Una reforma energética profunda e integral que establezca una organización industrial competitiva y un marco institucional en el que el Estado y sus instituciones se fortalezcan, es la gran oportunidad para potenciar el crecimiento económico del país, aseguró Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano, presidente de la Comisión Reguladora de Energía.
Durante su comparecencia ante las comisiones unidas de Energía, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Primera, el funcionario manifestó que de aprobarse la reforma, se tendrá la “oportunidad de sacar de la pobreza a muchos mexicanos, dar empleo bien pagado a jóvenes y garantizar a mis hijos y a los hijos de todos ustedes energía competitiva y sostenible en todos los sentidos”.
En este contexto, destacó que el sector energético es vital para garantizar el desarrollo pleno de la persona, “no en balde una medida de la pobreza es la pobreza energética. Sin energía eléctrica para iluminar o gas para cocinar y calentar, ¿cómo se puede hablar de vida digna?, cuestionó.
La reforma, argumentó, no puede perder de vista los grandes objetivos que debe alcanzar el sector: seguridad de suministro, competitividad y sostenibilidad ambiental, social y fiscal.
Al respecto, comentó que sólo en la medida en que el sector garantice el suministro de energía a precios competitivos, se convertirá en motor de desarrollo y crecimiento económico con las implicaciones que tiene en la generación de empleos.
Debe ser sostenible, también, desde el punto de vista ambiental pues tiene que contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y porque la transición energética hacia fuentes más limpias es inevitable.
En tanto, desde el punto de vista social, debe contener reglas claras para su convivencia con las comunidades donde se asienten y en el sentido fiscal, tiene que maximizar el ingreso del Estado sin desincentivar las inversiones.
En este sentido, resaltó que los subsidios deben dejar de ser generalizados y enfocarlos a quienes verdaderamente los requieren.
Por otra parte, prosiguió, la reforma, además tiene que abarcar las distintas actividades de la industria, que van desde la exploración y producción de hidrocarburos hasta la comercialización de los productos.
Así, la propuesta debe contemplar modificaciones en la arquitectura del mercado y el marco institucional para garantizan el cumplimiento de los objetivos planteados anteriormente, puntualizó.
La organización industrial óptima en el sector de hidrocarburos y eléctrico -señaló- debe considerar la apertura de la exploración y explotación de hidrocarburos, además de los beneficios de la competencia, ya que el tamaño del mercado es muy grande para un solo operador. “No podemos tener un campeón (Pemex) sin competencia y sin fogueo”.
En el procesamiento de gas y en la producción de petroquímicos es “urgente” la apertura, mencionó, porque “si no podemos explotar en el corto plazo el gas de lutitas y sus líquidos asociados, México perderá frente a Estados Unidos la oportunidad para desarrollar la industria petroquímica por una parte y la industria manufacturera intensiva en energía térmica por otra”.
En refinación, dijo, tampoco tiene sentido la exclusividad del Estado porque no tiene renta económica al ser un negocio de margen; en tanto a lo que se refiere a transporte, distribución y almacenamiento, debe haber una separación legal o de propiedad que garantice la eliminación de barreras de entrada, conflictos de interés y subsidios cruzados y en el caso de que se requiera de un gestor de redes debe tener independencia de los jugadores.
En el sector eléctrico, añadió, la organización industrial requiere de ajustes para que los sectores industrial y comercial tengan acceso a tarifas competitivas. CFE debe poder competir plenamente con otros jugadores, separar las obligaciones de servicio universal que corresponden al Estado a través de un fondo común, de la obligación que tiene de ser eficiente, especificó.
Por otra parte, en el diseño institucional, consideró necesario señalar que al Estado le corresponden cuatro funciones: definición de la política energética, administración del patrimonio, la operación industrial y la regulación.
En este sentido, planteó fortalecer a los órganos reguladores dándoles más atribuciones, garantizándoles su autosuficiencia financiera y ratificando que su conformación se da con criterios técnicos y de manera escalonada.
Tomando en cuenta esto, las nuevas atribuciones de la Comisión en materia de hidrocarburos son: autorizar el gestor independiente de la red de transporte, vigilar y supervisar la competencia de la comercialización del gas, ordenar la separación de actividades cuando estas pongan en riesgo la competencia y opinar sobre la expansión de las redes de transporte.
Mientras que en el sector eléctrico: regular al operador independiente del sistema, vigilar y supervisar la competencia en el mercado, determinar las tarifas, regular la calidad y las condiciones generales para la prestación del servicio, establecer reglas para el acceso abierto y la separación efectiva en las redes de transmisión y distribución, opinar sobre su expansión, aprobar los costos asociados a las redes inteligentes y regular la confiabilidad del sistema.
“Una reforma energética de fondo, sólo es posible a partir de una reforma constitucional, tal como lo ha planteado el Presidente de la República y el grupo parlamentario del PAN; no obstante es el primer paso de la reforma y habrá que trabajar en el marco legislativo secundario, momento en el que la tercera iniciativa, la del PRI, será ciertamente útil”, finalizó.
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