Número-363
- Eleva a derecho humano el conocimiento de datos de los poderes de la Unión, sindicatos y fideicomisos, entre otros.
- Legisladores confían en que se pueda revertir la opacidad y corrupción, para recuperar la confianza ciudadana
El Senado aprobó en lo general, con 110 votos a favor, uno en contra, y una abstención, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública con la que se eleva a derecho humano el acceso a datos de sujetos obligados, entre los que destacan los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como partidos políticos, sindicados y fideicomisos, entre otros.
Con esta apertura a la información sobre la disposición, manejo y uso de recursos públicos, legisladores del PRI, PAN, PRD y PVEM, confiaron en que será posible abatir la opacidad y corrupción en el ejercicio público, y recuperar la confianza de la ciudadanía.
El senador David Monreal Ávila, del Partido del Trabajo, reconoció que la sociedad espera la aprobación del dictamen de transparencia; sin embargo, consideró que la opacidad en el manejo del erario abre la puerta a la corrupción y, por esta causa, México no saldrá del deshonroso lugar 103, de las 175 naciones analizadas por Transparencia Internacional.
La legisladora del Partido Revolucionario Institucional, María del Rocío Pineda Gochi, manifestó su confianza en que la nueva ley será pilar fundamental en el fortalecimiento de la democracia y marcará la ruta en la lucha contra la corrupción, por lo que llamó a la ciudadanía a ser corresponsable y participar en procesos de rendición de cuentas.
Isidro Pedraza Chávez, del Partido de la Revolución Democrática, sostuvo que fue la sociedad la que permitió que avanzara esta iniciativa, por encima de resistencias manifestadas incluso desde el Ejecutivo, por lo que será posible erradicar vicios de opacidad y corrupción de la administración pública.
La senadora María Hilaria Domínguez Arvizu, del PRI, calificó como determinante la influencia que habrá para la democracia en el país, pues la nueva norma aporta mecanismos para el combate a la corrupción e impunidad, a partir del fomento de la participación ciudadana en la exigencia de rendición de cuentas a quienes hagan uso de recursos públicos.
Del mismo grupo parlamentario, la senadora Hila Esthela Flores Escalera, detalló que el dictamen garantiza elevar los derechos humanos en igualdad de oportunidades y condiciones, sin importar condición socioeconómica, cultural, sexo, etnias, e incluso existen garantías para la población que registra algún tipo de discapacidad, en el acceso a la información de los sujetos obligados.
El senador Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional, resaltó que los avances en el derecho a la información, también son para enfrentar la lucha contra la corrupción. No obstante, dijo, “el gran faltante es la ausencia del rigor con el que el Congreso ve a otros poderes, pero no se ve a sí mismo”. De última hora, sostuvo, se introdujo en el dictamen un artículo transitorio que diluye el cumplimiento de las obligaciones de transparencia para el Congreso de la Unión.
Dolores Padierna Luna, legisladora por el PRD, destacó las obligaciones que se imponen a autoridades del sector energético para la máxima publicidad de convenios y contrataciones con empresas privadas, en tanto que la Secretaría de Hacienda estará obligada a presentar, sin restricciones, las acciones y medidas de los fideicomisos, del manejo de los créditos fiscales, exenciones fiscales, condonaciones y cancelaciones.
La legisladora del PRI Mayela Quiroga Tamez, apuntó que en adelante será responsabilidad de los legisladores cumplir con el pacto federal y garantizar la accesibilidad a la información gubernamental, en la que todos los niveles de gobierno deber asumir su responsabilidad en la rendición de cuentas.
El senador Fernando Torres Graciano, del PAN, expresó: “Estamos dando un paso fundamental en el cumplimiento” del acceso a la información, clave en los sistemas democráticos y que mantiene una relación estrecha con la promoción de los derechos humanos, el desarrollo económico, la gobernabilidad y la competitividad.
El senador Zoé Robledo, del PRD, se pronunció porque la normatividad sirva para combatir eficazmente la opacidad y corrupción que ha puesto en grave riesgo el sistema democrático, pues sólo 37 por ciento de los mexicanos piensa que la democracia es preferible a otro sistema de gobierno.
La senadora Anabel Acosta Islas del PRI, comentó que se está en la ruta para colocar a México a la vanguardia en materia de transparencia, cuidándose el respeto a datos personales y la información que sea vital para la estabilidad del Estado.
La senadora Sonia Rocha Acosta, del PAN, se pronunció por evitar que la transparencia se convierta en un “tema de moda” y se refuercen los mecanismos para que sea una condición y obligue a la rendición de cuentas a todos los servidores públicos.
Armando Ríos Píter, del PRD, sostuvo que la Ley de Transparencia cuenta con el respaldo de la sociedad civil, pues fue a partir de escuchar a organizaciones sociales, académicos y expertos que se construyó esta norma legal, concebida aun antes del Pacto por México, con miras a superar la crisis de credibilidad que enfrentan las instituciones.
El senador por el PRI, Gerardo Sánchez García, coincidió en lo anterior, al referir que los acercamientos con la sociedad civil permitieron enriquecer el dictamen para garantizar el derecho de acceso a la información y la obligatoriedad de los sujetos obligados a hacer público el ejercicio de los recursos públicos.
La legisladora Alejandra Barrales Magdaleno, aseguró que la nueva Ley de Transparencia permitirá eliminar toda posibilidad de que los sindicatos continúen en la opacidad, como ha ocurrido a la fecha, pese a que subsisten gracias a las aportaciones de recursos públicos y las cuotas de los trabajadores.
En representación del Partido Verde Ecologista de México, el senador Luis Armando Melgar Bravo destacó que esta ley dará la oportunidad a México de crecer y desarrollar una política moderna, pues sienta las bases para homologar en todo el país reglas, principios y procedimientos para un correcto ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
La senadora María del Pilar Ortega Martínez, del PAN, recalcó la importancia de dotar de mayor autonomía al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos al convertirlo en un órgano constitucional autónomo, por lo que sus resoluciones serán definitivas e inatacables, con lo que se contribuirá al afianzamiento de la democracia y del combate a la corrupción.
Del PRD, el senador Fernando Mayans Canabal reconoció que se alcanzaron importantes avances; sin embargo, acotó, todavía hay mucho trabajo por delante para erradicar la corrupción, en especial en lo referente a la opacidad en las asignaciones de obra pública por adjudicación directa a unas cuantas empresas.
El legislador por el PAN, Gabriel Ávila Ruiz, hizo énfasis en las condiciones y procedimientos para que la autoridad correspondiente pueda declarar como “reservada” alguna información, con lo que se logró mantener a salvo el derecho de la población y la debida rendición de cuentas.
En tanto que el senador Fidel Demédicis Hidalgo, del PRD, consideró que se logró sustentar las bases para desclasificar información de décadas pasadas, que es de interés público. Después de 26 años, se emite en México una ley que ataque de frente a la corrupción, con una cabal la rendición de cuentas y efectiva en la transparencia.
Mario Delgado Carrillo, legislador del mismo grupo parlamentario, acotó que el éxito del nuevo ordenamiento se medirá por su capacidad de combatir la corrupción, y el mayor riesgo en este sentido está en ámbito del sector energético, por lo que propuso incorporar al artículo 83 que todo el proceso de contratación, licitación, asignación y criterios de precalificación en esta materia sean absolutamente transparentes.
En sentido negativo, el coordinador del PT, senador Manuel Bartlett Díaz, consideró que la nueva ley no cumple con el principio de máxima publicidad porque contempla diversas excepciones depara reservar la información, por lo que es posible caer en interpretaciones erróneas en la interpretación de leyes, como la de hidrocarburos.
Finalmente el senador Alejandro Encinas Rodríguez, del PRD, expuso que los órganos garantes, como el IFAI, tendrán la obligación de hacer valer los derechos de los ciudadanos y la obligatoriedad de los sujetos obligados a entregar información en su poder, salvo las que se tengan clasificadas con base a una valoración se desclasificará o no dicha información con la máxima publicidad en favor de los ciudadanos.
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