Comunicado-172
- Legisladoras y Legisladores urgen a Cámara de Diputados aprobar minuta en la materia.
- Senado se reunirá con CONAGO y COPECOL para armonizar legislaciones estatales en la materia.
Durante la Segunda Reunión de la Conferencia Nacional de Legisladoras y Legisladores contra la Trata de Personas, el senador destacó que a fin de construir un andamiaje legal efectivo y obtener mayores resultados en el combate contra este delito, es indispensable armonizar las leyes estatales en la materia, así como modificar las leyes orgánicas para que haya una prevención de la trata de personas y una figura local con este propósito.
Para ello, propuso que el Senado se reúna con la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y con la Conferencia Permanente de Congresos Locales (COPECOL), de manera que los gobernadores y legisladores locales asuman compromisos específicos.
Al no existir una prevención en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el senador Barbosa Huerta propuso que sea la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación la que tenga ese encargo. Asimismo, argumentó que es necesario impulsar una iniciativa que reforme la Ley Orgánica del Congreso, con el objetivo de convertir a la Comisión Contra la Trata de Personas de la Cámara de Diputados en una comisión ordinaria permanente con facultades de dictaminación.
La senadora Adriana Dávila Fernández, presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas, puntualizó que la minuta para reformar la Ley Contra la Trata de Personas que actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados, debe ser discutida con responsabilidad y pensando primero en las víctimas. La lucha no es entre nosotros, recalcó y añadió que el Congreso es corresponsable de lo que pueda suceder si no hay sentencias ni integración de averiguaciones previas sobre estos delitos.
La legisladora del PAN precisó que las modificaciones que el Senado realizó a la Ley en la materia recogen un capítulo especial para la atención a víctimas y prevé que los fondos para este fin cuenten con recursos. Más aún, la iniciativa armonizó más de doce leyes que están correlacionadas con este delito, mismo que el proyecto permite tipificar en grado de tentativa.
Afirmó que la Ley vigente no es un marco eficiente ya que la proporción que existe entre las sentencias emitidas por tráfico de drogas y armas, no corresponden a las emitidas por trata de personas. En este sentido, puntualizó que de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el delito de trata de personas genera más ganancias al crimen organizado que el tráfico de drogas y de armas.
La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, enfatizó la importancia de que la Cámara de Diputados resuelva la minuta para reformar la Ley contra la Trata de Personas, para que finalmente México cuente con un instrumento jurídico que se aplique a nivel federal y se persiga de manera efectiva y eficiente a quienes cometen este delito.
El dictamen aprobado por unanimidad en el Senado de la República, prevé adecuaciones para que los resultados en la prosecución de este delito cambien, a saber, cuántas personas son procesadas y sentenciadas; así como para visibilizar otros tipos de trata, además de la explotación sexual, tales como el trabajo doméstico infantil.
La senadora del PRD indicó que las modificaciones se derivaron de un mandato constitucional al artículo 73 que obligaban al Congreso de la Unión a diseñar un solo instrumento legal que pudiera ser aplicado de manera contundente en las 32 entidades federativas de nuestro país.
En su intervención, la senadora Lucero Saldaña Pérez, señaló que el delito de trata de personas es un problema interno, que no sólo sucede entre países, sino entre un municipio y otro, entre una entidad federativa y otra. De acuerdo con la CNDH, 77.7 por ciento de las víctimas identificadas son mexicanas, frente a un 15.5 por ciento de extranjeras.
Es necesario fortalecer la legislación nacional en materia de trata de personas para garantizar que no haya más impunidad, aseguró la senadora del PRI y precisó que se debe interrumpir el flujo de intercambios en las fronteras, brindar atención integral a las víctimas, garantizar el derecho de identidad, prevenir el reclutamiento de jóvenes por parte de las redes de trata y promover la participación de la sociedad civil.
Informó que Chiapas y el Distrito Federal concentran el 46.7 por ciento de las sentencias condenatorias por este delito; mientras que Sonora, Puebla y el Estado de México concentran el 26.3 por ciento del total. Por otra parte, el 83 por ciento de las averiguaciones previas corresponden a explotación sexual, el 12 por ciento a explotación, 3 por ciento a explotación laboral y sexual, y uno por ciento a otras modalidades.
El senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, presidente del Instituto Belisario Domínguez, lamentó que la Cámara de Diputados no haya dictaminado desde hace un año la minuta sobre la Ley General Contra la Trata de Personas, que el Senado les envió e indicó que nada justifica que en un tema tan delicado para el país esto suceda.
Subrayó que esta falta de sensibilidad, de presiones, que se está ejerciendo sobre algunos diputados federales, no se pueden entender, ya que este es un problema muy serio, toda vez que se está hablando de trabajos forzados, de servidumbre forzada, de matrimonios forzados, explotación sexual, laboral e incluso de tráfico de órganos.
Es un delito que tenemos que resolver y así lo ha visto el Senado, el gobierno federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la ONU y las organizaciones de la sociedad civil, por lo que no es posible que 500 diputados no puedan ver este problema, enfatizó.
Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, destacó que la propuesta de iniciativa de reforma a la Ley en la materia, es un ejemplo de construcción de acuerdos y conciliación de los grupos parlamentarios del Senado.
Dijo que esta es una iniciativa que se construyó en base a acuerdos, de conciliar y encaminado a un objetivo único: el de trabajar en un proyecto que mejore esta ley; que la haga más operativa, más armónica que concuerda con la Ley de Víctimas, además que permite al Estado mexicano cumplir con sus obligaciones internacionales.
Consideró que la única forma de avanzar en contra de este flagelo es trabajando de manera conjunta legisladores, los tres órdenes de gobierno y sociedad, una acción, dijo, en la que vale la pena sumar esfuerzos.
Antonio Mazzitelli, representante en México de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, resaltó que México no ha estado ausente del proceso para impulsar desde el Senado leyes encaminadas a prevenir y perseguir el delito de trata, además de estar tomando medidas necesarias para garantizar los derechos de las víctimas.
El representante de la ONU, ofreció el respaldo del organismo multilateral al Senado en la construcción de políticas públicas y para mejorar el marco normativo a fin de tipificar más aspectos de este ilícito.
Dio a conocer que de acuerdo a un estudio reciente de la ONU y el Gobierno Federal, se puede observar que el 80 por ciento de las averiguaciones previas contra este ilícito provienen solo de seis estados, cuando el diagnóstico señala que el fenómeno afecta a las 32 entidades federativas.
Luis García López-Guerrero, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, enfatizó que la erradicación de la trata de personas y su implicación es un asunto que compromete a todos los funcionarios públicos del Estado mexicano.
Subrayó que, de acuerdo a un estudio de la CNDH sobre este delito, durante los últimos cinco años y medio, de las 2105 averiguaciones previas realizadas en el país, solamente el 35.9 por ciento derivo en una consignación y un 7 por ciento en una sentencia.
Aseguró que para la CNDH el combate integral a la trata de personas reviste un gran compromiso y expresó que el tema de los derechos humanos debe ser asumido como un compromiso de todos, para de esta forma acceder a la justicia, al respeto y a la legalidad.
En la reunión participaron Nelly Montealegre, fiscal especial para los Delitos contra las Mujeres y Trata de Personas; Olga Noriega Saenz, comisionada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; Fernando Bastista Jiménez, de la CNDH; Paola G. Félix Díaz, de Operación Bendición Latinoamérica; Mónica Salazar, del Colectivo contra la Trata y My Lo, de Polaris Project, así como diversos legisladores locales.
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