La Cámara de Senadores solicitó a la Procuraduría General de la República y a los poderes ejecutivos de los estados y del Distrito Federal que realicen un análisis sobre la forma en que se atienden las denuncias relacionadas con la desaparición de personas que son de su ámbito de competencia.
En caso de que se desprenda la posible comisión de algún delito por parte de algún servidor o ex servidor público, enfatizaron los legisladores, se debe revisar la viabilidad de iniciar las investigaciones que legalmente correspondan.
En el dictamen que se aprobó sin discusión, los senadores reconocieron que la desaparición de personas es un fenómeno delincuencial que se ha asentado en nuestro país, dañando el tejido familiar y social de muchas comunidades.
Ante ello, advirtieron, el Estado debe responder con toda la fuerza de la ley y bajo los más estrictos estándares de respeto a los derechos humanos.
En este sentido, manifestaron que la atención a las denuncias debe ser una prioridad para la Procuraduría General de la República, sus homólogas y para las corporaciones de seguridad pública de todos los órdenes de gobierno.
“Desafortunadamente miles de personas que fueron reportadas como desaparecidas aún no han sido localizadas y más casos se suman cada día. En tal contexto, la labor de los órganos de procuración de justicia y de seguridad pública de todos los órdenes de gobierno son corresponsables de localizarlas con la mayor celeridad posible y evitar nuevos casos”.
Cabe destacar que de acuerdo con Amnistía Internacional, entre 2006 y 2012 se reportaron en nuestro país poco más de 26 mil personas como desaparecidas o no encontradas, “lo que significó que en México cada dos horas desapareció una persona”.
La mayoría de las desapariciones, se agrega en el dictamen, “se han registrado en estados donde en los últimos años ha habido elevados índices de violencia delictiva y se ha intensificado la presencia de la policía y las fuerzas de seguridad”.
Piden dar curso legal a denuncia del diputado Alanís Quintero
La asamblea aprobó un exhorto al gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, para que, a través de las dependencias competentes, dé curso legal y resuelva, a la brevedad posible, la denuncia presentada por el diputado Rubén Alanís Quintero, relativa a la presunta conversación que éste habría sostenido con un menor de edad y se deslinden las responsabilidades que legalmente correspondan.
En la exposición de motivos, se menciona que el pasado 23 de junio se difundió se un audio en el cual se escucha una presunta conversación entre un joven de 15 años y el legislador, en la cual se presupone una relación manifiesta entre ambos.
Se destaca que Alanís Quintero negó que él haya sostenido tal conversación y que probablemente es un producto editado, por lo que interpuso denuncia penal en contra de quien resulte responsable ante el Ministerio Público del Estado de Baja California.
Es importante mencionar que, en caso de ser verídica la información publicada por esos medios de comunicación, “constreñiría a la autoridad a localizar al joven, determinar su edad y, en caso de ser menor y haber sostenido alguna relación con aquél que estuviera tipificada en las leyes de Baja California, entonces, debería sustanciar las investigaciones legales que correspondan”, se aclara.
En la misma sesión, el Senado de la República pidió a la Procuraduría General de la República que analice la denuncia que David Jorge Aguilar Meraz presentó el pasado 25 de junio por el delito de operación de recursos de procedencia ilícita contra quien resulte responsable, derivado de la presunta detención de Arturo Villarreal Tijerina, en Texas.
Además, exhortó a la PGR para que remita un informe, integrado con información pública que no vulnere el proceso de investigación, sobre los avances y resultados de la averiguación previa iniciada a partir de la denuncia del diputado Humberto Alonso Morelli, en contra de 57 servidores públicos de Veracruz, por la probable comisión de delitos en materia electoral.
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