controlan, normalmente son los miembros de la delincuencia organizada.

Los directores de estos centros son meros adornos, no hay ningún control institucional, razón por la que al salir, los reos salen como profesionales para delinquir, puntualizó.

No se les olvide, manifestó que el objetivo del Sistema Penitenciario de conformidad con la Carta Magna es la reinserción social, por lo que propongo una reorientación en los métodos utilizados para lograr dicho fin.

La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

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BOLETÍN-1105 Propone PRI modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal.

BOLETÍN-1105 Propone PRI modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Arturo Zamora Jiménez, del PRI, propuso modificar la Ley de Coordinación Fiscal, con el propósito de detener la entrada en vigor de las disposiciones transitorias de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Lo anterior, hasta que las entidades federativas y el Distrito Federal cuenten con las facultades que hoy tiene la Federación para establecer los mecanismos legales y tributarios necesarios para mantener los ingresos correspondientes, argumentó.

Al detallar su propuesta, el diputado indicó que con el propósito de fortalecer las haciendas estatales, el Congreso estableció en 2008 la aplicación de cuotas adicionales al IEPS a la venta final al público en general en territorio nacional de gasolinas y diesel con el objeto de apoyar a las entidades federativas.

Se estableció en las leyes de Coordinación Fiscal y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que los ingresos generados por la recaudación derivada de la aplicación de las cuotas adicionales a la venta de gasolinas y diesel, se dividirían en dos partes.

Del total recaudado por los ingresos, nueve-onceavos (9/11), corresponderían a las entidades federativas en función del consumo efectuado en su territorio y el restante dos-onceavos (2/11) se destinó al fondo de compensación que se distribuye entre las 10 entidades federativas con los menores niveles de Producto Interno Bruto per cápita nominero y petrolero, agregó.

Por otra parte, en las disposiciones transitorias de las leyes de Coordinación Fiscal y del IEPS, se estableció que a partir del 1 de enero de 2012, las cuotas previstas se disminuirían en proporción de 9/11 para quedar en 2/11 de las cuotas contenidas en dicho artículo.

Sin embargo, --mencionó-- según un estudio de la Dirección de Política Fiscal y prospectiva de INDETEC, con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la disminución de las cuotas adicionales al IEPS, sobre la venta final de gasolinas y diesel en 9/11 ocasionaría que para el ejercicio fiscal 2012 las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, dejaran de percibir ingresos por más de 20 mil millones y en 2013 por más de 21 mil millones.

Es decir, las haciendas públicas estatales se contraerían en una tercera parte de su capacidad sin contar con elementos legales financieros para sustituir dichos ingresos.

De acuerdo con la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Nuevo León, Puebla y el Distrito Federal, son las entidades que resultarían más perjudicadas en 2012 con la eliminación de estas cuotas adicionales al ser los más beneficiados con estos recursos.

Estados como Tlaxcala, Nayarit, Zacatecas, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Veracruz y Coahuila, también serían afectados, pues la proporción que representan estos ingresos respecto de sus ingresos propios se encuentra por arriba del promedio nacional al alcanzar porcentajes que van del 35 por ciento hasta 134 en el caso más grave.

La iniciativa que deroga reforma la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y la Ley de Coordinación Fiscal, fue turnada a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

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BOLETÍN-1104 Pide PRI comparecencia del Procurador Federal del Consumidor.

BOLETÍN-1104 Pide PRI comparecencia del Procurador Federal del Consumidor.

El diputado Heliodoro Díaz Escárraga propuso la comparecencia del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Bernardo Altamirano Rodríguez, para que informe sobre el proceso en contra de seis ex empleados de la Dirección General de Verificación de Combustibles de esa institución, acusados de extorsión calificada en perjuicio de un grupo de gasolineras.

Además, planteó que Altamirano Rodríguez explique las medidas adoptadas para evitar que se incurra en dichas prácticas por parte de los servidores públicos que verifican y supervisan la venta de combustibles.

El legislador priista dijo que hay funcionarios y familiares de funcionarios de alto nivel, involucrados en este asunto, por lo que se debe determinar una inmediata comparecencia del Altamirano Rodríguez.

Explicó que de acuerdo a un periódico de circulación nacional, Gladis López Blanco, ex subprocuradora de Verificación de la PROFECO estaba al frente del grupo de extorsionadores aún cuando dejó de laborar en esa institución desde el 2008.

Indicó que la Procuraduría General de la República tiene sujetos a proceso penal a seis verificadores de bombas despachadoras de gasolina y el pasado 7 de abril “el Procurador Federal del Consumidor, Antonio Morales de la Peña renunció intempestivamente para dedicarse a actividades políticas en el estado de Colima”.

Sin embargo, subrayó que no queda claro si la detención de los funcionarios se debió a la “valiente denuncia de las gasolineras que solicitaron el anonimato o sí, como dice la PGR, todo surgió de una denuncia individual de la estación de servicio 3383”.

El punto de acuerdo fue turnado a la Tercera Comisión de Trabajo de la Permanente.

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BOLETÍN-1103 Presenta PRD exhorto ante intolerancia por Juegos Panamericanos.

BOLETÍN-1103 Presenta PRD exhorto ante intolerancia por Juegos Panamericanos.

A la Primera Comisión de la Permanente fue turnado el punto de acuerdo presentado por la diputada perredista Claudia Edith Anaya Mota, relativo a la implementación de medidas en la realización de los XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.

El acuerdo exhorta a los titulares del gobierno de Jalisco, Emilio González Márquez y del Ayuntamiento de Guadalajara, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, a observar los instrumentos internacionales suscritos por el país, así como la legislación nacional y estatal en materia de derechos humanos en las medidas que se implementen en las jornadas de dicho evento.

La legisladora sustenta la petición en datos presentados por algunas personas que asistieron a una reunión realizada por el presidente municipal de Guadalajara con organizaciones de la sociedad civil, donde se expuso el “Plan de Reordenamiento Humano”.

Ello, con la finalidad de “…limpiar el Centro de la ciudad de indigentes, limpiaparabrisas y trabajadoras sexuales durante el desarrollo de los Juegos Panamericanos en octubre…”; así como un conjunto de apoyos para estos sectores sociales, según establece el contenido del acuerdo.

Además, subraya que el “Plan de Reordenamiento Humano” pretende: entre otras situaciones, “reprimir las manifestaciones de afecto entre personas del mismo sexo, así este tipo de poblaciones dan mal aspecto […] ellos quieren poner la ciudad bonita”.

Las declaraciones anteriores representan una forma de intolerancia contra sectores que viven discriminación, por parte del poder público más inmediato a las personas, como lo es el municipio, expuso.

Por otro lado, la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA), como ente deportivo internacional, dueño de los derechos de los juegos panamericanos, tienen como objetivo fortalecer los vínculos de unión y amistad de los países americanos por medio del deporte y los principios del movimiento olímpico; bajo el lema América, Espírito, Sport, Fraternité.

Las políticas que se pretenden implementar en el marco de los Juegos Panamericanos son contrarias a la fraternidad y opuestos con la esencia de los objetivos de la ODEPA de unión y amistad, aclaró.

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BOLETÍN-1102 Solicita PAN no intervención de gobernador de Veracruz en elecciones.

BOLETÍN-1102 Solicita PAN no intervención de gobernador de Veracruz en elecciones.

El senador panista Juan Bueno Torio presentó un acuerdo relativo a las elecciones extraordinarias a realizarse en los municipios de Coxquihui y José Azueta, el próximo 29 de mayo, que fue turnado a la Primera Comisión de la Permanente, para su dictaminación.

De esta manera, solicitó al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, instruya a su secretario de Seguridad Pública, Sergio López Esquer, para que asigne el personal necesario, con el propósito de vigilar el desarrollo de los comicios.

Además, pidió que a través del Procurador de Justicia, Reynaldo Escobar Pérez, se agilice la investigación ministerial relativa a la denuncia presentada por los hechos delictivos ocurridos el 4 de julio de 2010 en el municipio de Coxquihui, dónde se robaron los paquetes electorales de las casillas 1271 Básica y 1271 Contigua integrantes de una banda delictiva.

Bueno Torio señaló que el gobernador debe abstenerse de apoyar con recursos económicos y personal del gobierno del estado, en ambos municipios para las elecciones.

Al Instituto Electoral Veracruzano le requirió asumir responsablemente su función de resguardo y custodia de los paquetes electorales de las elecciones extraordinarias, a fin de evitar nuevamente la manipulación de los resultados electorales.

El senador por Veracruz explicó que en ambos municipios, las elecciones fueron anuladas como consecuencia de un ambiente de violencia generalizada que impidió que los ciudadanos votaran en las urnas.

En el caso de Coxquihui, a lo largo del proceso electoral se verificaron actos de violencia, pero -en particular- el día de las elecciones los integrantes de una banda de delincuentes, robaron las casillas 1271 Básica y 1271 Contigua; acto que hasta la fecha se mantiene impune.

A este hecho, de por sí reprobable –dijo-- tanto por ser un acto ilícito como por afectar el normal desarrollo democrático, hay que sumarle la afectación al erario público: el costo de las elecciones electorales se estima en más de 10 millones de pesos.

Agregó que en José Azueta es evidente el dispendio del erario público y participación activa y descarada de funcionarios públicos del gobierno y del Congreso del Estado, utilizando como método para la coacción del voto la intimidación.

Lo anterior, “rompe la equidad de la contienda a favor del candidato del partido en el gobierno del estado”, finalizó.


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BOLETÍN-1101 Pide la Permanente sancionar tala indebida en Cherán, Michoacán.

BOLETÍN-1101 Pide la Permanente sancionar tala indebida en Cherán, Michoacán.

La Comisión Permanente solicitó al Ejecutivo federal que a través de la Semarnat y la Profepa, se sancione la tala indebida del bosque del municipio de Cherán, en Michoacán.

Al mismo tiempo, le requirió que las fuerzas del orden articulen una estrategia que permita el retorno de la paz social y gobernabilidad, con estricto apego a los derechos humanos de la población y se investigue y sancionen las agresiones y crímenes ocurridos.

La situación en Cherán se originó al momento en que sus pobladores trataron de proteger sus bosques de la tala indiscriminada e ilegal que realizan talamontes presuntamente apoyados por la delincuencia organizada, describe el dictamen.

Los diputados y senadores, consideraron que a pesar del repentino arribo de fuerzas federales para restablecer el orden en dicha zona, “el despliegue no ha sido suficiente para devolver la paz y la seguridad a los pobladores de la región”.

A ello se agrega que el problema de la tala indiscriminada de los bosques de la región purépecha y las investigaciones de las agresiones y asesinatos que han sufrido los pobladores del municipio de Cherán, siguen sin estar resueltas.

Al avalar otro dictamen, la Permanente exhortó a la Secretaría de Gobernación para que a través de la Dirección General de Protección Civil, refuerce las medidas referentes a la prevención, auxilio, recuperación y apoyo de la población afectada por sismos.

Además, para que dicha instancia en coordinación con el Servicio Sismológico Nacional, implemente un sistema de aviso preventivo sismológico a través de mensajes de texto SMS a la población que cuente con servicio de telefonía celular.

En tanto, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se le conminó a suscribir convenios con las empresas que presten el servicio público en telecomunicaciones, permitiendo el envío de mensajes de texto SMS con el objeto de alertar a la población ante sismos de manera gratuita y como servicio a la comunidad.

Asimismo, la Comisión Permanente pidió a la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal realizar una revisión -y con ello mejorar- los programas enfocados a la reinserción de la población en situación de calle.

A su vez, exhortó al Gobierno del Distrito Federal y a la Comisión de Derechos Humanos de la misma demarcación a implementar medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de la población en esa situación.

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BOLETÍN-1100 Declara la Permanente aprobadas reformas en materia de veto presidencial.

BOLETÍN-1100 Declara la Permanente aprobadas reformas en materia de veto presidencial.

La Comisión Permanente declaró aprobado el decreto que reforma los artículos 71, 72 y 78 de la Constitución Política, en relación al veto presidencial, el cual fue remitido al Diario Oficial de la Federación para sus efectos constitucionales.

Lo anterior, una vez que se recibieron comunicaciones de diversos congresos estatales, en las que comunican su aprobación al proyecto de decreto que reforma dichos artículos constitucionales.

En este sentido, la Mesa Directiva de la Permanente informó que se recibieron los votos de los congresos de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, al proyecto de reforma antes mencionado.

Al respecto, el senador perredista Pablo Gómez Álvarez dijo que esta reforma impide que el Ejecutivo siga “violando la Constitución cuantas veces quiera; no se trata solamente del actual Ejecutivo, pero sí ya de muchos años en los cuales se ha aplicado el llamado veto de bolsillo”.

“En una actitud de reclamo, fíjense hasta dónde hemos llegado: hemos tenido que modificar la Constitución para que sea respetada, dándole al presidente de la Cámara de origen la capacidad de promulgar y mandar a publicar un decreto del Congreso que el Ejecutivo, a través de ese mecanismo de veto de bolsillo, no promulgue ni publique”, explicó.

En este sentido, el legislador sugirió hacer un exhorto a las legislaturas de los estados para que procedan a votar la reforma en materia de derechos humanos.

“Convendría hacer el esfuerzo mayor para que todos los estados de la Federación votaran en el sentido naturalmente que cada uno de ellos considere conveniente. Yo esperaría que votaran a favor”, subrayó.

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