En el foro “Niñez migrante no acompañada: el papel que desempeña la sociedad civil”, organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores, la Comisión de Asuntos Migratorios y la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, especialistas expusieron la necesidad de que la política migratoria en México esté orientada hacia el interés superior de los niños y adolescentes, independientemente de si éstos son nacionales o extranjeros, que se encuentran en tránsito o residiendo en nuestro país.
Durante su participación, Pablo Ceriani del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, Argentina, aseguró que en México uno de los principales problemas de este fenómeno migratorio es la ausencia de un procedimiento de determinación de interés superior, tal como lo establece el artículo 74 de la Ley de Migración aprobada en 2011.
Es decir, explicó, que se carece de un mecanismo institucional que recolecte información e identifique, por un lado, las mejores medidas de atención a corto plazo ante situaciones de riesgo concretas y, por otro, las más adecuadas que a largo plazo permitan la reintegración de los niños y adolescentes a una vida digna en convivencia familiar y con oportunidades educativas y laborales.
Por el contrario, señaló que en México la repatriación es una respuesta casi automática que se da sin que exista una previa valoración sobre las condiciones de vida de los menores de edad en sus países de origen y sin considerar opciones como el otorgamiento de la residencia temporal o definitiva. Así, resulta que la gran mayoría de los niños repatriados vuelvan a migrar, al salir en búsqueda de sus parientes y de mejores oportunidades de vida.
En efecto, María de Lourdes Rosas Aguilar, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba en Tapachula, Chiapas, apuntó que en 2013 el número de niños y adolescentes detenidos en estaciones migratorias podría aumentar 50 por ciento con respecto al año pasado, en el que 6 mil menores fueron asegurados.
Más aún, Rosas Aguilar señaló que aunque la Ley de Migración contempla su representación legal, en la actualidad no existen abogados que representen a los niños ni titulares –en el caso de que no estén acompañados- que los guíen en cualquier decisión que se tome. De esta manera, Rosas Aguilar afirmó que el Poder Legislativo debe crear normas que garanticen los derechos de los niños y adolescentes, vistos como sujetos integrales de derechos humanos, las cuales estén orientadas a favor de su interés superior.
Al respecto, Pablo Ceriani aseguró que se requiere que los tres poderes de gobierno trabajen en conjunto y que haya una adecuada articulación con los gobiernos estatales y locales para la búsqueda de consensos y la implementación efectiva del marco normativo, los reglamentos y programas que el Poder Ejecutivo desarrolle.
En este mismo sentido, Cynthia Denisse Velázquez Galarza, de la Organización Internacional para las Migraciones, aseveró que en la medida en que no se reviertan las condiciones de vulnerabilidad desde el país de origen, se seguirán teniendo movimientos cíclicos en los que lo niños y adolescentes repatriados regresen a nuestro país.
Por ende, debe existir una corresponsabilidad entre los países de origen, tránsito y destino con el fin de eliminar las condiciones de vulnerabilidad y proteger a los menores de edad, así como un mecanismo de monitoreo que dé seguimiento a la reintegración de las niñas, niños y adolescentes, una vez que regresan a su lugar de origen.
No obstante, afirmó que primero deben existir modelos de atención intrainstitucional e interinstitucional, así como mecanismos de diálogo y participación en los que esté presente el gobierno, la sociedad civil y organismos internacionales. Igualmente, las diferentes normas deben pasar por un proceso de armonización legislativa, a fin de que no existan contradicciones entre ellas mismas, ni con los tratados internacionales que México tiene suscritos.
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