Comunicado-103
- La ley fue emitida en 2002 y no se cuentan con los lineamientos para garantizar su aplicación.
- Contempla obligación del Estado para brindar protección contra la violencia, atención a la salud y trato justo, entre otras.
La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores fue aprobada desde julio de 2002, sin embargo no es posible cumplirla cabalmente debido a que aún no se emite el reglamento correspondiente, advirtió la senadora Cristina Díaz Salazar, del PRI.
Con este argumento, presentó el punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) a emitir dicho reglamento. La proposición fue turnada a la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables.
La senadora Díaz Salazar explicó que la ley regula las políticas públicas y responsabilidad del gobierno federal, así como los estatales y municipales, para proteger y hacer cumplir los derechos de las personas de la tercera edad, además de las actividades del INAPAM y su coordinación con otras dependencias públicas.
Consideró que es de interés social que se emita ya el reglamento correspondiente, pues se trata de hacer cumplir los derechos de las personas de la tercera edad en materia de equidad, no discriminación, trato justo y proporcional en el acceso a los satisfactores, como es la salud, alimentación y acceso a la educación y actividades culturales.
Para alcanzar estos objetivos, la ley considera además de gran importancia fomentar licenciaturas y posgrados en geriatría y gerontología, la formación en el área de la salud de profesionistas especializados en el cuidado y asistencia especializada que se requieren para la creación de equipos preparados en sus diversas actividades de salud, como enfermería, fisioterapistas y en otras áreas; legales, recreativas, asistenciales y protección a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad, víctimas de malos tratos y violencia en el seno familiar.
La legisladora puntualizó que otro punto esencial es que se incluye con claridad la responsabilidad de la familia para dar atención a los adultos mayores, pero sobre todo, lo concerniente a que no se ejerza sobre ellos violencia física ni emocional.
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