La senadora Verónica Martínez Espinoza propuso modificar el Artículo 80 de la Ley Agraria, a fin de brindar certeza jurídica en la enajenación de derechos parcelarios.
Los generadores de residuos peligrosos tienen la responsabilidad de manejarlos de manera segura y ambientalmente viable, al igual que, realizar una adecuada disposición final, afirmó el senador Jorge Emilio González Martínez.
El 17.7 por ciento del total de las carteras de las SIEFOREs se invierten en instrumentos internacionales, cuando lo urgente es que los ahorros de los trabajadores se utilicen para reactivar la economía mexicana, a la brevedad posible, advirtió el senador perredista Benjamín Robles Montoya.
Con el fin de definir de forma concreta y entendible para los mexicanos el significado de “salud” y garantizar el derecho a la salud, el Senado de la República avaló la minuta, con proyecto de decreto, por el que se adiciona un artículo 1º Bis a la Ley General de Salud.
La senadora panista María del Pilar Ortega Martínez propuso este jueves reformar la Constitución para crear la Fiscalía General de la República y las fiscalías generales de justicia de las entidades federativas, como organismos autónomos con personalidad jurídica y patrimonio propios.
El Senado de la República aprobó con 100 votos reformas a la Ley General de Salud, a fin de establecer de manera explícita que el genoma humano y el conocimiento sobre éste son patrimonio de la humanidad.
Al dar respuesta a los cuestionamientos de los senadores, Carlos Zepeda Molina, resaltó que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) no está lista “hoy” para regular y supervisar el entorno en donde participan las empresas petroleras, en una nueva dinámica de contratos de exploración y producción.
El presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Juan Carlos Zepeda Molina, destacó la importancia de perfeccionar el marco legal de la Comisión, sobre todo si se está buscando una reforma energética de gran alcance.
La franja fronteriza quedará eliminada absolutamente de la competitividad mundial y, por ende, pondrá en riesgo a los 2 millones 300 mil trabajadores de este sector, como lo señala el informe que realizó el Colegio de la Frontera Norte y que fue presentado al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El Senado de la República solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que realice un estudio de la operación y resultados obtenidos por el programa de protección a testigos colaboradores o “testigos protegidos”, desde su creación hasta la actualidad e informe al Senado al respecto.
