La senadora panista María del Pilar Ortega Martínez propuso este jueves reformar la Constitución para crear la Fiscalía General de la República y las fiscalías generales de justicia de las entidades federativas, como organismos autónomos con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Al presentar la iniciativa ante el Pleno del Senado, destacó que la capacidad de investigación y combate del delito debe ser una tarea prioritaria en la agenda gubernamental, pues actualmente la delincuencia es la peor amenaza a la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía.
Dijo que las reformas en materia de justicia penal y derechos humanos “apuntalan la necesidad de transitar hacia la autonomía del ministerio público”.
Ello, porque en un sistema acusatorio “lo ideal es que todo órgano de acusación goce de autonomía necesaria para poder realizar sus funciones de manera imparcial y objetiva, alejada de todo tipo de influencia, dependencia o presión que pueda, en determinado momento, pervertir el ejercicio de esa función tan importante”.
Ortega Martínez señaló que de acuerdo con una encuesta realizada por un medio de comunicación en abril de 2013, de una lista de 18 instituciones, la Procuraduría General de la República se encuentra en el lugar 13, sólo un punto arriba de la policía, dos de las cámaras del Congreso de la Unión, y a cuatro de los partidos políticos, quienes se ubican en el último lugar.
En este sentido, enfatizó, un reclamo prioritario es contar con instancias de procuración de justicia profesionales, eficientes, honestas, que velen en todo momento por la exigencia histórica de procurar un real acceso a la justicia, sobre la base de su actuar científico, objetivo y más allá de toda presión o sesgo político.
Entre las principales propuestas planteadas por la senadora, se encuentra modificar el término de Ministerio Público, por el de Fiscal, conforme al nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que implica que esta figura ejerza la conducción y mando de la policía en la función de investigación.
Además, se prevé la intervención del Fiscal General de la República, respecto de la facultad del Presidente, para la restricción o suspensión de los derechos y garantías en casos de invasión y perturbación grave de la paz pública.
También sugiere eliminar la mención del Procurador General de la República para ser citado por el Congreso en el marco del informe de gobierno del Ejecutivo Federal, en virtud de que propone un procedimiento de rendición de cuentas específico a dicho organismo constitucional.
Plantea facultar al Senado de la República para designar, por el voto de las dos terceras partes, al Fiscal General de la República, así como ratificar a los fiscales adjuntos de la FGR, incluido el responsable de la atención de los delitos electorales.
La senadora indició que es necesario suprimir la atribución de la Comisión Permanente de participar en el proceso de designación del titular de la Fiscalía, así como la facultad del Presidente de la República respecto de su nombramiento.
La propuesta, que también suscribe el senador Javier Corral Jurado, se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales, Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.
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