- Comparecen candidatos a magistrados del Tribunal Superior Agrario.
- Reponen comisiones procedimiento de ratificación o no a magistrados numerarios de Tribunal Unitario Agrario.
Las comisiones unidas de Reforma Agraria y de Justicia aprobaron un acuerdo por el que se consulta a los Magistrados del Tribunal Superior Agrario, para que informen por escrito sobre la situación jurídica que guarda la Presidencia del Tribunal Superior Agrario.
Lo anterior, debido a que el pasado 30 de agosto, Marco Vinicio Martínez Guerrero, Magistrado Numerario del Tribunal Superior Agrario, cumplió 75 años de edad, alcanzando con ello el límite de edad establecido en el artículo 13 de la Ley Orgánica
En el acuerdo, los legisladores resaltan que la situación por la que atraviesa el Tribunal Superior Agrario es de dominio público ya que se ha dado a conocer en diversos diarios de circulación nacional, y que incluso se ha mencionado que existe un vacío de la presidencia de este organismo autónomo, lo que lo tiene sumido en una crisis institucional, pues la permanencia de Martínez Guerrero se encuentra en litigio, al haber presentado un amparo para evitar el inminente retiro forzoso del cargo.
En la misma reunión de trabajo, comparecieron Concepción María del Rocío Balderas Fernández y Rubén Gallardo Zúñiga, candidatos para ocupar la vacante de magistrado del Tribunal Superior Agrario, en virtud de la renuncia de Luis Octavio Porte Petit Moreno y propuestos por el presidente Enrique Peña Nieto.
En su exposición Balderas Fernández propuso crear dos sistemas, uno de búsqueda electrónico y en línea de las sentencias y de los criterios jurisprudenciales, y otro electrónico de consulta temática de criterios jurisprudenciales. Además, para dar celeridad y prontitud al acceso de justicia planteó la formulación de mecanismos más eficaces y herramientas jurídicas más robustas para lograr el cumplimiento de plazos que señalan las leyes en los juicios agrarios.
La senadora Arely Gómez González, del PRI, externó si la norma interna en materia de propiedad y posición de comunidades indígenas y del derecho a la consulta de dichas comunidades, es congruente con el estándar internacional establecido en el Convenio 169 de la OIT en su parte de tierras y del derecho a la consulta de pueblos indígenas.
El senador Jesús Casillas Romero, del PRI, cuestionó a Balderas Fernández sobre los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la nación con relación a la autoidentificación de la población indígena.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil, preguntó bajo qué criterios, procedimientos y decisiones administrativas se puede lograr la contención de la corrupción y expandir la transparencia en el tribunal.
El senador Daniel Ávila Ruiz, del PAN, preguntó cómo ha contribuido la SCJN en la materia agraria y si considera conveniente la autonomía de los tribunales agrarios o se requiere rediseñar el sistema de impartición de justicia agraria.
Por el PVEM, el senador Carlos Puente Salas, cuestionó qué acciones podrían fortalecer, acatar y garantizar los derechos constitucionales que se convierten en obligaciones para la autoridad, y cuáles son los criterios por los que se debe clasificar de manera excepcional reservar la información como datos reservados.
En su respuesta Balderas Fernández refirió que desde su punto de vista, hay una observancia al principio de consulta; la Primera sala de la SCJN ha hecho pronunciamientos específicos con relación a la población indígena en el que se ha definido que bajo el criterio de auto adscripción se dan ciertos privilegios o acciones afirmativas para poder llegar a un equilibrio procesal.
Asimismo, señaló que de acuerdo con los nuevos paradigmas constitucionales y nuevas reformas, tratándose de materia indígena se tiene que ver la manera en que haya cumplimiento y sugirió la creación de bases de datos para alimentar constantemente lo relativo a sentencias de los tribunales unitarios como al Superior Agrario.
Respecto a los datos, dijo que estos deben ser reservados cuando se afecte a la seguridad nacional, el mismo caso que se manejan en la ley de transparencia. Sobre la transparencia y corrupción dijo que la solución puede ser la integración al Poder Judicial de la Federación para aprovechar estructuras existentes y la ampliación de personal y presupuesto.
En tanto, Rubén Gallardo, propuso incorporar los medios electrónicos en la impartición de justicia agraria, ante la necesidad de que los tribunales agrarios y unitarios publiquen oportunamente acuerdos, resoluciones y amparos; así como el fortalecimiento del padrón de peritos, pues no se cuenta con especialistas o técnicos en materia para desahogar alguna pericial.
Además, planteó la creación de un consejo o comité jurídico para el establecimiento de jurisprudencia y criterios, y que de resultar electo, impulsará ante el Tribunal Superior Agrario la formación de un grupo itinerante a fin de que conformado por secretarios de estudio y cuenta, uno de acuerdos y por actuario, se apoye a los tribunales unitarios agrarios que cuentan con rezago.
La senadora Arely Gómez, cuestionó a Gallardo Zúñiga por qué no se cumple el plazo de 20 días para la emisión de sentencias, previsto en la Ley Agraria, con lo que se afecta el principio de prontitud.
El senador Jesús Casillas, preguntó medidas para garantizar que magistrados agrarios cumplan con los principios de imparcialidad e independencia previstos en la Constitución para el acceso efectivo a la justicia.
Por el PRD, el senador Adolfo Romero Lainas, cuestionó si es necesaria una reforma para hacer más flexible el acceso al suelo social y qué se necesita para que el campo sea productivo.
En su respuesta, Gallardo Zúñiga, señaló que el plazo no se cumple debido a que la carga de trabajo de hoy en día no permite celeridad, y por lo mismo, su propuesta de creación de un grupo itinerante.
Además, subrayó que desde su punto de vista, los magistrados se conducen bajo de imparcialidad e independencia previstos en la Constitución y precisó que para lograr la productividad y el desarrollo rural integral del campo mexicano se creó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la cual contemplan diversos programas para el apoyo del campo mexicano.
En el mismo sentido, comparecieron Luis Antonio Betancourt Sánchez y Manuel Loya Valverde, propuestos como magistrados unitarios agrarios, porque haber concluido el término de seis años para el que fueron designados.
Betancourt Sánchez planteó una reforma al Artículo 27 constitucional ante los desastres ambientales y climáticos para crear tribunales federales constitucionales de justicia ambiental territorial y urbana.
En su momento, la senadora Arely Gómez, cuestionó qué medidas ha tomado para acabar con el rezago de asuntos en su distrito.
En su respuesta, Luis Betancourt precisó que siempre ha llevado el procedimiento apegado a derecho y que en la mayoría de las veces, propone en los resolutivos que las partes ejecuten entre sí.
Finalmente, Manuel Loya Valverde, expuso que durante su trayectoria en el Tribunal agrario ha impartido justicia social agraria observando las formalidades del procedimiento resolviendo de manera pronta, completa e imparcial, con respeto a los derechos del individuo y previendo medidas para el eficaz cumplimiento de acuerdos resoluciones y sentencias.
Cabe mencionar que comparecieron también los magistrados numerarios de Tribunal Unitario Agrario, Aldo Saúl Muñoz López y José Lima Cobos, a los cuales se les repuso el procedimiento de ratificación o no a su cargo.
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