Comunicado-032
- La elaboración de Ley General para la Prevención y Atención de la Violencia Escolar establece 5 años de inhabilitación de autoridades que no tomen cartas en el asunto.
- Realizan el foro Nacional “Soluciones y Experiencias Contra el Bullying”.
El Senado trabaja en una iniciativa contra el bullying que prevé sanciones de hasta 5 mil días de salarios mínimos, 336 mil pesos, a los padres, tutores o maestros que permitan, toleren o inciten esta conducta en las escuelas públicas y privadas de distintos niveles educativos, adelantó la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social.
En el foro Nacional “Soluciones y Experiencias Contra el Bullying”, la legisladora del PRD señaló que adicionalmente se trabaja en la elaboración de la Ley General para la Prevención y la Atención de la Violencia Escolar, la cual, subrayó, presentará sanciones de cinco años de inhabilitación a las autoridades educativas que no tomen cartas en el asunto, cuando se enteren de un caso de estos.
Cuellar Cisneros, al destacar los resultados del programa AVEE, (Autoridades, Vecinos, Empresarios y Estudiantes), implementado en el estado de Tlaxcala, reconoció que los padres de familia han quitado autoridad a los maestros y esa falta de mando de los mentores, dijo, se ha reflejado en la ausencia de disciplina y valores.
Adelina Trejo, de Fundación en Movimiento, destacó la implicación que tienen medios de comunicación sobre el acoso escolar, pues explicó que pasar demasiadas horas frente a un televisor provoca a un menor de edad ansiedad, la cual descarga muchas de las veces en contra de sus compañeros de escuela.
Blanca Rivera Río de Lozano, presidenta del Sistema de Desarrollo de la Familia del estado de Aguascalientes, al abordar el tema de los maestros y el bullying, enfatizó que las redes sociales han contribuido a exacerbar el problema e indicó que los maestros han perdido autoridad.
Antonio Ramírez Hernández, titular de la Estación de la Policía Federal en el estado de Tlaxcala, comentó que la institución a su cargo tiene como prioridad las escuelas de la entidad, interactuando con los alumnos con el fin de inhibir conductas de riesgo, como es el caso del bullying.
Juan Jacobo Alarcón Nájera, director de Asistencia Jurídica y Protección a la Infancia del DIF Guerrero, apuntó que se puede aprovechar la plataforma de los comités estatales del Sistema Nacional de Seguimiento de la Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño para crear una Unidad Especializada de Prevención e Intervención del Acoso Escolar, la cual dependa de la Secretaría de Educación Pública estatal y lleve a cabo acciones de difusión, promoción y divulgación de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes.
Sandra Torres Pastrana, del proyecto Espacio Multicultural El Quinto Patio, destacó que es necesario que la legislación sobre bullying considere las diferencias de género que existen en el acoso escolar, de tal manera que este fenómeno no enmascare la violencia en contra de las niñas y las adolescentes en las escuelas.
Por su parte, el ingeniero Eduardo Mosqueda Chávez, representante del sector empresarial, se refirió a la posibilidad de aprovechar las nuevas tecnologías e instalar sistemas de monitoreo de cámaras de seguridad en los centros educativos. Este modelo, dijo, debe estar integrado por especialistas, tales como psicólogos del DIF, que puedan identificar patrones de comportamiento de riesgo y emitir sugerencias puntuales que puedan ser aplicadas por los directores, maestros y padres de familia.
Finalmente, Mauricio Chávez García, director del programa AVEE, argumentó que es posible conocer las estadísticas de inseguridad, adicciones y bullying dentro y fuera de cada escuela mediante encuestas anónimas en los salones de clases; además, a partir de ellas, los padres de familia pueden organizar brigadas de vigilancia. Si ellos ven que nosotros damos atención a sus denuncias y que están los padres de familia, podemos bajar los índices, aseguró.
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