El senador priista Jesús Casillas Romero propuso prohibir la utilización del salario mínimo general como unidad de medida de inversión y financiamiento y en los esquemas crediticios otorgados en materia de la seguridad social de los trabajadores, a fin de que éstos sean contratados en moneda nacional.
Asimismo, planteó que los créditos que entregue el Infonavit a los trabajadores devenguen intereses sobre el saldo insoluto de los mismos, a la tasa que determine el Consejo de Administración, la cual no será menor del cuatro por ciento anual sobre saldos insolutos.
De igual manera, sugirió que el Instituto otorgue créditos en pesos y prevea que las medidas para que se preserve su estabilidad financiera y se cubran los riesgos de su cartera.
Explicó que el crédito en salarios mínimos tiene un comportamiento similar al de las Unidades de Inversión (UDIS) en términos de refinanciamiento de intereses, es decir que sus tasas contienen dos componentes: una fija y una variable.
A la fija --precisó-- se añadiría el factor de inflación para el caso de las UDIS y el aumento del salario mínimo a las que están referenciadas a éste.
Por lo tanto, dijo, la mensualidad y el saldo insoluto crecen igual que el salario mínimo, por lo que mientras mayor sea el incremento a éste, más será perjudicial para el deudor y viceversa.
“Si el salario de las personas no crece al mismo ritmo de la inflación las personas pueden tener problemas para cubrir el pago requerido en un futuro”, apuntó.
Sin embargo, expuso el crédito que se otorga en pesos y a tasa fija es un esquema más conservador, pues sus pagos son fijos y el saldo insoluto empieza a disminuir desde el primer mes.
Por ello, consideró que si el ingreso de las personas aumenta “es más fácil cubrir la mensualidad, ya que en términos relativos ese pago representa un menor porcentaje de su ingreso conforme va pasando el tiempo”.
Es por eso, estimó, que el hecho de que el salario mínimo sea considerado como una unidad de referencia en el sistema crediticio puede mermar sus expectativas de aumento.
Lo anterior, aclaró, debido a que mientras que por un lado su incremento perseguiría la actualización del poder adquisitivo de los trabajadores, por otro, implicaría un impacto negativo para los pasivos de éstos, al acrecentar sustancialmente su deuda, principalmente de hipoteca, con el riesgo de que los efectos negativos superasen los positivos.
Ante ello, dijo que es necesario generar las circunstancias y escenarios que permitan incrementar los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores.
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