El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, senador Miguel Barbosa Huerta, apuntó que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, representa un parteaguas, un paso de la opacidad a la clara rendición de cuentas en la vida pública.
Académicos y especialistas coincidieron en que ante la actual la caída de los precios internacionales del petróleo, la implementación de la reforma energética y el tipo de contratos que se asignan a las petroleras extranjeras para la extracción de hidrocarburos podrían llevar al país a una catástrofe económica.
El Senado aprobó en lo general, con 110 votos a favor, uno en contra, y una abstención, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública con la que se eleva a derecho humano el acceso a datos de sujetos obligados, entre los que destacan los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como partidos políticos, sindicados y fideicomisos, entre otros.
La iniciativa ciudadana en materia de revocación de mandato y segunda vuelta electoral permitiría establecer una nueva concepción de democracia ante el escenario político y social que enfrenta México, por lo que el diputado local del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, solicitó su aprobación ante la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, que preside el senador Enrique Burgos García.
Los grupos parlamentarios en el Senado de la República coincidieron en que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública es una reforma de avanzada que permitirá que los ciudadanos tengan pleno acceso a la información y hará ejercible su derecho a que los sujetos obligados rindan cuentas, a fin de generar cambios en la forma de hacer política en el país.
El Senado de la República pidió al Ejecutivo federal, que por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informe de qué manera ha participado México en la coalición multilateral contra el Estado Islámico en Iraq y Siria (ISIS), así como las acciones que ha emprendido en torno a este tema.
Los senadores Marco Antonio Blásquez Salinas, del Partido del Trabajo, y Ernesto Ruffo Appel, del Partido Acción Nacional, solicitaron al Ejecutivo federal una atención seria y humana a los jornaleros que bloquean la carretera Transpeninsular, a raíz de lo que se registran diversos disturbios.
El Pleno del Senado aprobó un dictamen por el que se recomienda al Congreso de Tlaxcala que evalúe el desempeño del Órgano de Fiscalización Superior de esa entidad e informe de manera transparente los resultados y sus resoluciones.
Es necesario eliminar requisitos en la importación de autos de Estados Unidos y Canadá, como es el certificado de origen, pues ello permitirá abatir barreras comerciales, promover la inversión y generación de empleos, apuntó el senador Ernesto Ruffo Appel.
Los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Nacional del Agua, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de Petróleos Mexicanos deben remitir un informe detallado de las acciones realizadas para remediar los daños ambientales, sociales y económicos que causó el derrame de hidrocarburo del oleoducto Madero-Cadereyta, de la refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, ubicada en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, ocurrido en agosto de 2014.
