Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Versión estenográfica de la mesa de trabajo “Hacia una reforma penal de todos y para todos”, que preside el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, con los gobernadores de Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo y Oaxaca. 

 

SENADOR RICARDO MONREAL: …de Tlaxcala y de Veracruz, respectivamente. El gobernador de Hidalgo. A Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales.

 

A María Elena Orantes (falla de audio)… Está aquí el presidente de la Comisión de Justicia, que dictaminará las propuestas e iniciativas (falla de audio)…

 

Y, el senador Eduardo Ramírez también, que ha sido un buen legislador y que ocupa la responsabilidad de presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

 

Tenemos hoy la visita de los gobernadores, porque como parte del pacto federal, han estado preocupados por la materia constitucional y penal. Esta es su casa, señores gobernadores… el Pacto Federal.

 

Les deseamos una (falla de audio)…

 

Vamos a escucharlos. Me alegra que inicie (falla de audio)… esta etapa de mayor acercamiento con los gobernadores de las entidades federativas.

 

No se había hecho en dos años, que tenemos casi de mandato y por eso celebro que la tengamos, porque espero que se multiplique. Ustedes tienen inquietudes en sus entidades federativas, cada vez que legislamos hay opiniones de los estados que ahora queremos institucionalizarlas, para que escuchemos también sus propuestas de modificación o de enriquecimiento de las normas.

 

Tenemos, entre otras cosas, sólo lo refiero brevemente un tema que a ustedes les compete de manera directa.

 

La reforma al artículo 73 constitucional, para esta reforma para facultar al Congreso de la Unión a emitir un Código Penal Nacional y a homologar los tipos penales a nivel nacional.

 

Es un tema importante porque, entre otras cosas, establece la facultad de autoridades federales para conocer delitos en el ámbito local, siempre que se encuentren involucrados servidores públicos en instituciones de seguridad pública, pero no vamos a legislar hasta que ustedes nos puedan dar su opinión y podamos avanzar en beneficio de todos.

 

También tiene que ver con penas privativas de la libertad homologada y las penas en materia sustantiva del derecho penal aplicable para el fuero federal y el fuero común.

 

El objetivo es la seguridad jurídica de las personas y la eficacia en la procuración e impartición de justicia que hoy es compleja, debido a la existencia de 33 códigos penales.

 

También tenemos en la agenda la nueva Ley General en materia de Justicia Cívica. Esta ley sería nueva, es un modelo de justicia cívica que ha sido motivo de discusión en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, incluso en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.

 

Se requiere implementar un sistema de justicia municipal que permita dar respuesta inmediata a los conflictos entre ciudadanos y faltas administrativas, a efecto de que éstos no escalen a delitos o a conductas delictivas y favorecer como sanción el trabajo a la comunidad y la canalización a centros de tratamiento de infractores con problemas de adicciones y otros factores de riesgo.

 

Hace unos años, en el 17, se reformó el artículo 73 constitucional, en el cual se establecía la facultad del Congreso para expedir una ley en materia de justicia cívica e itinerante que sigue pendiente.

 

También tenemos reformas a la Ley de Ejecución Penal, que es armonizar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para incluir a la Secretaría de Seguridad Pública como autoridad responsable.

 

Facultar a la autoridad penitenciaria para impulsar penas y penales de mayor productividad.

 

Establecer como criterios generales la rehabilitación, la resocialización de la comunidad privada de su libertad.

 

También tenemos el Sistema Integral de Justicia Penal para adolescentes, la adecuación de leyes con reformas constitucionales, Ley General en Materia de Delitos Electorales, Ley General en Materia de Desaparecidos, Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y el Código Nacional de Procedimientos Penales, que debemos armonizar las leyes secundarias también en la materia de extinción de dominio.

 

Así como la Ley Nacional de Seguridad Privada que tiene que ver con el registro y permiso único a nivel nacional para las empresas y su personal.

 

La homologación de centros de capacitación y la obligación de los prestadores de seguridad privada para actuar en auxilio de la seguridad pública, así como la regulación del uso de armas, un problema grave en el país con el ingreso ilegal de armas y la posesión ilegal también de armas de calibres distintos.

 

Y un tema clave que nos ha afectado en los últimos años y décadas, la regulación de giros negros, los llamados giros negros, es decir, una ley general que regule los establecimientos mercantiles que tienen incidencia en la seguridad pública, a fin de evitar discrecionalidad de municipio, para regular autorizaciones, horarios, consumo de bebidas alcohólicas, verificaciones y sanciones.

 

Sólo es una breve relatoría, señores gobernadores, pero lo que tenemos que destacar el día de hoy es que se inicia en esta legislatura un diálogo franco, un diálogo directo, un diálogo republicano, federalista, entre los gobernadores de las entidades federativas y el Senado de la República que le da esencia el mismo.

 

Yo espero que, en los próximos días, senador Alejandro Murat, senadores de Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo, podamos reunirnos con la Junta de Coordinación Política, Francisco, todos, las cámaras, también buscó Carlos Salazar, que estaba convocado y que no pudo llegar por cosa del vuelo, pero también está en este proceso.

 

Y yo espero que en los próximos días formalicemos también un encuentro con la Junta de Coordinación Política e instalemos esta comisión mixta para trabajar todos los temas que podamos aprobar en consenso y mejorar nuestra seguridad en los estados.

 

Ustedes, como gobernadores, quizás sean los de mayor dificultad, porque son los que se enfrentan todos los días a los problemas de seguridad pública, los gobernadores y los presidentes municipales.

 

Por eso les doy la bienvenida en este primer encuentro entre gobernadores y senadores de la República.

 

Adelante.

 

MODERADOR: Gracias, Presidente.

 

Tiene el uso de la palabra el gobernador Alejandro Murat, del estado de Oaxaca.

 

GOBERNADOR ALEJANDRO MURAT: Muchas gracias al senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, que hoy nos recibe, a un grupo plural que nos toca encabezar diferentes responsabilidades en el espacio público.

 

Quiero agradecer por supuesto, a mis compañeros y colegas, amigos gobernadores. Al gobernador Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, que hoy nos acompaña; y por supuesto al gobernador Marco Antonio Mena, de Talxcala; y entiendo, está por incorporarse el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad.

 

Quiero señalar que también, tanto el gobernador Marco Antonio Mena como su servidor, venimos con la representación de todos los gobernadores del PRI que coinciden en la necesidad de abrir el debate, la conversación y la reflexión en torno a la situación del marco jurídico del sistema procesal penal acusatorio.

 

Agradezco por supuesto a los representantes de la sociedad civil, al Presidente de la CONCAMIN, Francisco Cervantes, que también hoy nos acompaña. Y, por supuesto a la licenciada María Elena Orantes, que encabeza al grupo más vulnerable hoy: las mujeres, las niñas, con 50+1.

 

Quiero señalar primero que hay cinco ejes fundamentales que se tienen que considerar en esta discusión y reflexión. Primero, que esta discusión debe de ser para fortalecer el sistema procesal penal.

 

Segundo, que debe de recalcarse que habrá un respeto y defensa de los derechos humanos. Pero tercero, lo más importante, se debe de enfrentar con contundencia la impunidad, y esto parte del marco normativo, no de tener más policías en las calles.

 

Cuarto, que debemos también fortalecer el derecho de las víctimas. Este país hoy, México es un país de víctimas, y no hemos trabajado de manera clara y suficiente a favor de las víctimas de este país.

 

Y, quiero recalcar una vez más, los grupos vulnerables, como son las mujeres, las niñas, los niños, los adolescentes, personas con discapacidad y otros grupos.

 

Y, por supuesto, quinto, proteger a las instituciones de procuración, administración y aplicación de la justicia de nuestro país.

 

Por eso, y por último, quiero también agradecer a los senadores Raúl Bolaños Cacho, de Oaxaca; al senador Eduardo Ramírez y a Julio Menchaca, que preside la Comisión de Justicia.

 

Me honra mucho dirigirme hoy a ustedes, aquí, desde la más alta tribuna de México. Este día nos hace coincidir en un esfuerzo compartido, la vocación y la voluntad de tener un México más justo y más seguro.

 

Hoy instalamos formalmente la Mesa Interinstitucional, que se dará a la tarea de regalarnos, en una iniciativa de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, un renovado sistema de justicia penal en el país y en las entidades federativas.

 

Reconozco y agradezco la generosa, comprometida y desinteresada participación de las legisladoras, los legisladores de los Poderes Judiciales de la Unión y los estados; de los gobernadores, de las Fiscalías General de la República y de las entidades federativas, de los colegios, barras de abogados, organizaciones defensoras de derechos humanos y de los académicos de organizaciones de la sociedad civil.

 

En éste, el inicio de un gran conservatorio, un magno foro de discusión nacional sobre las reformas que necesitan nuestro sistema de procuración de justicia.

 

Son reformas que estamos no sólo considerando necesarias sino urgentes para hacerle frente de una vez por todas y con eficacia (corte de audio de origen)… nuestro tejido social y lastiman física, patrimonial y emocionalmente a lo más importante que tenemos, que son nuestras familias.

 

Le estamos apostando a un nuevo paradigma que le restituya al Estado Mexicano su condición constitucional de garante la paz y el bienestar desde la legalidad y el acceso efectivo a la justicia.

 

México, hay que decirlo fuerte y claro, no puede seguir combatiendo a la delincuencia desde una posición de pasividad y desventaja.

 

Necesitamos que los derechos humanos cuenten siempre para todos por igual pero nunca en contra de las víctimas, nunca en contra de nuestras familias y nunca en contra del bien común.

 

Ya lo dijo alguna vez el inspirador moderno del derecho penal, Cesare Beccaria: “Cuando las leyes son claras y precisas, la función del juez no consiste más que en comprobar un hecho”.

 

Y eso es precisamente lo que nos mueve, queremos hacer de nuestra ley procedimental en material penal un cuerpo de disposiciones claras y precisas que le brinden a nuestras fiscalías todos los elementos para que el respeto irrestricto a los derechos humanos no vuelva a entrar en conflicto con nuestra aspiración común, a erradicar la impunidad de nuestra vida social e institucional.

 

Tenemos una serie de propuestas, que ahorita entraré más en el fondo, pero vamos por el rescate y la institución del ministerio público, vamos por redimensionar el peso de la denuncia anónima, vamos por la ampliación temporal de las medidas de protección a víctimas, vamos por calificar el control judicial para detenciones en flagrancia, vamos por precisar y desagregar los supuestos de flagrancia, vamos por la enunciación expresa en la ley de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, que bajo ninguna circunstancia debe de ser revisable, vamos por la ampliación de los supuestos de peligro de sustracción del imputado.

 

Vamos por la ampliación de la procedencia de los acuerdos preparatorios, vamos por el aseguramiento de los vehículos que utiliza la delincuencia, sin necesidad de control judicial, vamos por el robustecimiento, el criterio de oportunidad para el ministerio público, vamos por el redimensionamiento, el ingreso a domicilios en persecución en flagrancia, vamos por la efectiva obtención de información protegida por secreto bancario, vamos por la implementación de la prueba anticipada cuando se traten menores de edad y en la investigación de delitos contra la mujer por razón de género, y, vamos, entre otras cosas, porque las declaraciones de ilegalidad de la detención sean apelables.

 

Se trata pues, de darle dientes al Estado, se trata de pasar de la pasividad a la acción, de la defensiva a la ofensiva, se trata de tener una nueva ley y de que no sea letra muerta.

 

Como decía Hans Kelsen: “No basta tener leyes válidas, necesitamos leyes eficaces”.

 

Y hoy, el Estado Mexicano carece de efectividad en contra del crimen organizado.

 

En una idea, se trata de que la investigación y persecución de los delitos, como ya lo dice la ley, se esclarezcan los hechos y se proteja al inocente, se procure que el culpable no quede impune y se repare el daño. Básicamente son los elementos que estamos buscando.

 

Sólo para darles un ejemplo de lo que acabo de señalar:

 

Uno. Competencia para solicitar órdenes de aprehensión o cateos por razón de seguridad. Vemos la problemática, traemos 21 propuestas de este tipo.

 

En la práctica, es decir, desde el lado de los gobiernos estatales, o el mismo Gobierno Federal, las fiscalías y las procuradurías se han encontrado con la dificultad, que el lugar donde se debe ejecutar una orden de aprehensión o de cateo, existen informantes, incluso dentro de las instituciones; que contengan información de las diligencias que se pretendan hacer.

 

Por eso, como propuesta, debemos de considerar en la discusión establecer, por razones de seguridad de los operadores y para el éxito de las órdenes de cateo y de aprehensión, se pueda solicitar el lugar diverso a la comisión del delito.

 

Otro ejemplo, no voy a echarme los 21, se los voy a compartir, pero creo que es importante. Problemática: la denuncia anónima y su valor para establecer líneas de investigación.

 

Problemática: las denuncias anónimas son incorporadas a la carpeta de investigación y llevadas ante el juzgador; considerando que no dan lugar a líneas de investigación, no tienen valor probatorio e incluso generan pruebas ilícitas, ya que no tienen fuente de contrastación.

 

Propuesta: teniendo en consideración que la denuncia anónima no tiene valor probatorio, una vez analizada y valorada integralmente, se evita la declaración de ilicitud probatoria por ausencia de fuente, ampliando la posibilidad de que el Ministerio Público desarrolle más líneas de investigación.

 

Y, así traemos 21 propuestas que le voy a compartir a los medios de comunicación, por supuesto al Senado de la República, presidente. Pero es fundamental, que podamos en este sentido, evaluar las problemáticas que enfrentamos en el día a día los gobiernos de los estados; pero más que los gobiernos, las Fiscalías autónomas, porque las Fiscalías deben de ser acusadores; y hoy, con todos estos elementos que hemos identificado, se complica mucho.

 

Pero no sólo eso, cuando llega al Poder Judicial, por falta de la precisión, muchas veces los jueces en su interpretación, dejan salir a los delincuentes.

 

Básicamente hoy, la víctima de acuerdo al sistema procesal penal, no tiene derechos. Su declaración no tiene carácter probatorio para poder pasar de la defensiva a la ofensiva, entre otras cosas.

 

Entonces, estos elementos claramente han creado un ambiente de impunidad en el país. Y, mientras no enfrentemos esa impunidad, claramente habrá más delincuentes, porque saben que su aversión al riesgo de ser detenidos, es muy baja y seguirá existiendo delincuencia en el país.

 

Desde nuestra perspectiva en los estados, es fundamental ampliar todos estos elementos para fortalecer a las instituciones y, lo más importante, cumplir el objetivo que tenemos: proteger a las familias mexicanas.

 

Esto es cuánto en este momento, Presidente de la JUCOPO, Ricardo Monreal, y agradezco la oportunidad de ser escuchado. Ya comenté varios de los temas que se deben de analizar, traemos las propuestas, las vamos a dejar para abrir esta mesa de discusión.

 

Yo agradezco a mis compañeros gobernadores.

 

Quiero también reiterar que hablamos con muchos otros gobernadores, gobernadora y jefa de Gobierno, y cada quien tendrá su momento para incorporarse.

 

Sé que hay una pandemia, hay desastres naturales, muchos de ellos no pudieron incorporarse por diversas razones; pero hoy estamos aquí para dar la cara a favor de México y las víctimas y las familias mexicanas.

 

Muchas gracias.

 

MODERADOR: Gracias, gobernador.

 

Le cedemos el uso de la palabra al gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez.

 

GOBERNADOR MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ: Muchas gracias.

 

Gracias al senador Ricardo Monreal, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, por su amable recibimiento y sus palabras de bienvenida.

 

Muchas gracias al senador Julio Menchaca, quien es presidente de la Comisión de Justicia del Senado.

 

Al senador Eduardo Ramírez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

 

Al senador Raúl Bolaños, muchas gracias por esta ocasión, en la cual quiero destacar, hay oportunidad de que gobernadores vengamos al Senado y planteemos temas de gran importancia, no únicamente para cada uno de nuestros estados; sino para todos los mexicanos.

 

Saludo con gran aprecio a mis compañeros gobernadores. Alejandro Murat, de Oaxaca; y a Cuitláhuac García, de Veracruz.

 

Con todo aprecio, a mi estimado amigo Francisco Cervantes, presidente de la CONCAMIN.

 

Y a doña María Elena Orantes, de 50+1.

 

Muchas gracias a todos los presentes.

 

Quiero enfatizar, de modo muy concreto, los siguientes puntos:

 

El primero, se refiere a la importancia de una mesa como esta, tanto por la oportunidad de diálogo como por su significado. Ya el senador Monreal había destacado que es la primera ocasión en la que gobernadores podemos platicar en una mesa de esta naturaleza, con el Senado de la República, y me da mucho gusto que sea con un tema de tal relevancia.

 

Celebro el hecho y quiero expresar mi reconocimiento a la Junta de Coordinación Política, y mi aprecio, estimado senador Monreal. Creo que es una forma en la cual no únicamente en este tema, sino en otros, va a ser posible que los gobiernos estatales puedan presentar puntos de vista y pueda haber una interacción y construcción de alternativas para una implicación positiva en la ley.

 

El segundo punto se refiere al motivo por el cual estamos aquí. Quiero reconocerle a mi compañero gobernador de Oaxaca, que haya tenido la iniciativa de estar delineando los puntos que se presentan en la iniciativa que él ya mencionó y detalló. Los gobernadores en general, coincidimos con la importancia del tema y su urgencia.

 

Como mencionaba ya el senador Monreal, en los estados nosotros tenemos, por un lado, la necesidad de ampliar nuestra capacidad de respuesta cuando se cometen delitos. También nuestro trabajo para poder tener elementos que prevengan la comisión de delitos.

 

Pero una vez que se detiene a las personas y se llevan ante la jurisdicción, ante los jueces para que se pueda iniciar un proceso penal; por diferentes razones encontramos muchos casos de impunidad.

 

Ya se han mencionado a lo largo de los últimos años, diferentes nombres para este hecho: la puerta giratoria, lagunas legales, huecos legales. Como queramos llamarle, tenemos un problema de impunidad muy importante que es necesario contener y comenzar a resolver de un modo definitivo.

 

Si bien el sistema legal mexicano logró hacerse de muchas ventajas a partir de sus reformas con el Sistema Penal Acusatorio, en donde se destacan los procedimientos orales; hay posibilidad de que responsables encuentren huecos para que puedan evadirse de la ley.

 

Y, en esta propuesta de reforma, se plantea en esencia que se le pueda brindar de procedimientos ágiles y de mayor efectividad a los Ministerios Públicos.

 

Si bien el Ministerio Público no es un enemigo de la persona que llega frente al funcionario a rendir declaración; debe ser un guardián de la ley; y si no tiene los procedimientos suficientes para que pueda hacerse valer la ley, va a haber una gran cantidad de recursos para que un responsable de hechos ilegales, pueda evadir las consecuencias.

 

De modo que agilizar los procedimientos, facilitarlos, modificarlos para que el Ministerio Público pueda ser más efectivo, es uno de los propósitos principales de la iniciativa por la cual estamos aquí.

 

Y, quiero destacar principalmente uno, que se refiere a la validez de las pruebas anticipadas, particularmente en el caso de menores de edad o en el caso de delitos sexuales.

 

Cuando ocurre un delito en el cual, lamentablemente se encuentra involucrado un menor de edad o un delito sexual, puede darse el caso de que la víctima o los testigos rindan su declaración, pero que una vez pasado el tiempo, no estén dispuestos a ir a juicio para volver a dar su versión de los hechos.

 

Y, esto hace que esa declaración no pueda constituirse en prueba. Es un alimento a la impunidad, que nosotros debemos impedir; es una circunstancia en la cual se afecta la efectividad de las investigaciones y también la efectividad de la ley en general.

 

Tener la posibilidad de que exista la figura de prueba anticipada, en el caso particular de menores de edad o delitos sexuales, nos permite incrementar la eficacia, tanto de las investigaciones y se respalda la posición en la cual lamentablemente se encuentran las víctimas; así como se resguarda la posición y el carácter de testigo.

 

Quiero enfatizar la importancia de que esta figura pudiera habilitarse para poder dar mayores herramientas, no solamente al ministerio público sino para reducir la impunidad en delitos, en los cuales lamentablemente se encuentra a menores de edad como víctimas, o en el caso de delitos sexuales.

 

Cierro mi participación, nuevamente reconociendo a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República esta ocasión, y agradeciéndoles su disposición amplia para que podamos tener un evento de esta naturaleza.

 

Muchas gracias a todos.

 

MODERADOR: Gracias, gobernador.

 

Ahora es el turno del maestro Cuitláhuac García, gobernador del estado de Veracruz.

 

GOBERNADOR CUITLÁHUAC GARCÍA: Buenos días.

 

Les agradezco a los senadores, senadoras, que nos permitan expresar nuestra opinión sobre esta iniciativa.

 

Hemos decidido acompañar esta presentación, porque tenemos una preocupación legítima en lo que, pensamos, algunos juzgados se han convertido en la puerta giratoria para que verdaderos responsables de la comisión de delitos evadan la justicia.

 

Nosotros hemos hecho esfuerzos grandes; les doy como referencia el que hicimos entre el gobierno de Oaxaca y Veracruz, que tenemos una zona limítrofe grande y donde bandas de delincuentes cometen sus delitos pasándose de un lado a otro, tratando de evitar la acción de la justicia local, tanto de Oaxaca o de Veracruz, mediante los acuerdos de Tuxtepec.

 

A principios de año, las fiscalías de ambos estados lograron convenios de colaboración para pasar información, tener muy identificados a los presuntos responsables y después llevarlos a la justicia.

 

En esos acuerdos logramos bastante, avanzamos mucho. Logramos poner a más de un centenar de delincuentes en disposición de los jueces y nos dimos cuenta que no era suficiente, que lamentablemente, les doy un caso, una banda que se refugiaba en Veracruz y delinquía en la zona de Tuxtepec precisamente, ustedes sabrán que Tuxtepec y Veracruz se unen a través de la región del Papaloapan, y ahí está Tierra Blanca, Tres Valles, que son municipios donde algunas de estas bandas encontraron la forma de esconderse y estar delinquiendo del lado de Oaxaca.

 

Los convenios que hicimos entre ambos gobiernos, logró que identificáramos a estos personajes, fuéramos tras ellos, nada fácil. Vimos cómo la policía ministerial, la policía del estado batalló para detenerlos; los llevó ante los jueces y sin ningún problema volvieron a salir.

 

Buscaron todas las artimañas, conocen ya bastante bien los procedimientos penales locales, federales, y lograron escabullirse.

 

La medida cautelar obviamente la incumplieron, tenían que regresar a firmar. Obviamente se sienten con un manto de impunidad y volvieron a delinquir.

 

Esta vez empezaron ejecutando a aquellos que ellos creyeron los habían delatado o habían denunciado.

 

Después de ese suceso, tuvimos como unas 10 ejecuciones por esta misma banda.

 

Hoy se encuentran libres y esta es la preocupación que tenemos.

 

Por eso un servidor ha decidido acompañar esta presentación para que se abra el debate.

 

Pensamos y partimos de la premisa de que la ley es perfectible, sobre todo en el punto de las leyes secundarias, de los procedimientos y procesos que se emanan de las constituciones; y que, con el esfuerzo de todas y todos, podría llegarse a un Código Nacional de Procedimientos Penales que garantice que aquellos que son los verdaderos culpables de la comisión de delitos, reciban la pena correspondiente.

 

Esperemos que con esta presentación se inicie el debate. No estamos aspirando a que lo presentado vaya directamente a un pleno y se apruebe tal cual.

 

Sabemos que aquí hay una riqueza de opiniones y por eso yo agradezco al gobernador de Oaxaca, a mi colega, el gobernador de Tlaxcala, que nos hayan permitido también emitir nuestra opinión de la preocupación legítima que tenemos en los estados con respecto al Código Nacional de Procedimientos Penales.

 

Ojalá esto inicie un gran debate, que ustedes vean las formas y que finalmente nos permitan también, a través de nuestros senadores, senadoras, y algunos otros más, quizá en algún foro que las fiscalías pudieran también dar su opinión, con todo gusto yo podría ser el medio para invitar a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, el actual fiscal, para que enriquezca el debate y podamos llegar a una conclusión perfectible de la ley.

 

Les agradezco la atención.

 

Senador Ricardo Monreal, le agradezco la invitación a esta apertura.

 

Muchas gracias.

 

MODERADOR: Muchas gracias, gobernador.

 

Es el turno del licenciado Francisco Cervantes, a nombre de las distintas cámaras empresariales.

 

LICENCIADO FRANCISCO CERVANTES: Muchísimas gracias.

 

Muy buenos días. Saludo a todos con gran gusto a todos los asistentes a este foro, a este diálogo, y agradezco muy en especial al senador Ricardo Monreal, Presidente de la Junta de Coordinación Política.

 

Muchas gracias, como siempre, senador; y aprovecho siempre para agradecerle todo el apoyo y la interlocución que tenemos el sector empresarial.

 

Así también como al senador Raúl Bolaños Cacho, por la oportunidad de acompañarlos el día de hoy.

 

Saludo con afecto a los senadores Julio Menchaca y al senador Eduardo Ramírez, que siempre nos hacen favor de acompañarnos.

 

Saludo con gran afecto al maestro Alejandro Murat Hinojosa, gobernador constitucional del estado de Oaxaca.

 

También al maestro Marco Antonio Mena Rodríguez, gobernador constitucional del estado de Tlaxcala.

 

Al licenciado Omar Fayad, que seguramente en algunos momentos nos acompañará, gobernador constitucional del estado de Hidalgo.

 

Y al maestro Cuitláhuac García Jiménez, gobernador constitucional del estado de Veracruz.

 

También saludo con gran afecto a la maestra María Elena Dorantes, presidenta del Colectivo 50+1.

 

En todo lo ancho y largo de la República Mexicana, se identifica una población que supera los 120 millones de habitantes.

 

Además, cabe resaltar la pluralidad cultural de nuestra población, misma que invariablemente se encuentra afectada por situaciones como: aumento a la incertidumbre y la desconfianza en todos sus niveles y perspectivas generadas por la disminución de los presupuestos en políticas públicas, sobre todo en seguridad social, los cuales impactan en los problemas de la inseguridad pública.

 

El crecimiento de la criminalidad y de la violencia que impactan a todos los sectores de la sociedad mexicana, como el homicidio, el secuestro, el robo a transeúntes, el robo a casas habitación y extorsión a negocios, el robo a autotransporte, por lograr sólo algunos.

 

No debemos omitir el aumento de la impunidad, de la corrupción, ineficacia e ineficiencia reflejada en la falta de credibilidad de las autoridades que procuran e imparten justicia, lo que genera un ambiente de incertidumbre para todos los mexicanos.

 

Es por lo anterior, que es necesario que trabajemos todos los actores presentes en el fortalecimiento del sistema penal, a efecto de evitar que los delincuentes usen la famosa puerta giratoria, que en el sector industrial lo hemos venido diciendo desde el 2016, que es algo que nos ha afectado enormemente; y que han usado como una herramienta que les permita continuar lesionando los derechos de los mexicanos.

 

Desde la perspectiva industrial, contar con un Estado de derecho sólido que genere bienestar para la población, desde el intercambio de mercancías que permiten el desarrollo de las empresas, mismas que generan empleo y que permiten al individuo desarrollarse; hasta el emprendedor que tendrá condiciones para innovar y generar esquemas que permitan el éxito de sus proyectos.

 

En los últimos años, hemos visto el deterioro de nuestro sistema de procuración de justicia, y lo que merma el ambiente de negocios y el sano desarrollo de las personas de nuestro país.

 

Los industriales estamos convencidos en fortalecer este Sistema de Procuración de Justicia que ayudará a nuestro México a que continúe por el camino del desarrollo y que nos permita estar en condiciones para competir en un escenario internacional complejo y que también nos permita seguir con un desarrollo económico y a su vez muy de la mano con un desarrollo social y, sobre todo, en condiciones seguras.

 

Felicito nuevamente al señor gobernador Murat y al señor senador Ricardo Monreal por esta iniciativa para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales.

 

Enhorabuena a todos los presentes por este espacio y este diálogo y esperemos que llegue, como decimos, a muy buen puerto.

 

Muchas gracias y nuevamente gracias y saludo con afecto a todos.

 

MODERADOR: Damos la bienvenida al gobernador de Hidalgo, licenciado Omar Fayad, y le cedemos el uso de la palabra.

 

GOBERNADOR OMAR FAYAD MENESES: Gracias, llegando y hablando.

 

Gracias senadoras, senadores, gobernadoras, gobernadores, gracias a todos los que están aquí presentes y que nos dan la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas de las inquietudes más importantes que tenemos respecto del Sistema de Justicia Penal y que creemos que debe existir la posibilidad de realizar los ajustes necesarios que permitan adecuarlo a las circunstancias que México está viviendo.

 

Y lo que les quiero comentar, debo precisar con mucha puntualidad que no se trata de ir atrás en este nuevo Sistema de Justicia Penal, de ninguna manera.


Creo que nadie de los que estamos aquí pretendería que fuera hacia atrás el sistema, pero sí tenemos que revisarlo, porque hay que hacer una serie de ajustes de lo que en la práctica ha resultado en los últimos tiempos y creo que con esto vamos a contribuir todos a que podamos ayudar al Sistema de Procuración de Justicia del Gobierno de la República y a los sistemas de procuración de justicia de cada entidad federativa.

 

Si me lo permiten, quiero compartirles algunas reflexiones muy breves respecto de esta participación que quería yo verterles a todos en dos vertientes.


La primera, exponerles que hemos venido trabajando en la Comisión de Seguridad y Justicia de la CONAGO, de la cual yo tengo el privilegio de ser el vicecoordinador, y el 18 de mayo del 2017, en sesión plenaria de la CONAGO, expuse a título personal una propuesta de reforma integral en materia de justicia penal, misma que solicité fuera discutida y analizada por todos los gobernadores, para poder construir una sola propuesta final.

 

El Pleno de la CONAGO la aprobó y acordamos discutirla a través de la Comisión de Seguridad y Justicia, se autorizó crear un grupo de trabajo especializado que celebró 10 mesas de discusión donde participaron estados, todos los estados miembros de la CONAGO, a través de sus procuradores, fiscales, subprocuradores, operadores del sistema penal, resultando como producto final una propuesta integral ya consensada.


La propuesta de reformas incluía una reforma constitucional y las demás procesales. Siguió la ruta crítica, nos habíamos planteado discutirla ampliamente con especialistas, con operadores del Sistema de Justicia, académicos y realizamos un foro donde además se incluyó la participación de la sociedad civil y con esto pudimos recoger además todas las opiniones, observaciones del Gobierno de la República, a través de la Fiscalía General, de la Secretaría de Gobernación, de las comisiones de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

 

Y posteriormente esta propuesta de fortalecimiento del Sistema Penal fue discutida en la Procuraduría de la República y en Gobernación, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y esto permitió enriquecer de manera muy importante y muy seria la propuesta que estábamos formulando.

 

Esta propuesta planteaba reformar el artículo 19 constitucional, para ampliar el Catálogo de Delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, como feminicidio, extorsión, robo a casa habitación, robo a vehículos, robo a transportes, delitos en materia de hidrocarburos, delitos relacionados con armas de fuego y explosivos y también proponía reformar el artículo 22 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos en los que opera la extinción de dominio, como son la extorsión, los delitos de hidrocarburos, petrolíferos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 

Además, proponíamos una serie de reformas y adiciones a 20 artículos del Condigo Nacional de Procedimientos Penales, con el propósito de hacer más funcional la operación del Sistema Acusatorio por parte de las autoridades y que por razones de tiempo en esa intervención, pues omito mencionar cada una de ellas, pero que se las entregaremos, si me lo permite el senador Monreal, para que todos los senadores puedan revisarla y puedan opinar sobre ello.

 

El objetivo primordial que nos habíamos planteado en esta reforma, que es una reforma de gran calado porque requiere reforma constitucional, era evitar la impunidad que la sociedad observa y detener de una vez para siempre la llamada puerta giratoria del Sistema de Justicia, en donde veíamos cómo más tardan en entrar los detenidos, un delincuente, que salir y continuar delinquiendo.

 

Era dar un giro a la justicia y poner en igualdad de derechos fundamentales a las víctimas con los delincuentes. Se trataba de ponernos en el lugar de las víctimas y agraviados y darles acceso a una justicia sensible, real y material.

 

Respondí a esta iniciativa una respuesta de equilibrar un poco el sentido de hipergarantismo que tuvimos en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, sólo equilibrar, que hacía que día a día y así ha venido ocurriendo, la sociedad genere una percepción de impunidad, de corrupción y de ausencia de Estado de Derecho.

 

El 12 de abril del 19 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformó el artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa.

 

Esta reforma incorporó los supuestos de abuso, violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo a transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, así como delitos en materia de hidrocarburos.

 

Y creo que nos quedábamos cortos en esa reforma con el tema del transporte de carga, por lo que ahora lo que queremos proponerles, sabemos que lo están analizando y trabajando los senadores, es el robo, pero no solamente a transporte de carga, al contrario, En el transporte de pasajeros, que creo que es una parte importante que quedó como ausente en la parte que se reformó el 19.

 

Y así como delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares, delitos en materia de armas de fuego y explosivos, de uso exclusivo del Ejército y la Armada y Fuerza Aérea.

 

Asimismo, se reformó el artículo 22 en los términos que se había propuesto en la iniciativa.

 

En un comparativo con la propuesta original de CONAGO, falta incluir mucho muchas cosas o faltaron de incluir muchas cosas y en ese caso creo que falta incluir el Catálogo de Delitos del artículo 19 constitucional, como delitos de prisión preventiva oficiosa a delitos como extorsión agravada, robo de vehículos y robo con violencia en transporte público de personas.

 

Asimismo, es de observar que, aun cuando la mencionada reforma constitucional al 19 se realizó, pues no se han hecho las modificaciones respectivas del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y considero faltan otras reformas procesales qué realizar.

 

Por lo tanto, en la segunda y última vertiente de esta participación era la de entregar al Presidente de la Junta de Coordinación Política una iniciativa de reforma constitucional y otra de adiciones al Código nacional de Procedimientos Penales en materia de justicia penal, derechos fundamentales de las víctimas, la cual –como dije— contiene propuestas originales de las propuestas de la CONAGO, así como otras reformas que permitirán hacer más funcional la operación del Sistema Penal Acusatorio.


La propuesta de mi amigo, el gobernador Alejandro Murat, en mucho tiene coincidencia con esta propuesta anterior que ya traíamos en la CONAGO, que es detener estas acciones que la gente cree que es por falta de compromiso de la autoridad por corrupción de la autoridad y que en verdad no es así, sino que la autoridad respeta estrictamente lo que hoy señala la ley, pero resulta ser que los señalamientos de la ley en un sistema hipergarantista, pues permiten que muchos delincuentes estén en la calle.

 

Comprendemos lo que han dicho muchas organizaciones de la sociedad civil y nos sumamos a ellas. Varias de ellas señalan que no hay que reformar el sistema, que lo que hay que hacer es otro tipo de reformas funcionales, como capacitar a los ministerios pública, más capacitación a la policía.

 

Pero si me lo permiten, decirlo en términos muy llanos, cuando aprobamos la Reforma al Sistema de Justicia Penal en México, creo que hicimos un gran sistema de Justicia Penal, pero en ese momento, pues para un país más como Suecia, Finlandia, pero no con las condiciones que guarda nuestro país, creo que no debemos pensar que cualquier ajuste que se le haga es echarlo para atrás.

 

La ley es dinámica, la sociedad es dinámica, tenemos que hacer un esfuerzo por ajustar el marco jurídico a una realidad que nos está sobrepasando.

 

Y, bueno, les hacemos un llamado, al Senado de la República, a nuestras amigas y amigos senadores, senador Monreal, de que es absolutamente necesario, para todos, para el Gobierno de la República y para los gobiernos de los estados, el que se puedan hacer estos ajustes, ajustes que no van en contrasentido de lo que significó la Reforma, pero que sí nos van a dar la posibilidad de poder tener un mejor sistema de justicia, que responda más y mejor a las actuales expectativas.

 

Porque la principal coincidencia que todos creo que tenemos, es la de proteger los derechos de las víctimas y permitir una mejor investigación, persecución e impartición de justicia, con instrumentos procesales que hagan posible el imponer sanciones a los delincuentes, todo bajo el respeto irrestricto a los derechos fundamentales.

 

Considero que de ambas iniciativas, así como de otras que podrían venir de los propios senadores, construyamos, juntos, a través del consenso, la discusión, el análisis, el debate, por los gobernadores interesados en el tema.

 

Las y los senadores de la República, con la sociedad civil, los académicos, las instituciones de la Nación, como el caso de la Suprema Corte de Justicia, los poderes judiciales de las entidades federativas, podamos construir, todos, una propuesta integral de reforma al Sistema de Justicia Penal, que, a mi juicio, es de la mayor importancia y de la mayor urgencia.

 

Justicia penal que tal vez debería incluir la revisión del Código Penal Federal, de los códigos penales de las entidades federativas, de la Ley General de Víctimas, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Púbica, así como de todo el paquete de leyes inherentes al Sistema de Justicia Penal y a la seguridad pública.

 

Por lo tanto, senador Monreal, y querido amigo, gobernador Murat: mi disposición y compromiso, como Gobernador y como Vicepresidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de la CONAGO, estoy para lo que ustedes dispongan para coadyuvar en la construcción de una propuesta que nos permita lograr el objetivo que aquí creo que he dejado, espero, con claridad planteado.

 

Muchas gracias.

 

SENADOR JULIO RAMÓN MENCHACA SALAZAR: Gracias señor Gobernador. Tiene el uso de la palabra el doctor Ricardo Monreal.

 

SENADOR RICARDO MONREAL: No sé si la licenciada Orantes quiere hacer algún comentario antes, aunque sea breve, pero para darle atención.

 

LICENCIADA MARÍA ELENA ORANTES: Gracias senador.

 

Pues primeramente saludo, de verdad, y aplaudo este espacio de diálogo, a donde como parte de la sociedad civil y sobre todo en representación de este más de 50+1, que son las mujeres, podemos estar presentes.

 

Y creo que es un gran avance de esta manera poder compartir con los senadores de la República, el compromiso del senador Monreal, que ha caracterizado siempre su vocación jurídica, pero sobre todo su entrega en este compromiso a favor de las mujeres.

 

Esta agenda de género que, desde el Colectivo 50+1, llevamos con mujeres legisladoras, exlegisladoras, académicas, mujeres del arte, juzgadoras, mujeres en la cultura y servidoras públicas, tenemos una inminente preocupación por el acelerado crecimiento del feminicidio.

 

Y agradecemos muchísimo al gobernador Monreal y a los gobernadores presentes, que un nuevo modelo de este sistema pueda permitir que esta perspectiva de género sea un punto fundamental para poder trabajar y coincidir.

 

Hemos visto la buena voluntad del Senado de la República en el trabajo de esta agenda a favor de las mujeres. El tema de paridad marcó un cambio en la historia, el tema de la violencia política.

 

Y no dudo en ningún momento que estas cifras alarmantes, estos números negros que aún persisten en este tema, como bien lo han expresado quienes antecedieron en la palabra, pues puedan ir anulando la impunidad, el manejo de los derechos humanos, la participación de las mujeres, ir dando a las fiscalías autonomía, como lo hemos hecho en el trabajo con Oaxaca, con el gobernador Murat y con el fiscal Rubén, para poder trabajar y abrir, a pesar de esta pandemia, el dar a las mujeres esta facilidad de que a través de un sistema digital, esta nueva modernidad que llegó para quedarse, permita transitar y tener esquema de menos impunidad en crímenes de odio que, por razón de género, se han vinculado a muchas mujeres victimizando, pero sobre todo dejando en la gaveta de los recuerdos y del olvido tantos feminicidios que no cesan, sino por el contrario, van a la alza.

 

Muchas gracias gobernador Murat, felicidades por este esfuerzo. Señores gobernadores, amigo gobernador de Hidalgo, gobernador de Tlaxcala y gobernador de Veracruz, qué bueno que puedan acompañar.

 

Y, Ricardo, dejar, senador Monreal, pues esto en la mesa, esperando que desde 50+1 podamos contribuir en este diálogo que seguro será muy rico, con la presencia de mi querido amigo, senador chiapaneco Eduardo Ramírez, el senador Bolaños-Cacho y el senador Menchaca, para seguir trabajando.

 

Estamos puestas y decididas las mujeres a poder construir y colaborar al lado de ustedes.

 

Muchas gracias.

 

SENADOR RICARDO MONREAL: Gracias.

 

Celebro esta reunión, se ve, se observa, se palpa lenguaje de los gobernadores que están todos los días enfrentando situaciones difíciles. Se ve que están compenetrados con los términos jurídicos y las necesidades de reformas, y me alegra que haya sido convocada esta reunión; senador Murat, senador Cuitláhuac, Omar, Marco Antonio.

 

Creo que va a ser el inicio de una serie de reuniones, que nosotros nos estamos proponiendo arribar a una propuesta de reforma hacia los primeros días del mes de septiembre.

 

En esta mesa interinstitucional participarán la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su Presidente o los ministros que designen, estarán las fiscalías de los estados también, la Consejería Jurídica de Presidencia de la República, y, por supuesto, los gobernadores, todos los que deseen participar.

 

Este primer encuentro, con estas propuestas que resumen mucho de nuestro propósito y preocupación, nos ayudará. Esta mesa se estará instalando y estará funcionando de manera plural. De parte de nosotros, de la Junta de Coordinación Política, decidiremos en unos días y Julio Menchaca, como Presidente de la Comisión de Justicia, ha estado ya avanzando en todo el tema de procuración y administración de justicia.

 

Es un tema fundamental, urge, no puede ser aplazado, no debe ser aplazado. Por eso el Senado hoy se congratula con la presencia de los gobernadores, los gobernadores no pueden estar ausentes, son los que están enfrentandotodos los días la inseguridad y el crimen organizado, la delincuencia, que no cede.

 

Por esa razón yo le pediría nos deje las propuestas, al senador Murat, al senador Omar Fayad, al senador Marco Antonio y al senador Cuitláhuac, al gobernador, perdón, bueno, fueron senadores; bueno, Omar, Omar.

 

A los otros les deseo éxito después. Es la, decía Ruiz Cortines: “la experiencia más impresionante, el estado perfecto del hombre”, ya no tanto.Pero el Senado de la República se asume como interlocutor de buena fe y, gobernador, muchas tracias por su presencia.

 

Le pediré a Julio Menchaca, establezca comunicación y coordinación con los gobernadores, también con el resto de gobernadores, porque este ejercicio debe ser plural, amplio, consensado y espero que tengamos resultados en la primera semana de septiembre, los primeros días.

 

Muchas gracias. Bienvenido Francisco; senadora Orantes. Bienvenidos a todos.

 

Muchas gracias.

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