La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables citó al director general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), Jesús Eduardo Toledano Landero, a fin de que exponga el trabajo realizado en los últimos meses, así como los retos a los que se enfrenta y la manera en la se pueden sumar esfuerzos en favor de las personas con discapacidad.
En el dictamen avalado por unanimidad, los senadores apuntaron que el CONADIS es el órgano rector de políticas públicas en discapacidad cuyo objetivo es asegurar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena.
Asimismo, está encargado de fortalecer el desarrollo, la inclusión y la cohesión social en el país mediante la instrumentación, coordinación y seguimiento, en términos de ley y con los organismos respectivos, de la atención a los derechos de la niñez, de la juventud, de los adultos mayores y de las personas con discapacidad.
En el punto de acuerdo que originó este compromiso, presentado por la senadora Mónica Arriola Gordillo, NA, se destaca que en la actualidad, las personas que padecen alguna discapacidad no gozan de la posibilidad de ejercer sus derechos de la misma forma que el resto de la población, debido a las barreras de actitud y al ambiente propio en el que se desarrollan.
Con ello, asegura, se evita su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones.
La legisladora también indicó en su exposición de motivos, que alrededor de 15 por ciento de la población vive con algún tipo de discapacidad, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En el caso de México, hasta el 2010, las personas con algún tipo de discapacidad ascendían a cinco millones 739 mil 270, lo que presenta el 5.1 por ciento de la población total, de acuerdo a cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Ante esta situación, precisó, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) señala que las personas que viven con algún tipo de discapacidad pertenecen a uno de los grupos más violentados por los propios ciudadanos en México y advierte que el país no cuenta con la infraestructura necesaria para las personas con discapacidad; ejemplo de ello son las rampas para sillas de ruedas y los letreros en sistema braille, entre otros.
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