El senador priista René Juárez Cisneros propuso modificar el nombre de la Ley de Planeación y reformar la leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de Asociaciones Público Privadas, a fin de incorporar el tema del desarrollo regional con una visión de largo alcance.
Dicha visión, a partir de una idea integral del país, de las potencialidades que ofrece cada región, de su vocación productiva natural, de sus fortalezas, así como de los retos sociales en cada una de ellas, con el propósito de avanzar en la construcción de un camino hacia una sociedad más incluyente, igualitaria, saludable y competitiva, argumentó.
La nueva denominación de la Ley de Planeación sería la de Ley General para la Planeación del Desarrollo Nacional y Regional, mientras que las reformas a dicha legislación tienen el objetivo de detonar el desarrollo de las mesorregiones, las regiones y las zonas metropolitanas, precisó el legislador guerrerense.
La propuesta, dijo, busca disminuir las disparidades regionales, aprovechar el dinamismo demográfico y consolidar un patrón territorial más eficiente y equitativo, a través de la inserción de la planeación regional en un proceso en el que coincidan los órdenes de gobierno y se contemple el criterio redistributivo, la inequidad territorial nacional, las necesidades y planeación desde lo local y la concurrencia municipal y de participación ciudadana.
“México requiere de la construcción de una auténtica política de Estado en la que concurran, de manera ordenada y con los mismos objetivos, los distintos órdenes de gobierno y las instituciones responsables de la promoción del mejoramiento económico y social”, apuntó.
Asimismo, destacó que la propuesta plantea que el Plan Nacional de Desarrollo se nutra del consenso de las diversas entidades y se vean reflejadas no sólo las cuestiones sectoriales -como hasta ahora- sino los proyectos de infraestructura productiva para alcanzar el desarrollo regional desde la óptica de las mesorregiones.
Por otra parte, dijo que los cambios a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria precisan el establecimiento de un Fondo para el Desarrollo Regional, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se señalen los montos y modalidades de distribución y ejecución.
Ello, orientado al financiamiento de los programas, acciones y obras que el Gobierno Federal y las entidades federativas formalicen a través de convenios para el desarrollo de las mesorregiones.
Bajo el mismo criterio, plantea la creación de un Fondo de Cohesión Social e Impulso Productivo para la Equidad Territorial que haga frente a los desequilibrios del desarrollo entre las regiones y al interior de cada una de ellas.
Lo anterior, dijo, con el propósito de que en el PEF se destinen recursos que serán distribuidos a través del Ramo 33, a través de transferencias complementarias para crear alternativas productivas y redistributivas, a fin de superar las restricciones económicas en zonas más rezagadas del país, con base en fórmulas establecidas a partir de indicadores del desarrollo económico y social elaborados por el INEGI y la Comisión Nacional de Evaluación.
Uno de los objetivos de este Fondo -detalló- es que a través de acciones que impacten en la transformación de la estructura socioeconómica, se garantice un esfuerzo sostenido en el tiempo ante cambios en la administración local y federal.
Respecto a la Ley de Asociaciones Público Privadas, el senador priista puntualizó que en los convenios entre el Gobierno Federal y la iniciativa privada deberá prevalecer una visión de desarrollo integral y sustentable del país, a fin de llevar a cabo la planeación del desarrollo a nivel nacional, mesorregional, regional y metropolitano y encauzar de manera más armónica las actividades de la Administración Pública Federal.
Se busca también una organización en las mesorregiones, para la planeación y la gestión del desarrollo, basada en políticas públicas que faciliten la coordinación interestatal e intergubernamental en torno a planes y carteras de proyectos estratégicos, como la presentación de propuestas conjuntas por parte de las dependencias federales, de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios que permitan a su vez un ambiente favorable para crear espacios amplios de colaboración entre éstos y la ciudadanía.
Con ello, aseguró, se logrará que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos y prioridades que se establezcan en la Ley General para la Planeación del Desarrollo Nacional y Regional y el eficaz desempeño del Estado sobre el desarrollo nacional, mesorregional, regional y de las zonas metropolitanas, en búsqueda de la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos, contenidos en la Constitución.
La iniciativa además, permite redefinir esquemas de planeación, así como el papel de la política nacional respecto a las necesidades regionales y, con ello, la integración de los órganos de decisión y la aplicación de los recursos financieros de manera más equitativa.
De igual forma, fortalece un esquema federalista que permite a cada región explotar sus ventajas comparativas, atenuar los efectos negativos de un entorno internacional abierto, además de hacer efectiva la coordinación entre instituciones y políticas públicas a nivel gubernamental para que sean acordes con un sistema competitivo, descentralizado y responsivo de las necesidades locales.
Dentro de la propuesta, también se busca la incorporación de un nuevo capítulo Octavo, para establecer metas y objetivos entre el Plan Nacional de Desarrollo y los programas de desarrollo regional, en búsqueda de una mayor coordinación de los esfuerzos federal y local.
Asimismo, el legislador consideró importante resaltar que las adiciones a los primeros cuatro artículos de la Ley de Planeación se recogen de la Minuta con Proyecto de Decreto que buscaba reformar la Ley de Planeación y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, en materia de desarrollo regional, enviada por el Senado de la República a la Cámara de Diputados en diciembre de 2005 y que hasta la fecha no ha sido dictaminada.
Finalmente, subrayó que la idea central de los senadores del PRI, PAN y PRD que junto con él firman la propuesta, es contar con un marco normativo que impulse políticas públicas de alivio a la pobreza, vinculación eficiente de los territorios y disminución del atraso provocado por falta de infraestructura, bajas capacidades laborales, productividad deficiente y estancamiento económico de las regiones, que podrá coadyuvar de manera integral a la Cruzada Nacional contra el Hambre.
La iniciativa con proyecto de decreto se turnó a las comisiones unidas de Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos, Primera.
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