El Senado de la República solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que realice un estudio de la operación y resultados obtenidos por el programa de protección a testigos colaboradores o “testigos protegidos”, desde su creación hasta la actualidad e informe al Senado al respecto.
Lo anterior, al aprobar un exhorto en el que también pide a la PGR que indique los beneficios que se han logrado con dicho programa, así como las ventanas de oportunidad y mejora que se detecten.
Asimismo, esa dependencia deberá señalar si en el análisis “se desprendiera la posible comisión de algún delito por parte de servidores públicos adscritos a él, se analice la viabilidad jurídica de iniciar las investigaciones que legalmente correspondan”.
En el dictamen avalado se subraya que según el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI), durante las administraciones de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, se erogaron más de 178 millones de pesos para cubrir los gastos relacionados con 614 personas que colaboraron con el Gobierno Federal en ese programa.
Sin embargo --se resalta-- ello no se realizó de manera responsable, pues existieron diversos casos en los que la PGR y la extinta Secretaría de Seguridad Pública “manipularon políticamente su detención”.
También, se agrega, se ha evidenciado que de acuerdo a las informaciones obtenidas por las autoridades investigadoras de los testigos protegidos, “no se reunieron las pruebas pertinentes para realizar una consignación bien sustentada”, lo que permitió que se violaran los derechos de estos mexicanos a recibir un proceso justo y público, a los debidos procedimientos judiciales y a la prerrogativa de presunción de inocencia.
Ante ello, los senadores mencionaron que de existir irregularidades en la aplicación del programa de protección a testigos colaboradores, por parte de servidores públicos, éstas deben investigarse y, en su caso, castigarse de acuerdo con lo establecido en la Ley.
De igual manera, hicieron notar la necesidad de que el Senado conozca de primera mano la información que permita dilucidar la realidad del programa, a fin de decidir con “una visión clara y objetiva” de los hechos, las mejores formas para colaborar en el perfeccionamiento de ese mandato legal.
Recordaron que tanto la Constitución, como la legislación secundaria en la materia, establecen la posibilidad de que personas que hayan estado involucradas en la comisión de un delito, contemplado como delincuencia organizada, puedan colaborar con la autoridad ministerial mediante su testimonio o pruebas que estén en su poder, a efecto de combatir a los grupos delincuenciales.
Por tal motivo, enfatizaron que no existe óbice legal alguno para solicitar a la PGR que lleve a cabo un análisis de los resultados obtenidos por el programa de protección a testigos colaboradores, en el que se establezcan los beneficios que se han logrado y las ventanas de oportunidad que se detecten.
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