Senadores de las comisiones de Energía, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Primera, cuestionaron a los titulares de SENER, CFE y Pemex los alcances de la iniciativa del Ejecutivo Federal en materia energética.
Al respecto, el senador priista David Penchyna Grub, aseguró que el sector energético de México requiere apertura para que tenga producción, empleo, sea detonante de la industria y de servicios nacionales, además de que es indispensable un alto grado de certeza jurídica en el marco normativo de esta actividad.
Aseveró que no se puede seguir insistiendo con la falsa acusación que la reforma busca la privatización de Petróleos Mexicanos.
“Estamos por una reforma Constitucional que mantenga con firmeza el dominio originario de la nación sobre los recursos del subsuelo; estamos por una indeclinable sujeción de la industria energética, por una más y mejor rectoría del Estado”, comentó.
Sostuvo que la reforma del Ejecutivo busca maximizar la renta derivada de la exploración, explotación, transporte, almacenamiento, procesamiento y consumo final de esos recursos.
En cuanto a la industria eléctrica, el legislador del Revolucionario Institucional dijo que en esta se contempla la modernización de la misma y, además, contar con una industria incluyente.
Expuso que la ciudadanía está inconforme por los altos costos de la energía eléctrica; sin embargo, a pesar de ello, señaló, se debilitan en forma gradual las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad.
En su oportunidad, el también priista José Ascención Orihuela Bárcenas, aseveró que México debe ser actor en esta nueva industrialización de América del Norte, porque de no hacerlo implicaría perder la oportunidad de industrializarse.
Comentó que la revolución tecnológica de las energías renovables y la revolución en petróleo y gas de lutitas que están haciendo bajar los precios, imponen un elemento fundamental de decisión respecto de la velocidad a la que queremos aprovechar estos recursos.
Ante esto, preguntó al titular de Energía, Pedro Joaquín Coldwell y a los directores de Pemex, Emilio Lozoya y de la CFE, Francisco Rojas: “¿Cuál es la capacidad de respuesta del Estado mexicano, de la Secretaría de Energía, de Pemex y Comisión Federal de Electricidad, para responder a estos desafíos?”.
Además, los cuestionó acerca de la necesidad de llevar a cabo una reforma constitucional y legal en materia económica para desarrollar la industria química nacional y solicitó sus puntos de vista si se busca modernizar Pemex, sin realizar las reformas constitucionales.
Asimismo, preguntó qué beneficios tendrá para la industria química permitir la integración de las cadenas petroquímicas, cuál sería el impacto de una reforma constitucional y legal en materia energética, que permita la participación de inversionistas privados en la producción de petroquímicos básicos y si un esfuerzo de esta magnitud por parte del sector privado, se puede lograr sólo con reformas a leyes secundarias.
Al secretario Coldwell, le preguntó en específico cuáles son las herramientas que requiere la dependencia a su cargo para mantener una relación coordinada con los órganos reguladores del sector hidrocarburos y de electricidad.
Al director de la Comisión Federal de Electricidad, ¿cómo concibe este órgano independiente, dada la importancia económica que tendrá para los participantes en el mercado eléctrico?
En su oportunidad, por el PAN, Jorge Luis Lavalle Maury puntualizó que el modelo energético actual está agotado, ya que todos los días se pierde soberanía y competitividad en el sector que afecta a la economía del país y de todas las familias.
Aseveró que Pemex lleva décadas siendo instrumento para cubrir las ineficiencias recaudatorias, por lo que se tiene que entender que ésta es una empresa pública, que mientras más eficiente y más rentable sea, mayores beneficios y utilidades le dará a México.
Recalcó la necesidad de la creación de un fondo soberano, a través del cual se inviertan las ganancias provenientes de los hidrocarburos y, de esta forma, garantizar que la riqueza energética pueda ser disfrutada por las futuras generaciones.
Al hacer sus cuestionamientos, Lavalle Maury preguntó al titular de Energía su opinión sobre separar lo que es la riqueza energética que tiene nuestro país, de lo que es la seguridad energética y cuáles serían los mecanismos contractuales más atractivos y viables para que pueda ser explotado adecuadamente.
Le requirió, además, su opinión acerca del fondo soberano y cuáles serían los riesgos que puede enfrentar México si no se actualiza nuestro marco jurídico para permitir la participación privada en la producción de gas, refinados y/o petroquímicos.
Mientras que el también panista Salvador Vega Casillas dijo que no se puede seguir exigiendo a Pemex que sea bueno para extraer petróleo de aguas someras, pero también en aguas profundas, la cual no tiene, o bien, añadió, en aguas ultra profundas, que tampoco lo tiene; en yacimientos fracturados; en no fracturados; en lutitas; en refinación; en conducción. No hay, dijo, una sola empresa en el mundo que tenga la capacidad de hacer todo eso eficientemente.
Precisó que nadie está proponiendo una privatización, pero lo que sí se quiere es que tenga mayor capacidad, más inversión, que se dejen de establecer, desde la política, las decisiones que debe de tomar una empresa y “no ponerle camisas de fuerza desde el Congreso o desde la propia administración pública”.
A esto, preguntó por qué México no tiene que compartir esos riesgos con las empresas petroleras cuando podemos tener solamente la parte buena, que es la parte que le corresponde a los mexicanos por su petróleo. “¿Por qué no concesiones o por qué no licencias?”.
Finalmente, preguntó: “Si se abre el sector energético en esta iniciativa, una vez realizados los cambios legislativos, ¿puede la Comisión Federal y puede Pemex verdaderamente competir en un entorno abierto y en qué áreas es en dónde puede competir?”.
En su planteamiento, el senador perredista Alejandro Encinas Rodríguez inquirió por qué en la propuesta del Ejecutivo, en la reforma al Artículo 28, eliminan el carácter estratégico de la industria petrolera, del manejo de hidrocarburos y de la electricidad, ¿cuáles son los argumentos para dejar de considerar áreas estratégicas a los energéticos?
Expuso que al eliminar dicho carácter, se aplicaría lo establecido en el Artículo 27 constitucional que establece que el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas señaladas en el Artículo 28 manteniendo el Gobierno Federal la propiedad y control de los organismos que se establezca. Al aplicar esto, estos organismos públicos ya no están reservados para el Estado y se puede vender los activos y la infraestructura de ambas empresas. ¿Se mantendrá la restricción?
Asimismo, cuestionó sobre el ejercicio del derecho a la consulta popular, que parte del principio de que si el petróleo es de todos, pues que se consulte a todos.
En tanto, el también perredista Rabindranath Salazar Solorio manifestó su interés por conocer el porcentaje que maneja Mexichem actualmente, ante su fusión con Pemex e indicó que poco se sabe acerca de los cómos de la reforma, pues al parecer se pretende que el Legislativo firme la reforma como un cheque al portador.
El verdadero interés del Ejecutivo se vislumbrará hasta que se presenten las propuestas de reforma a la legislación secundaria, agregó.
En este sentido, cuestionó, por qué se plantea una meta de producción que se lograría de concretarse la reforma, idéntica a la meta de producción en la denominada Estrategia Nacional de Energía, “¿en qué está el supuesto beneficio?”.
Por su parte, la senadora Ninfa Salinas Sada, del Partido Verde Ecologista, declaró que los beneficios de la iniciativa presidencial se reflejarán en una mayor generación de renta que fortalecerá las finanzas públicas, mayores niveles de inversión, creación de empleos directos e indirectos a nivel nacional y en el fortalecimiento de suministros de energías que propicien mejoras en la productividad de las industrias y en la competitividad de las empresas.
Señaló que Pemex no puede continuar cargando con el peso de hacer todo, el Estado debe compartir riesgos, mitigarlos con financiamiento externo, donde la propuesta de participación de terceros es muy importante para emprender proyectos que implican mayor riesgo y resultados ambiciosos.
La legisladora cuestionó cuáles serían las cuatro políticas públicas para no tener desabasto de gas natural en el futuro y en materia de energía, ¿por qué CFE obstaculiza el uso de energías renovables?
En tanto, el senador Pablo Escudero, del mismo grupo parlamentario, preguntó cuál sería el monto aproximado para que México produzca 3 o 3.5 millones de barriles diarios en 2018 o 4 a 4.5 en 2025 y cuáles serían los convenientes o inconvenientes que Pemex asuma.
Finalmente, por el Partido del Trabajo, el senador Manuel Bartlett Díaz aseguró que la esencia de la reforma presidencial es modificar la Constitución, eliminar los principios que establecen la exclusividad del Estado mexicano en la explotación de la energía y del petróleo, para permitir la entrada de transnacionales petroleras norteamericanas y empresas eléctricas.
La verdad, dijo, es que hay un acuerdo con Estados Unidos que permitirá entrar a sus empresas a resolver el problema de la disminución de envíos de barriles de nuestro país a esa nación.
Respecto a la electricidad, el legislador comentó que las inversiones privadas no van a satisfacer nunca las necesidades sociales. La entrada de empresas extranjeras “van a destruir la única empresa que tiene un sentido social”.
En sus respuestas, Francisco Rojas aseguró que la Comisión Federal de Electricidad busca incentivar proyectos en materia de energías renovables, no obstaculizarlo. La intención, agregó es que se multipliquen los proyectos y hacer frente a los requerimientos de la Ley de Cambio Climático.
Respecto a la modificación constitucional, dijo, tiene mucho que ver con que no perdamos la rectoría del Estado en ningún momento con relación a la electricidad. Si queremos seguir teniéndola sobre la electricidad es relativamente sencillo, manteniendo el Estado el control de la distribución y transmisión no se tendrá ningún problema.
En este sentido, dijo, se tiene el problema del monto de los subsidios que se dan a familias mexicanas en la materia (cerca 32 millones de usuarios), que corresponden a poco más de 100 millones de mexicanos que pagan en promedio 38 por ciento del costo de la electricidad que utilizan.
Otro problema es el uso de combustibles, diariamente se usan cerca de 200 mil barriles de combustóleo, lo que cuesta cuatro veces más que si se utiliza gas.
El cambio de combustóleo a gas, dijo, propiciaría un ahorro considerable de cinco o seis mil millones de dólares al año.
Respecto a las alertas críticas señaló que la falta de gas en 2012 y 2013 costó alrededor de 30 mil millones de pesos.
También se tiene que enfrentar la falta de conducción del gas, porque “no solamente no tenemos gas y aunque lo tuviéramos, no tenemos dónde conducirlo”.
Faltan miles de kilómetros de gasoducto por lo que se tiene que invertir en ello y en el transporte de gas.
Falta también atender a dos millones de mexicanos que viven en comunidades lejanas y que no tienen luz eléctrica.
Por todo esto, afirmó el funcionario, es necesaria una gran política pública para estar en posibilidades de reducir los costos de la CFE, de la electricidad, ser competitivos y dar competitividad a las industrias mexicanas. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos en no caer en incentivos falsos u opacos; se tiene que incentivar con una política pública clara y aplicable.
En tanto, Emilio Lozoya Austin, director General de Petróleos Mexicanos, resaltó que las importaciones de petróleo a Estados Unidos se han reducido en 60 por ciento de total de consumo de 2005 a 42 por ciento en 2012, debido a un menor crecimiento en la demanda luego de la recesión económica y particularmente por el incremento de producción de crudos ligeros.
Reconoció que los crudos mexicanos están siendo desplazados, por el crecimiento de la producción de crudo en Estados Unidos ante las oportunidades que ofrece la tecnología, por lo que Pemex ha abierto mercados adicionales en Asia.
La estrategia de la paraestatal ha sido abrir mercados en donde la demanda de energía en los próximos 30 años sea mayor que en Asia, aclaró.
Respecto a Pajaritos, puntualizó que no es privatización pues la petroquímica no básica no constituye una actividad estratégica del Estado, por lo que pueden celebrarse alianzas estratégicas en la industria. El porcentaje de participación de Pemex en la sociedad es 44.15 por ciento y Mexichem 55.85 por ciento.
La necesidad de cambiar el marco constitucional, la competencia para Pemex promoverá no solo la transparencia porque quienes compartan los riesgos con ella serán los primeros interesados en que no se paguen sobreprecios por los servicios que se contraten a empresas que operan en México antes de 2008.
Sobre los montos de inversión requeridos, señaló que las reservas 1P, las probadas son de 14 mil millones de barriles de crudo equivalente y las 3P son de aproximadamente 44.5 mil millones de barriles de crudo equivalente.
Agregó que no se plantea despedir a empleados, se firmó un convenio en el que se definió la nueva estructura ocupacional sindicalizada del complejo y se garantiza el respeto a los derechos adquiridos por los trabajadores. En las asociaciones a las que Pemex pudiera llegar -subrayó- no implica el despido de trabajadores.
A su vez, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell señaló que en el diagnóstico y en el planteamiento de la reforma energética el Gobierno Federal le ha hablado con la verdad a la nación.
Sostuvo que México está amenazado por tendencias decrecientes y constantes en su producción de petrolíferos, se han perdido en los últimos ocho años 800 mil millones de barriles, casi 22 mil millones de dólares en promedio, anuales.
En los años 90’s, recordó, México era autosuficiente en gas, hoy la tercera parte de lo que se consume en el país es importado; importamos 49 por ciento de gasolinas y 63 por ciento de productos petroquímico. De continuar esta tendencia, al inicio del próximo gobierno “el país se puede volver importador neto de energía primaria si no se hace una reforma energética adecuada”.
Por ello es muy importante que el Congreso analice este enorme peligro y apruebe una reforma que ayude a desarrollar nuevas políticas que reviertan estas tendencias, explicó.
Respecto a las políticas para favorecer el desarrollo del gas, el ex senador comentó que se debe flexibilizar el régimen contractual para que el Estado pueda contratar con particulares y revertir la tendencia nacional decreciente de su producción en el país, impulsar la red nacional de gasoductos, crear un ente público que se encargue de la gestión del sistema nacional de gasoductos y contar con financiamiento suficiente para la ampliación de gasoductos.
Asimismo, señaló que el Gobierno de la República no quiere que la explotación y extracción de hidrocarburos deje de ser actividad exclusiva del Artículo 28, lo que sí se pretende es poner fin a la “artificial” división entre petroquímica básica y secundaria.
“Queremos que la petroquímica básica deje de ser exclusiva del Estado”; esa clasificación sólo existe en México, indicó.
También se quiere abrir inversión privada y a la competencia lo que sea transporte, almacenamiento y refinación, para que la paraestatal pueda asociarse en refinación, porque el “marco regulatorio es absurdo” que lo obliga a asociarse con petroleras internacionales en Estados Unidos y no en México.
“Creo que hay condiciones para que las fuerzas políticas asuman su responsabilidad en este Congreso y tomen la decisión respectiva.
En lo que toca a la consulta, dijo, no es facultad del Ejecutivo convocarla, la corresponde al Congreso y a los ciudadanos.
Coldwell también aseguró que no está contemplada la reducción de precios en gasolinas, fueron subsidiadas en 2012 por casi 214 mil millones de pesos, “El subsidio más regresivo socialmente que hay en el país”.
Finalmente, dijo, sí se pretenden bajar tarifas de luz y gas.
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