Número-356
- Congresos locales deben ser instituciones fuertes para ejercer plenamente sus facultades de supervisión, subraya presidente de la Comisión de Federalismo, Martín Orozco Sandoval.
- Además, el Senado sugirió al gobernador de Tlaxcala que se emita a la brevedad el reglamento de la Ley de Protección y Atención a Migrantes y sus Familias.
El Pleno del Senado aprobó un dictamen por el que se recomienda al Congreso de Tlaxcala que evalúe el desempeño del Órgano de Fiscalización Superior de esa entidad e informe de manera transparente los resultados y sus resoluciones.
Del mismo modo, los senadores hicieron un llamado para que dicho organismo fiscalizador envíe los programas operativos anuales, así como los informes bimestrales sobre la evolución de sus trabajos al Congreso estatal, para que este Poder cuente con la información necesaria para ejercer su facultad de revisión.
Al presentar el dictamen, el senador Martín Orozco Sandoval, presidente de la Comisión de Federalismo, subrayó la importancia de que los congresos locales sean instituciones fuertes para ejercer plenamente sus facultades de supervisión, pues con ello se fortalece la transparencia.
Mencionó que, de acuerdo con el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso de Tlaxcala, de manera reiterada el Órgano de Fiscalización Superior ha omitido presentar tanto el Programa Operativo Anual como los informes bimestrales sobre la evaluación del trabajo de fiscalización a los recursos que se ejercen en Tlaxcala.
En otro resolutivo, la Cámara de Senadores sugirió al gobernador de Tlaxcala que atienda las disposiciones establecidas en el artículo 14 de la Ley de Protección y Atención a Migrantes y sus Familias de la entidad y emita a la brevedad el reglamento de este ordenamiento.
En el punto de acuerdo aprobado se destaca que la inexistencia del reglamento “obstaculiza el cumplimiento de la Ley y menoscaba la promoción y respeto de los derechos humanos de los migrantes”.
Dicho ordenamiento, se explica, se publicó el 10 de diciembre de 2012 en el Periódico Oficial de la entidad y en su artículo tercero transitorio establece que el titular del Poder Ejecutivo local deberá expedir dentro de los 90 días hábiles, posteriores a su entrada en vigor, el reglamento correspondiente.
Sobre este tema, la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Partido de la Revolución Democrática, consideró que se trata de “una desobediencia a la voluntad popular y por tanto un retroceso a la vida democrática del estado”, pues según diversas organizaciones, la entidad supera a otros estados en el maltrato y desatención a migrantes.
Además, desde que fue publicada la ley estatal de protección a este sector, más de 20 tlaxcaltecas habrían fallecido por diferentes causas en Estados Unidos y miles más regresan a México con el sueño de iniciar su propio negocio, pero la falta de atención, asesoría y de perspectiva de desarrollo comunitario local genera que la mayoría de estos negocios sean inversiones perdidas.
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