Versión estenográfica de la presentación de Javier May Rodríguez, Secretario de Bienestar, durante su comparecencia ante la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social del Senado de la República, en el marco de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.
Con el permiso de la senadora Elvia Marcela Mora Arellano, presidenta de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social de la Honorable Cámara de Senadores.
Estimadas senadoras y senadores, con su permiso.
Me da mucho gusto comparecer ante esta soberanía, para informar los alcances y resultados de la política social impulsada por el Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el marco del Segundo Informe de Gobierno de la presente Administración.
Como es de su conocimiento, el Presidente de la República me encargó la responsabilidad de implementar la política de bienestar del país, a través de la ejecución de los programas sociales a cargo de esta dependencia.
En materia de política social, el Gobierno de la Cuarta Transformación basa sus acciones y programas en tres principios fundamentales: la integralidad, el humanismo, el impacto positivo en el bienestar de la gente más vulnerable; todo esto a través de una administración austera y de permanente combate a la corrupción, que ha sido la principal lastre para alcanzar el bienestar de las mexicanas y mexicanos, olvidados durante los últimos 30 años.
En este Gobierno, la política social está presente en el conjunto de acciones que llevan a cabo diversas instituciones. Este es el sello característico de nuestro Gobierno; esto es lo que hace la diferencia de lo que se hacía antes.
En el actual Gobierno, la política social no se limita a los programas específicos de la Secretaría de Bienestar, sino que se articulan con los esfuerzos sectoriales de las instituciones que atienden aspectos sociales vitales como la salud, la educación, la autosuficiencia alimentaria, el cuidado al medioambiente, el empleo, el desarrollo rural y la conformación de entornos seguros para la mejora de la calidad de vida de todas y de todos los mexicanos.
Es claro que para lograr el cambio verdadero, es necesario coordinar el conjunto de las tareas sociales que despliega el Gobierno en una misma dirección. Reducir la indignante desigualdad, basada en privilegios de pocos y la miseria de muchos.
Los objetivos de la coordinación intersectorial son claros:
Avanzar en una sociedad de derechos donde podamos garantizar una buena alimentación, acceso a mecanismos para la adquisición de vivienda digna, mejorar el entorno familiar y comunitario, procurar la generación de servicios básicos de calidad, promover un modelo de desarrollo económico que mejore la calidad del empleo, conducir y diseñar propuestas viables de infraestructura social básica.
Mejorar el acceso a caminos de interconectividad, cumplir el ofrecimiento del Presidente de tener acceso universal al Internet; turnar a las comunidades los servicios financieros necesarios para impulsar la derrama económica local y garantizar lugares de recreación y acceso a la cultura en todas sus expresiones.
Antes los gobiernos neoliberales no concebían como propia la responsabilidad moral y humanista de garantizar de manera integral las necesidades básicas de la población.
Antes, desde los escritorios de los altos funcionarios, se consideraba a la pobreza como un efecto colateral inevitable que sólo era posible palear a través de programas clientelares.
Esa visión de antes, se guiaba por la simulación de una enorme corrupción que sólo profundizaron las indignantes brechas de desigualdad y aumentaron el número absoluto de personas que viven en la pobreza.
En este Gobierno la política social trabaja y tiene en el centro de su atención a los y las ciudadanas. Esa es la diferencia con nuestro actual Gobierno.
Hoy, como nunca antes, estamos atendiendo a la gente de forma directa sin intermediarios. Es una relación que está dando resultados muy positivos y que ha permitido alejar prácticas nocivas en las regiones en lo que más se necesita, el ejercicio íntegro y transparente de los recursos públicos.
Este es, sin duda, el parte aguas en la conducción de la política social que ha permitido acercar al Gobierno a la gente.
La diferencia es que este Gobierno conoce de primera mano a ras de suelo la situación que viven las comunidades más apartadas, los ejidos, localidades con mayores niveles de pobreza y marginación.
Desde los territorios y no desde los escritorios, es como el actual Gobierno ha alineado las políticas de bienestar a partir de las necesidades apremiantes de la población más vulnerable.
Esta manera de atender la política social desde abajo impide el derroche, los intermediarios políticos, los moches, los arreglos en lo oscurito y responde genuinamente a los anhelos de la gente.
Destaco que con este cambio estamos llegando a las comunidades más apartadas de nuestro país, a las comunidades de pueblos indígenas y afromexicanas.
Este nuevo modelo de acercamiento está centrado en atender de manera prioritaria a los grupos más vulnerables del país, respetando sus costumbres y promoviendo desde varias esferas su integración al desarrollo nacional.
En suma, estamos devolviendo la esperanza a la gente con resultados desde abajo.
Para este segundo año de Gobierno hemos reafirmado el objetivo fundamental de construir una nación donde nadie se quede atrás por falta de interés en sus carencias, que impulse un cambio de fondo que procure elevar el nivel de vida de millones de personas, particularmente de las más desprotegidas.
En ello estamos trabajando todos los días y en este esfuerzo se ha demostrado que cabemos todos, a pesar de las diferencias políticas. Es un ejemplo destacable de ello, lo del pasado 8 de mayo, cuando se llevó a cabo la reforma al artículo cuarto constitucional para elevar a rango constitucional los programas de pensión para el bienestar de las personas mayores, becas a personas con discapacidad y el derecho universal a la salud.
En mi consideración, es la reforma social más importante de las últimas décadas, impulsando un Estado garante de derechos para todas y todos. Es lo justo para millones de mexicanas y mexicanos, y hago un reconocimiento a esta soberanía por el esfuerzo en alcanzar los acuerdos parlamentarios que permitieron este cambio.
Como es de su conocimiento, desde el inicio de este Gobierno, los programas integrales de bienestar se han enfocado en atender a los habitantes, regiones marginadas, aisladas y que fueron abandonadas en sexenios anteriores.
Esta población, durante décadas, vive en condiciones muy difíciles. En estos momentos, nuestro país y el mundo están enfrentando uno de los mayores desafíos del siglo.
En el marco de la emergencia sanitaria, en estricto apego a las disposiciones de la Secretaría de Salud, el Presidente de la República dispuso la atención prioritaria a la población más necesitada y vulnerable.
El Gobierno determinó adelantar y entregar, incluso, casa por casa, los pagos acumulados de las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, a fin de fortalecer la economía popular y procurar mantenerse en casa y evitar los contagios.
En este contexto de emergencia sanitaria, el Gobierno de la República, el programa Pensión para el Bienestar de las personas adultas mayores, permitió otorgar un medio de sustento para que millones de familias tuvieran un ingreso seguro y pudieran permanecer seguros en sus casas.
Estimadas senadoras y senadores:
Tanto el Gobierno de la República como la Secretaría de Bienestar, estamos comprometidos con las mexicanas y con mexicanas, sin distingos de raza, color, nivel socioeconómico o preferencias políticas o sexuales.
Nuestra visión es humanista y procura el desarrollo integral de las comunidades en armonía con sus costumbres y cultura, buscando en todo momento la justicia y la democracia.
Quiero asegurarles que tanto la política social general del Gobierno de la República como los programas sociales a cargo de la Secretaría de Bienestar, como son:
Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños; Hijos de Madres Trabajadoras; Pensión para el Bienestar de las personas Adultas Mayores; Pensión para el bienestar de las personas con Discapacidad Permanente; Programa para el Bienestar de las personas en Emergencia Social o Natural, y el Programa Sembrando Vida, están diseñados con los principios de derechos sociales, sin clientelismo político, sin corrupción, sin discriminación racial de género, regional o étnico.
Quedo abierto y atento a los posicionamientos y/o a las preguntas específicas que esta Honorable Comisión pudiera tener.
Muchas gracias.
