Comunicado-077
- Necesarios recursos para fortalecer la iniciativa presidencial, senadores.
- Anuncian iniciativa para crear Defensoría para la Protección y Restitución de Derechos de la Infancia.
En la dictaminación de la Iniciativa Preferente de la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, se buscará dotar de presupuesto suficiente a las instituciones que serán responsables de la protección y defensa de los derechos de la infancia, así como incluir apartados de defensa de menores en situación de vulnerabilidad, como la pobreza y discapacidad.
Así lo establecieron las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de Atención a Grupos Vulnerables, de Derechos Humanos, de Educación, para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, durante las conclusiones de la cuarta audiencia pública con especialistas y representantes de organizaciones sociales.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Alejandro Encinas Rodríguez, del PRD, apuntó que no existe riesgo de que no se concrete esta iniciativa, pues al ser preferente existe la obligación de dictaminarla en 30 días, o de lo contrario se aplica afirmativa ficta y se turna a la Cámara de Diputados para este efecto.
Empero, advirtió, el riesgo es que haya una ley insuficiente, por lo que los senadores tienen el compromiso de incluir todos los elementos necesarios para que sea una realidad en México la defensa de los menores de edad.
En lo anterior coincidió la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, senadora Martha Elena García Gómez, del PAN, al recordar que el Pleno del Senado aprobó en marzo de 2013 la legislación integral de protección a la infancia y, desde entonces, se fijó la meta de establecer los pisos mínimos que requieren para cumplir este ordenamiento.
La legisladora consideró que es necesario contemplar en la nueva ley los perfiles de familia de acogida y de pre-adopción, para disminuir la institucionalización de los niños y hacer cumplir el derecho de que vivan en familia.
También se debe incluir aspectos como migración, acoso escolar, protección especial a menores en situación vulnerabilidad, a fin de que se legisle adecuadamente sobre todos los derechos de los infantes.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, del PRD, expresó su confianza de que prevalecerá la voluntad política para dictaminar correctamente la mencionada ley.
Subrayó que México no puede seguir como candil de la calle y oscuridad de su casa, en la víspera de las conmemoraciones de la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos.
En su turno, el senador Fidel Demédicis Hidalgo, del PRD, consideró que se deben definir los recursos necesarios para que la ley avance, pues de lo contrario pasará a formar parte del cúmulo de leyes que no operan por falta de presupuesto.
Comentó que no puede haber garantía de derechos humanos si no hay dinero para atender los asuntos relativos a la ley, por lo que los senadores deben de considerar el tema durante los trabajos parlamentarios.
En lo anterior coincidió la senadora Mariana Gómez del Campo, del PAN, quien aclaró que los senadores no tienen la intención de pelear con la iniciativa presidencial, por el contrario, su interés es enriquecerla para que sea factible, y se requiere de un gran presupuesto para entrar a fondo en el tema y sacudir a las instituciones responsables de garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia.
Anunció que presentará ante el pleno la iniciativa para crear la Defensoría para la Protección y Restitución de Derechos, como un órgano desconcentrado capaz de determinar el interés superior de cada niña, niño y adolescente.
Raúl Morón Orozco, senador del PRD, se pronunció por dar un enfoque integral a los derechos plasmados en la Constitución, pues la iniciativa los contempla de forma superficial, ya que faltan elementos sustantivos como la división de atribuciones entre las instituciones y la asignación de presupuestos.
Refrendó que el objetivo es fortalecer la iniciativa preferente, pues los senadores son conscientes de las limitaciones en diversos aspectos en los que se debe trabajar y dar solución a los problemas de los infantes.
Las comisiones unidas escucharon la opinión de Alberto Barquera Medina, presidente de la Organización para el Desarrollo Social y la Educación para Todos (ODISEA); la activista social Katia D´Artigues y las investigadoras Minerva Gómez Plata, y Mónica González Contró, de la UAM y UNAM, respectivamente.
Los expertos coincidieron en que el Congreso tiene la oportunidad de elevar la iniciativa preferente a la altura de los preceptos de derechos humanos plasmados en el artículo 73 de la Constitución, por lo que debe prevalecer disposición al diálogo con todos los sectores involucrados.
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