El Senado de la República recibió la tarde de este jueves de la Secretaría de Gobernación las siete ternas de candidatos a integrar la Comisión Ejecutiva del Sistema de Atención a Víctimas.
La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Gabriela Cuevas Barron, se pronunció porque México emprenda acciones para lograr un trabajo coordinado con los países fronterizos de Centroamérica, a fin de encontrar una solución al grave problema social que representan los niños migrantes.
En el foro “Niñez migrante no acompañada: el papel que desempeña la sociedad civil”, organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores, la Comisión de Asuntos Migratorios y la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, especialistas expusieron la necesidad de que la política migratoria en México esté orientada hacia el interés superior de los niños y adolescentes, independientemente de si éstos son nacionales o extranjeros, que se encuentran en tránsito o residiendo en nuestro país.
Las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos se declararon en sesión permanente, a fin de analizar si los siete candidatos a comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) son “idóneos” o no para desempeñar ese cargo.
El pleno del Senado hizo un llamado al gobierno de Michoacán para que le proporcione a la Secretaría de la Mujer Michoacana los recursos suficientes que le permitan realizar acciones encaminadas a erradicar la violencia contra la mujer.
La senadora Dolores Padierna Luna solicitó que el Senado de la República exhorte al Congreso de Estados Unidos a rechazar la propuesta de ofensiva militar en contra de la República Árabe Siria que impulsa el presidente Barack Obama.
En México se han reformado unas 250 leyes para reconocer derechos indígenas, sin embargo, los impactos son mínimos y el país se mantiene a la zaga de naciones sudamericanas que han avanzado en términos de reconocimiento y de pluralizar el poder a favor de los pueblos originarios, aseguró la investigadora Laura Valladares de la Cruz.
Existen obstáculos técnicos que impiden garantizar a la población indígena el acceso a la justicia, como la insuficiencia de abogados que sepan hablar dialectos o, por el contrario, que traductores o intérpretes certificados no cuenten con el título de licenciado en derecho para poder defenderlos, aseveró la senadora Luisa María Calderón Hinojosa.
Luego de recibir una comunicación de la Cámara de Diputados por la cual 19 congresos estatales dieron su aval para modificar la fracción XXI del Artículo 73 Constitucional en materia de legislación procesal penal única, el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Cervantes Andrade, declaró aprobado el proyecto de decreto.
El Senado exhortó a los congresos de Baja California Sur, Chihuahua y Michoacán, que aún no han tipificado en su legislación penal el delito de feminicidio, a que procedan a realizar las acciones legislativas correspondientes, y lo ajusten debidamente a los instrumentos y estándares internacionales existentes para tal efecto.
