Senado de la República

SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CELEBRADA EL MARTES 28 DE FEBRERO DE 2012.

PRESIDENCIA DEL CIUDADANO SENADOR JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN

 -EL C. PRESIDENTE JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN: (11:21 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores senadores.

 -LA C. SECRETARIA LUDIVINA MENCHACA CASTELLANOS: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 74 ciudadanos y ciudadanos, senadoras y senadores.

 En consecuencia, hay quórum, senador presidente.

 -EL C. PRESIDENTE GONZÁLEZ MORFÍN: Gracias.

 Se abre la sesión del martes 28 de febrero de 2012, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio.

 El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

 El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la gaceta del Senado.

 En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

 -LA C. SECRETARIA MENCHACA CASTELLANOS: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior.

 Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. (La Asamblea asiente)

 Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente)

 Aprobada el acta, senador presidente.

 -EL C. PRESIDENTE GONZÁLEZ MORFÍN: Muchas gracias.

 Pasamos al siguiente asunto.

 -LA C. SECRETARIA MENCHACA CASTELLANOS: Se recibió una comunicación suscrita por la senadora María Elena Orantes López, por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 1° de marzo de 2012.

 -EL C. PRESIDENTE GONZÁLEZ MORFÍN: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento del Senado, está a consideración de la Asamblea, el siguiente punto de acuerdo:    ÚNICO.- Se concede licencia a la senadora María Elena Orantes López, para separarse de sus funciones, por tiempo indefinido, a partir del 1° de marzo de 2012.

 Por no haber quien solicite la palabra, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.

 -LA C. SECRETARIA MENCHACA CASTELLANOS: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de acuerdo.

 Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. (La Asamblea asiente)

 Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente)

 Aprobado el acuerdo, senador presidente.

 -EL C. PRESIDENTE GONZÁLEZ MORFÍN: Gracias.  En consecuencia, se concede licencia a la senadora María Elena Orantes López, para separarse de sus funciones, a partir del 1 ° de marzo de 2012.

 Pasamos al siguiente asunto.

 -EL C. SECRETARIO ADRIÁN RIVERA PÉREZ: Se recibió también una comunicación del senador Manuel Velasco Coello, por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 28 de febrero del año en curso.

 -EL C. PRESIDENTE GONZÁLEZ MORFÍN: Gracias.

 En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento del Senado, está a consideración de la Asamblea, el siguiente punto de acuerdo:

 ÚNICO.- Se concede licencia al senador Manuel Velasco Coello, para separarse de sus funciones, por tiempo indefinido, a partir del 28 de febrero de 2012.  Por no haber quien solicite la palabra, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de acuerdo.

 -EL C. SECRETARIO RIVERA PÉREZ: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de acuerdo.

 Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)

 Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente)

 Aprobada el acuerdo, señor presidente.

 -EL C. PRESIDENTE GONZÁLEZ MORFÍN: Gracias.

 En consecuencia, se concede licencia al senador Manuel Velasco Coello, para separarse de sus funciones, a partir del 28 de febrero de 2012.  Pasamos al siguiente asunto.

 -EL C. SECRETARIO RIVERA PÉREZ: Asimismo, se recibieron las siguientes comunicaciones:

 Una, de la directiva de la comisión de Hacienda y Crédito Público, con la que remite el Informe de actividades de dicha comisión, del período comprendido del 16 de diciembre de 2010 al 15 de diciembre de 2011.

 Y una, del senador Alejandro González Alcocer, presidente de la comisión de Justicia, con la que remite el Informe de actividades de dicha comisión, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la actual legislatura.

 -EL C. PRESIDENTE GONZÁLEZ MORFÍN: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.    Pasamos al siguiente asunto.

 -EL C. SECRETARIO RIVERA PÉREZ: igualmente, se recibieron estas comunicaciones:

 Una, de las comisiones de Protección Civil; y de Estudios Legislativos, Segunda, por la que solicitan la devolución del dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Protección Civil.

 Y una, de la comisión de Seguridad Pública, por la que solicita la devolución del dictamen, que contiene el proyecto de decreto por la que se adiciona la fracción IV del artículo 16; y el capítulo Décimo con los artículos 39 Bis al 39 Ter, al Título Segundo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 -EL C. PRESIDENTE GONZÁLEZ MORFÍN: Esta  Presidencia instruye a la Secretaría Parlamentaria, hacer la devolución de los dictámenes descritos.    Pasamos al siguiente asunto.

 -EL C. SECRETARIO RIVERA PÉREZ: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, relativo a los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos, en el Golfo de México, hecho en Los Cabos, el 20 de febrero de 2012.

 -EL C. SENADOR PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: (Desde su escaño)  Presidentes, antes del turno…

 -EL C. PRESIDENTE GONZÁLEZ MORFÍN: Sí, senador Pablo Gómez.

 Sonido en el escaño del senador Pablo Gómez.

 -EL C. SENADOR PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: (Desde su escaño) Antes del turno, que usted debe darle a la comunicación recibida, tengo dos observaciones que hacer.

 Primero, considero que los textos completos de las comunicaciones del Ejecutivo, deben ser publicados en la gaceta.

 -EL C. PRESIDENTE GONZÁLEZ MORFÍN: Correcto, estoy de acuerdo con usted…

 -EL C. SENADOR PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: (Desde su escaño) Hoy no fue publicado en la gaceta, y no está en la gaceta electrónica, tampoco.

 Pero yo creo que debe ser publicado, antes del turno. El turno ya es un trámite que le da el presidente; pero en este momento no tenemos el documento, más que copias gestionadas.

 Pero eso es un asunto que la mesa tiene que ver.

 El otro asunto, que también debe ver el presidente, es el siguiente:    En el oficio en que el subsecretario Rubén Alfonso Fernández Aceves, envía dos documentos, el acuerdo firmado y certificado, y el memorándum de antecedentes, agrega lo siguiente:

 Dice: Que remite estos documentos, a efecto —les pido a bien a los de la Mesa Directiva, porque creo que es sesión de Mesa Directiva, ésta, ampliada— a efecto, dice: De que ese órgano legislativo tenga a bien considerar el citado acuerdo, durante su actual período de sesiones ordinarias.

 Entonces, yo le solicito al presidente del Senado, que el inquiera en la Secretaría de Gobernación, el secretario de Gobernación, una aclaración sobre este texto.

Para que nos indiquen, si el documento enviado sólo tendría validez como propuesta, durante este período de sesiones, y no después del 30 de abril, en un período extraordinario, eventualmente, o en la próxima legislatura, ya no tendría validez, sino solamente hasta el 30 de abril.

 Esto se nos tiene que aclarar.  Porque lo que dice aquí, se presta, a considerar, que la propuesta tiene vigencia hasta el 30 de abril, que según la Constitución, termina el período ordinario de sesiones.

 O bien, que nos están dando la orden, de hacerlo, antes del 30 de abril, lo cual, pues evidentemente que no podría ser aceptado por el Senado.

 Estas dos posibilidades existen.    O una tercera, que no sabemos cuál es, y que yo creo que sólo la Secretaría de Gobernación, nos lo puede aclarar.

 Entonces, yo le pido, que si no hay inconveniente, el presidente del Senado se dirija al secretario de Gobernación, que es el referente del Senado, a efecto de que nos aclare la última frase, del oficio enviado o penúltima frase, del oficio enviado por el subsecretario Alfonso Fernández Aceves.

 -EL C. PRESIDENTE GONZÁLEZ MORFÍN: Gracias, senador Pablo Gómez.

 Tomo en cuenta las dos peticiones que me hace.

 Primero, me parece que es importante que se publique, y que en todo caso, se publique en la gaceta los documentos, pero yo de todas maneras he instruido a la Secretaría Parlamentaria, para que los senadores que tengan interés en tenerlo de inmediato, puedan tener el documento completo. No tengo ningún inconveniente en eso.    Y en segundo lugar, también, veo con interés, lo que usted propone…

(SIGUE 2ª. PARTE) … ver el documento completo. No tengo ningún inconveniente en eso.

 Y en segundo lugar, también veo con interés lo que usted propone respecto al último renglón del oficio del subsecretario y voy a tomar cartas en el asunto.

 -EL C. SENADOR PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Solamente le pediría que una vez que tenga respuesta del Secretario de Gobernación nos lo comunique para saber qué quiere decir el texto de referencia.

 -EL C. PRESIDENTE GONZÁLEZ MORFIN: Con mucho gusto, senador. Y se turna el instrumento a Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte y de Energía, para su análisis y dictamen correspondiente.

 Pasamos al siguiente asunto.

 -LA C. SCECRETARIA MENCHACA CASTELLANOS: También de la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio similar de la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro con el que envía el informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2011.

 (ASUME LA PRESIDENCIA EL C. SENADOR FRANCISCO ARROYO VIEYRA)

 -EL C. PRESIDENTE FRANCISCO ARROYO VIEYRA: Remítase dicha documentación a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.

 Pasamos al siguiente asunto.

 -LA C. SECRETARIA MENCHACA CASTELLANOS: Se recibió de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal un acuerdo que exhorta al Senado a respetar las facultades conferidas a dicho órgano legislativo en materia de desarrollo urbano y servicios de transporte urbano en relación el proyecto de decreto que expide la Ley General de Transporte Urbano y Suburbano.

 -EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Túrnese ese acuerdo a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos.

 -LA C. SECRETARIA MENCHACA CASTELLANOS: Se recibieron de la Cámara de Diputados los siguientes proyectos de decreto.

 Uno que adiciona tres párrafos al artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social y uno por el que se adiciona una fracción décima tercera al artículo 50 de la Ley General de Desarrollo Social.

 -EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Túrnense ambos proyectos a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Estudios Legislativos.

 -EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: También de la Cámara de Diputados se recibió un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de educación inclusiva.

 -EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Túrnese a las Comisiones de Educación y de Estudios Legislativos Primera, para los efectos.

 -EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Asimismo, la Cámara de Diputados remitió un proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 18 y 138 bis a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

 -EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen.

 En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la tribuna al senador don José Guillermo Anaya Llamas, del PAN, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 constitucional.

 -EL C. SENADOR JOSÉ GUILLERMO ANAYA LLAMAS: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros.

 Esta iniciativa que presento el día de hoy tiene como objeto principal fortalecer los esfuerzos del Estado mexicano para combatir uno de los graves y grandes problemas de nuestra época que es la corrupción en el servicio público.

 Un aspecto que preocupa por demás a nuestra sociedad, es garantizar que quienes son funcionarios o servidores públicos cumplan con su encargo observando la ley y ejerciendo sus facultades de forma honesta y eficaz.

 Nuestro orden jurídico, desde la propia Constitución federal, establece diversas disposiciones relativas a las responsabilidades de los servidores públicos y faculta tanto al Congreso de la Unión como a las legislaturas estatales para legislar en materia de responsabilidades de los servidores público y refiere al ámbito de la ley los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos.

 Sin embargo, pese a que los esfuerzos implementados, vemos con pesar que las prácticas de corrupción siguen realizándose. Los medios de comunicación han dado a conocer diversos casos y denuncias que se han presentado en los que se han enriquecido servidores públicos de forma desmedida, con recursos públicos o utilizando el empleo, cargo o comisión para obtener beneficios económicos excesivos e injustificados.

 Hemos visto también noticias de escandalosos casos de corrupción y que aquí mismo hemos señalado, en los cuales sujetos deshonestos y sin moral alguna llegan al extremo de pedir créditos a nombre de gobiernos estatales para beneficio personal, como sucedió con el ex secretario de Finanzas del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, en donde llegaron al extremo de falsificar documentos para solicitar créditos bancarios en nombre del gobierno y después de convertirlos en deuda pública, utilizando esos cuantiosos recursos en negocios propios que beneficiaron directamente a dichos sujetos y sus familias.

 En estos últimos meses también reiteradamente se han publicado noticias que dan cuenta de la desviación del ejercicio irregular de recursos públicos en todos los niveles de gobierno. Y aún y cuando se lleven a cabo los procedimientos de responsabilidades administrativas o en su caso lleguen a imponerse sanciones penales, en la gran mayoría de los casos el erario público no ve resarcido el daño o perjuicio causado, dado que es común que se utilicen prestanombres o testaferros que generalmente quedan impunes gozando del dinero que pagan los contribuyentes para otros propósitos.

 Medidas como el embargo, incluso el decomiso de los bienes del infractor, no alcanza para resarcir el daño causado.

 En el año 2008, modificamos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros temas, el artículo 22 constitucional, fue adicionado para incluir la posibilidad de que en determinados casos relacionados con delitos señalados en el propio artículo mediante el juicio, pueda decretarse la extinción de dominio de bienes utilizados por la delincuencia para cometer ilícitos. Posteriormente este Congreso de la Unión expidió la Ley Federal de Extinción de Dominio Reglamentaria al propio artículo 22 constitucional, que determina las reglas aplicables en dicho procedimiento.

 Esta acción de Extinción de Dominio permite que aún y cuando los bienes utilizados por la delincuencia se encuentren registrados a nombre de tercera persona, dichos bienes se apliquen a favor del Estado erradicando la impunidad.

 Si bien los servidores públicos están sujetos a diversos mecanismos que permiten el finamiento de responsabilidades resarcitorias, el Estado y la sociedad se ven dañados cuando el desvío de recursos tiene como destinatario un tercero que presta su nombre para cobijar el acto de corrupción y garantizar la impunidad con el lucro obtenido a costa del erario.

 Es necesario y más que justificado, compañeras y compañeros, aplicar la Extinción de Dominio cuando haya de por medio la utilización de recursos públicos, porque si bien el daño no se causa a una persona en particular, sí se da en forma grave para la sociedad mexicana y hoy más que nunca debe de evitarse a toda costa que alguien se beneficie de la conducta ilícita de lesionar a la Hacienda Pública y a la propia sociedad mexicana. Y en tal caso debe recuperarse los bienes suficientes para el pago de los daños y perjuicios generados.

 Por ello, es más que justificado que existiendo un delito patrimonial en perjuicio de la Hacienda Pública, no exista duda ni pretexto alguno para que proceda la acción de Extinción de Dominio sobre los bienes ligados a ese delito patrimonial con lo que se garantizará que el dinero público debe siempre ser aplicado y destinado para los fines concretos que corresponda.

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, en el cual modifico el artículo 22 en su fracción segunda que quedará de la siguiente manera.

 Procederá en los siguientes casos de delincuencia organizada delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y delitos cometidos por servidores públicos que causen un daño o perjuicio patrimonial a la Hacienda Pública Federal, Estatal o Municipal respecto de los siguientes.

 Por su atención, muchísimas gracias. (Aplausos)

 -EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Gracias a usted. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de……

(Sigue 3ª parte) . . . muchísimas gracias.

 -EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA:  Gracias a usted.

 Túrnese  a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios  Legislativos.

 Se recibió de los senadores don Renán  Cleominio Zoreda Novelo, Rosario Ibarra de la Garza y José Luis García Zalvidea, Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación que se turnan a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Estudios Legislativos primera.

 Tiene el uso de la tribuna don Tomás Torres Mercado del Partido Verde Ecologista de México, para presentar Proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley de Aguas Nacionales y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

 -EL C. SENADOR TOMAS TORRES MERCADO:  Gracias ciudadano Presidente.

 Es una iniciativa que pongo a la consideración de ustedes, estimadas senadoras, senadores, y que tiene congruencia con otras que hemos formulado, particularmente vinculadas con la problemática del campo, pero también  con esto que se está convirtiendo en cíclico y no atípico como lo reclamamos de nuestras entidades de la sequía.

 Yo he escuchado y hemos debatido sobre estos aspectos y en el periodo inmediato anterior ordinario yo veía un consenso o se vislumbró cuando menos, para  institucionalizar un ente público que fuera el responsable de monitorear la sequía, y entonces  la reflexión que un servidor hacía o hacíamos  es cuáles son las políticas públicas del Gobierno Mexicano y que desde nuestra responsabilidad legislativa estamos proponiendo, estamos respaldando para incidir en esta problemática.

 ¿Qué ocurre en nuestro país? Si analizamos la lista de los países miembros de la OCDE, México puede estar en términos de inversión monetaria arriba, pero de aprovechamiento abajo.

 Lo mismo con relación  a políticas agropecuarias, traemos más de 300 mil millones de pesos en diversas vertientes vinculadas con el desarrollo rurales México,  pero fíjense nada más que paradoja, como en educación y en el tema del campo, traemos una inversión arriba del 90 por ciento por sobre Brasil.

 En el caso excepto de Uruguay es la inversión más alta, y sin embargo este país tiene un 50 por ciento de pobres,  y la verdad ese 50 por ciento está vinculado sin duda al  sector rural.

 ¿Qué está pasando? ¿Cuánto trae la Comisión Nacional Forestal de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del 2012? Más de 5 mil millones de pesos.

 El planteamiento que yo les traigo a la consideración de ustedes es para reformar adicionando la Ley de Aguas Nacionales y la Ley de Desarrollo Rural  Sustentable con dos propósitos. Muchos senadores y senadoras ahora presentes  han trabajado este asunto del campo, y hemos dado debates con relación a la continuidad y a la permanencia de programas como el PROCAMPO, con más de 15 mil millones de  pesos de presupuesto.

 Pero estoy cierto en términos prácticos que puede resultar más conveniente que no se siembre, a que se siga sembrando para cumplir con el requisito de recibir el PROCAMPO  con la pérdida permanente de las capas arables de tierra.

 Un país desertificado, un país  con PROCAMPO’s que degradan cada vez más la base aprovechable de nuestro territorio nacional. Se tira la semilla. No sería más conveniente emitir reglas de operación que cerquen las parcelas o que se alambren los potreros para que se reforesten y para que haya un rescate de la flora y de la fauna.

 Insisto, son problemas que traemos de tiempo atrás, participamos en la primera asignación del presupuesto para la Comisión Nacional Forestal, se aprovecha de cada hectárea planteada de árboles  en promedio dos árboles de 10 mil metros cuadrados.

Pero no quiero continuar  en un planteamiento escéptico, sino decirles a ustedes de que ya en el mundo existen diversos ejemplos de legislación y de programas que generan incentivos para que los productores rurales impulsen  acciones a favor del ambiente, estamos dispuestos a rescatar esas experiencias o dejaremos que el futuro  como ahora está ocurriendo nos alcance.

 ¿Cuál es el planteamiento? En lo que a aguas nacionales se refiere, sea aprovechamientos de vasos superficiales o extracción del subsuelo,  que en el título de concesión o asignación para la explotación, uso u aprovechamiento de aguas nacionales  se establezcan las acciones específicas que desarrollará cada concesionario o asignatario para garantizar la preservación del ambiente y la conservación de suelos y la recarga de las acuíferos.

 Estas acciones consistirán en la siembra de  especies forestales o el establecimiento de reservas de flora y fauna nativa por volumen de agua concesionada o asignada.

 El mismo planteamiento es con relación  a la Ley del Desarrollo Rural Sustentable, por los apoyos directos que el estado da.

 Senador Dueñas, no puede pedirse por cada mil metros cúbicos de agua un árbol o no pueden emitirse reglas de operación en el caso de desarrollo rural en los que la SAGARPA y la SEMARNAP definan los tipos,  ciclos y áreas geográficas en que deberán sembrarse las especies forestales así como la extensión y característica de la reserva  de flora y fauna emitiendo las reglas de operación.

 En otra área de cien hectáreas, por qué no preservar tres, para que se vayan ahí  las liebres o las serpientes o los pájaros.

 Este país  -concluyo, ciudadano Presidente, reconociéndole su tolerancia-   este país está lleno  de plantas de eucalipto nativas de Australia o de Casuarina, que degradan y acaban con el entorno, pero alguien hizo negocio. Eso sencillamente sí es posible de que en el marco de una inversión pública además de 300 mil millones de pesos al año, cada destinatario pueda  cuando menos hacerse responsable de un arma.

 Por su atención, y por el espacio, Presidente, muchas gracias.

 -EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA:  Gracias a usted.

 Túrnese a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos.

 Tiene el uso de la palabra  don Antonio Mejía Haro a nombre propio y de don Carlos Sotelo, del PRD, para presentar proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 21bis y 21c de la Ley Federal de Radio y Televisión.

 -EL C. SENADOR ANTONIO MEJIA HARO: Gracias Senador Presidente.

 Vamos a presentar una iniciativa, el Senador Carlos Sotelo y su servidor, con el apoyo de la Mesa Directiva de la Red, de Radio Televisión Cultural Educativa de México, donde está precisamente su Directora Mónica Ramírez, está Tere Velázquez y Juan Carlos Ortiz.

 La radiodifusión se enfrenta hoy a su mayor reto, con la convergencia de las tecnologías y la digitalización.

 La transición digital de la radio y de . . .

(Sigue 4ª parte) . . . . . . . ..  ……enfrenta hoy a su mayor reto, con la convergencia de las tecnologías y la digitalización.

La transición digital de la radio y de la televisión conlleva la obligación de las estaciones de realizar fuertes inversiones en infraestructura y equipamiento. Se requiere más de 8,000 millones de pesos para la digitalización de los medios electrónicos de servicio público, que en la ley inclusive están mal tomados en nombre como: Medios oficiales; son medios de servicio público.

Hasta la fecha no se ha contemplado en el presupuesto de egresos esa partida necesaria para la compra de equipo, para la sustitución de estudios de integración de un nuevo acervo en la alta definición con el fin de poder enfrentar el apagón analógico.

En este contexto en varios de los medios culturales y educativos del país pertenecientes a los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipales a congresos estatales e instituciones educativas, no sólo no tiene la capacidad económica necesaria para enfrentar este proceso, sino que están verdaderamente en riesgo de desaparecer.

Desde su creación se ha desestimado la importante tarea que llevan a cabo los medios públicos, ya que de acuerdo a la ley vigente no pueden obtener ingresos alternos por vía legítimas, lo que los condena a un subsidio insuficiente que limita su acceso a la tecnología.

No obstante estas limitaciones la función que cumplen los medios públicos en el país es ya de vital importancia en el fomento a la educación, a la cultura puesto que constituyen una alternativa en materia de comunicación que enriquece a la diversidad y pluralidad de México.

Es por ello, que a través de la presente iniciativa se propone reconocer los medios electrónicos del servicio público el derecho de financiar su funcionamiento con ingresos adicionales al presupuesto público que les permita resolver con éxito la transición digital.

La existencia de la radio y la televisión públicas están directamente relacionadas con la satisfacción de las necesidades democráticas, sociales, educativas y culturales de la sociedad al preservar el pluralismo de los medios de comunicación.

Por su propia naturaleza están llamadas a ofrecer propuestas de comunicación más ricas y determinantes que aquellas que tienen su sustento en la mera lógica del libre mercado y en el vaivén de las economías.

En la mayor parte de los países democráticos, modernos las políticas de promoción y estímulos para los medios públicos ha generado la existencia de sistemas de comunicación de estado no sólo eficientes, sino también competitivos en términos de calidad de la programación que difunden, pues gracias a su capacidad de cobertura e impacto colectivo fomentan la promoción de valores culturales, el impulso al crecimiento universal, la estimulación de la educación y el reforzamiento de la identidad nacional.

Con el objetivo de definir una agenda temática de trabajo de los medios públicos durante el mes de junio de 2011, se llevó a cabo en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco el Foro Mundial de Medios Públicos, coordinador por la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, A. C., que arribó a los siguientes acuerdos:

Crear marcos reguladores que garanticen el desarrollo pleno de los medios públicos.

Promover los derechos humanos en materia de comunicación y educación.

Promover la educación para los medios, y los medios públicos.

Fomentar condiciones favorables para la inclusión de contenidos públicos creados por pueblos indígenas, mujeres, jóvenes y otros sectores de la ciudadanía.

Garantizar la autonomía y la pluralidad de las líneas editoriales para crear una opinión pública crítica y creativa, entre otros.

Partiendo de estas bases, la aspiración final debe consistir en realizar una reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión para fortalecer aquellas características diferenciales que dotan a la radio y la televisión públicas de un valor añadido frente a las cadenas de gestión privada; un concepto más amplio en su función de servicio público, un mayor esfuerzo en la búsqueda de variedad, y una innovación y calidad en sus contenidos el derecho de acceso de los grupos sociales, la participación social en las decisiones.

Indudablemente que el empeño debe consistir en legislar el andamiaje jurídico necesario para garantizar que la aplicación de las nuevas tecnologías se conviertan en detonante para la democratización de las comunicaciones en no, en una nueva fuente de exclusión.

Es necesario proveer a los medios públicos de los recursos suficientes para que lleven a cabo los cambios necesarios para constituirse en una opción competitiva en el nuevo marco global de la comunicación en la era digital.

En esta línea, el proyecto de reforma que se somete a la consideración de ésta soberanía…

(SONIDO DE CAMPANILLA) -…(termino, Presidente).. propone establecer un medio, un modelo mixto de financiamiento para el funcionamiento de los medios del servicio público.

De este modo, se mantiene como forma principal la responsabilidad del Estado en el mantenimiento y desarrollo y promoción de los medios públicos, por lo que deberán recibir financiamiento público; pero también se permite cuenten con fuentes de financiamiento diversificados a saber: Donativos en dinero o en especie echos de manera libre y voluntaria por personas físicas o morales de nacionalidad mexicana; venta de productos y/o servicios acordes con su capacidad tanto legales, operativas; patrocinios, proyectos de financiamiento y convenios de co-inversión para la producción y/o difusión de contenidos afines al objetivo del servicio; y convenios y  co-inversión con dependencias y entidades de la federación o entidades federativas para el mejor cumplimiento de sus fines de interés público.

En la iniciativa se realiza una definición precisa de o que debe tenderse como patrocinio para que no exista la confusión alguna con la autorización de publicidad comercial.

Finalmente, en el mismo objetivo de permitir que los medios públicos afronten con éxito al apagón analógico que obligatoriamente tendrán que cumplir.  En la propuesta de reforma se plantea también crear un fondo público para financiar la migración y transición digital de las estaciones de radio y televisión de servicio público.

Es cuanto, señor Presidente, y por su atención, muchas gracias.

- EL C. PRESIDENTE SENADOR FRANCISCO ARROYO VIEYRA: Túrnese a las Comisiones Unidas de Radio y Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos Primera.

En el uso de la tribuna, don Ricardo Monreal, del PT para presentar proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7, 30 y 74 de la Ley de Caminos y Puentes y Autotransportes Federal; y se adiciona un párrafo al Artículo 20 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

- EL C. SENADOR RICARDO MONREAL AVILA: Ciudadano Presidente; ciudadanos legisladores, legisladoras: Quiero expresarles que esta es una iniciativa que he venido diseñando desde hace varios meses, quizás años, y que se trata sobre los caminos de cuota y peaje que en el país se han multiplicado.

La Constitución contempla la necesidad de crear, mantener y administrar estratégicamente las vías de comunicación terrestres, por lo que resulta paradójico que cuando es una obligación constitucional el mantener en buen estado los caminos, las carreteras y las autopistas hoy en todas partes el cobro del peaje por transitar a través de ellas resulte, en muchos casos desproporcionado, inequitativo y un robo para los usuarios de las mismas.

Los mecanismos empleados para violar el Artículo 11, Constitucional del tránsito de personas dentro del territorio nacional ha sido empleado perpetrando la violación y propiciando un lucro injustificado.

Se traduce, entre otras cosas esta violación al Artículo 11, Constitucional en las múltiples y costosas casetas de cobro,… (Sigue 5ª. Parte.) ...al artículo 11 constitucional, en las múltiples y costosas casetas de cobro, éstas se ubican en las entradas y salidas de urbes importantes, así como en la Ciudad de México, como en todo el país.

Ante el cobro excesivo por el uso de la estructura carretera y de los puentes, y el alza constante de los precios en estas casetas de cobro, que se actualizan cada año de conformidad con los datos del Instituto Nacional de Protección al Consumidor, se restringe el libre tránsito de los mexicanos, mexicanas y turistas que nos visitan, se acota y se viola un derecho constitucional de libre tránsito, y sobre todo se esquilma y se le disminuye en su salario al trabajador al transitar por estas vías.

Pero lo más grave, y es parte de la modificación, es que a lo largo y ancho del país se están construyendo estos caminos y autopistas de peaje y de cobro, pero no se están creando caminos alternos que debemos, por disposición constitucional, generar, establecer y mantener para los ciudadanos que no quieran hacer uso de esas autopistas de cobro.

Se está violentando el derecho constitucional de libre tránsito, y se está obligando a usar las autopistas de cuota. Todavía más, en los municipios donde había algunos caminos alternos o carreteras que generaban desahogo a la población hoy la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se los entrega a los municipios para que estos le otorguen mantenimiento, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no construye caminos paralelos a las cuotas o a los caminos de peaje y cuota.

Es un problema muy grave, senadores, es un problema muy delicado, senadoras. Sé que todos ustedes disponen de tarjeta Llave, no les interesa, por eso, presidente, mire usted, todo mundo está relajado, de los pocos que están, y no les interesa un tema tan delicado, a algunos, no a todos.

A Tere yo no estoy diciendo nada, nunca digo nada de Tere, no la menciono precisamente por lo mismo.

-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Señores legisladores, les ruego, por favor, de la manera más atenta, le pongan atención al señor Senador Ricardo Monreal. La llamada de atención no va para Tere Ortuño.

-EL C. SENADOR RICARDO MONREAL AVILA: No, no iba. Qué bueno que lo aclara, ciudadano presidente, porque sí ha sido siempre una mujer atenta.

Entonces déjenme decirles qué es lo que estoy proponiendo modificar. Estoy tratando de proponer a la Asamblea modifiquemos el artículo 7, el artículo 30, el artículo 74 y el artículo 20 de la Ley General de Comunicaciones y Transportes y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

¿Qué estoy proponiendo? Estoy proponiendo agregar lo siguiente. Para las concesiones que se refieren al capítulo de otorgamiento mediante concurso público agregar lo siguiente: Tratándose de concesiones para la explotación de caminos y puentes por concepto de peaje, las tarifas por cada 10 kilómetros de tramo no pueden rebasar el 50% del costo del litro de gasolina Magna o su equivalente, porque resulta que están subiendo de manera desproporcionada los costos del peaje, de las tarifas que año con año se incrementan. Pero además en el artículo 30 establezco: que la Secretaría podrá otorgar concesiones para construir, mantener, conservar y explotar caminos y puentes a los particulares, estados o municipios, redacción que existe, pero que se agregue: que la Secretaría garantizará el mantenimiento, la conservación o la construcción de vías alternas libres de peaje”.

Lo que sucede, señores senadores y senadoras, es que están obligando al ciudadano a usar necesariamente las autopistas de peaje, lo que resulta inconstitucional. El Estado mexicano tiene qué garantizar vías alternas gratuitas para los ciudadanos que no desean pagar en cuotas o en tarifas para transitar por carreteras.

Y además el artículo 74, que estoy proponiendo, es lo siguiente: Salvo lo dispuesto en el Artículo 74 Bis de la presente Ley, las infracciones a lo dispuesto en la misma, serán sancionadas por la Secretaría aumentando la sanción para quienes violen estas disposiciones.

Y en el artículo 20 estoy aumentando de 10 mil a 50 mil salarios mínimos para el que viole el aumento de las tarifas y el que no establezcan caminos paralelos o caminos alternos a las vías de comunicación concesionadas.

En el artículo 20 planteo que en las concesiones se fijarán las bases a que deben sujetarse los prestadores de servicio de vías generales de comunicación. Y agrego que tratándose de las concesiones para la explotación de caminos y puentes por concepto de peaje debe estarse atento a lo dispuesto por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que estoy proponiendo se modifique.

¿Qué es en síntesis lo que planteo? Primero, que no obliguemos a los ciudadanos a pagar peaje, es inconstitucional, y que el Estado mexicano pueda crear carreteras alternas para la circulación libre y gratuita de los ciudadanos que lo deseen.

Están sometiendo al país, de nueva cuenta, empresas privadas concesionadas, a que obligatoriamente transiten por sus carreteras, y se está violando el artículo 11 Constitucional con la complicidad del Poder Legislativo. Por esa razón, ciudadano presidente, le solicitaría plasme íntegra la exposición de motivos y pueda turnas esta iniciativa a la comisión correspondiente para que se inicie de inmediato su dictamen, y antes de que concluya esta legislatura pudiéramos estar votando el dictamen positivo a la misma.

Por la atención, de los que la prestaron, muchas gracias, y los que no la prestaron pues también. (Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Gracias a usted. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se concede ahora el uso de la voz a Don Adrián Rivera Pérez, del PAN, para presentar proyecto de decreto que reforman los artículos 25, 37 y 49 y adiciona los artículos 47 bis, 47 ter y 47 Quáter a la Ley de Coordinación Fiscal.

-EL C. SENADOR ADRIAN RIVERA PEREZ: Con su permiso, señor presidente.

Compañeros y compañeras:

En materia de seguridad no debemos de escatimar ni esfuerzos ni recursos. La seguridad de una sociedad no puede ser objeto de negociación o moneda de cambio de quienes no respetan la dignidad de las personas, es por ello que debemos de reforzar a la autoridad para que ejerza de manera eficaz su función en primera instancia de cobertura en la vigilancia para lograr cubrir las necesidades de una etapa que es la prevención.

En cada municipio se dan de manera compleja factores que inciden en la seguridad de sus habitantes, no podemos suponer nada más que este problema se resuelve con más armas o más vehículos, pero debemos estar ciertos que el tener el mejor equipamiento coadyuva en el desempeño de quienes afrontan a la delincuencia en las calles.

La seguridad pública es la función a cargo del Estado que tiene como fin salvaguardar la integridad y derecho de las personas, así como de preservar la libertad, el orden y la paz pública. El Estado debe de combatir las causas que generen la comisión de delitos y conductas antisociales, y debe desarrollar políticas, programas y acciones que permitan fomentar en la sociedad los valores culturales y cívicos que induzcan al respeto a la legalidad.

Dentro del ámbito municipal, la Constitución considera a la seguridad pública como la función a cargo del gobierno municipal, el cual deberá ejercerse con el concurso del Estado porque así lo determina el artículo 21 Constitucional, que establece que la seguridad pública es función a cargo de la federación…

(SIGUE 6ª PARTE) ….  Porque así lo determina el artículo 21 constitucional que establece que la seguridad pública es función a cargo de la Federación, del Distrito Federal, los Estados y los Municipios en sus respectivas competencias.

Los gobiernos municipales cuentan con los recursos económicos del Ramo 36 a través del subsidio para la seguridad pública municipal, y del Ramo 33 a través del 20 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública para atender la seguridad pública con políticas públicas locales, que resultarán efectivas para combatir la inseguridad pública en sus respetivas regiones.

Sin embargo, dichas expectativas no se logran alcanzar porque en el caso de los recursos del SUBSEMUN,  estos son recursos controlados y asignados bajo la perspectiva de una política pública desde el Gobierno Federal, y en el caso de los recursos del “FASP”,  los recursos son asignados bajo la perspectiva de una política del gobierno del Estado.

Dejando sin posibilidad la implementación de una política pública desde la perspectiva de los gobiernos municipales, que precisamente en estos gobiernos es en donde se interactúan realmente los elementos de población, territorio y gobierno, y que se puede garantizar la efectividad de una política de prevención social del delito, y no debe desde la cúpula del gobierno federal o estatal que desconoce las particularidades de los gobiernos municipales.

Los gobiernos municipales destinan parte de los recursos para atender la seguridad pública de sus localidades, pero la mayoría de estos gobiernos destina estos recursos para el pago de obligaciones financieras y el pago de derechos y aprovechamientos por conceptos de agua, lo que poco o nada se destina para atender la seguridad pública  a los municipios.

A partir de lo descrito, en el párrafo anterior, resulta fundamental desincorporar una parte del “FORTAMUN”,  para destinarlo al nuevo fondo para que con ello se obligue a estos gobiernos aplicar dichos recursos al rubor de la seguridad pública de sus localidades.

Por lo anterior, se propone crear el fondo Noveno del Ramo 33, denominado Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Municipios, se determine en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente sólo para efectos de referencia con el 0.75 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo segundo de la Ley de la materia, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto en base en lo que al efecto establezca la Ley de la Federación, para ese ejercicio.

Este fondo se entregará mensualmente por conducto de los estados de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquellas de carácter administrativo que las correspondientes a los fines que establezca la ley. 

Por lo anterior, lo que las aportaciones federales, con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Municipios, a través de los estados, se destinarán exclusivamente para atender las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes, para lo cual los municipios deberán trabajar con base en resultados.

Es por lo anterior que solicito a esta honorable asamblea nos sumemos a los proyectos que permitan reforzar a las autoridades en la preservación de la seguridad que estamos obligados a procurar. 

Compañeros y compañeras, espero en el turno a comisión podamos tener la posibilidad de aprobar esta propuesta que permitirá tener recursos a los municipios para efecto de que apliquen precisamente las políticas públicas de prevención del delito en cada uno de los más de dos mil municipios de nuestra república, y así coadyuvar con todos los operativos federales y estatales, y en ello formar un gran equipo a favor de la seguridad de nuestra nación. Es cuanto, señor presidente. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA:  Y  es mucho, señor senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, primera.

Se recibió de los senadores don Alejandro Moreno Cárdenas y don Carlos Jiménez Macías, del PRI,  un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo, que se turna  a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos. Tiene ahora la palabra el señor senador don Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del PRD  para presentar proyecto de decreto por el que se adicionan el Código Penal Federal, y la Ley que establece las Normas Mínimas sobre la Readaptación Social de Sentenciados.

-EL C. SENADOR SILVANO AUREOLES CONEJO:  Muchas gracias, presidente.  Compañeros del sonido a ver si me ayudan porque casi no se escucha, muchas gracias. Gracias compañeras, compañeros, llamo su atención en una iniciativa que presento a este pleno que tiene que ver con, o se relaciona, sin duda con los hechos recientes sucedidos en un penal del Estado de Nuevo León, resulta por demás preocupante, aberrante lo que sucede en los centros penitenciarios, es más, diría, sinceramente que ni siquiera deberían de llamarse Centros de Readaptación Social, porque no son nuevas las referencias  de que estos mal llamados Centro de Readaptación Social se han convertido más que en eso, en ser espacios en donde se pueda readaptar a un ciudadano o ciudadana que ha cometido alguna falta, se han convertido en verdaderas escuelas del crimen, porque se comente hechos aberrantes, torturas, asesinatos, abusos no solamente por las autoridades, veladores, celadores, de los penales, sino también, o sobre todo por reos que purgan sentencias por tener la clasificación de reos de alta peligrosidad.

Cito como ejemplo el caso de Apodaca, Nuevo León, cómo explicarle a los ciudadanos, cómo explicarse que el Director del Penal había sido despedido de la ciudad de México por corrupción y otras faltas, y luego haya sido el responsable del penal donde se fugaron los reos de Cieneguillas, en Zacatecas, y luego haya sido nombrado Director del Penal de Apodaca, Nuevo León, cómo entender eso, compañeras senadoras, compañeros senadores, cómo explicarle a los ciudadanos que con esos antecedentes se nombre Director de un Penal, a sabiendas del historial y de acontecimientos tan lamentables.

Sin embargo la mayor parte del debate se diluye o se pierde en haber a quien le echamos la culpa, a haber quien fue el responsable, si es responsable el Gobierno Federal por tener reos peligrosos en esos penales, o es responsable el gobierno del Estado por no aplicar de manera correcta las medidas en materia de control de confianza y de trayectoria de los responsables de estos centros.

Es más, lo más preocupante es que la inmensa mayoría hemos perdido, incluso, ya la capacidad de asombro ante tales hechos, cómo entender que vemos en la noticia el asesinato de 44 reos con palos, con piedras, con varillas, y otros instrumentos de tortura, y que solamente se quede en una nota mediática, o en una reflexión, o a veces en alguna queja ante  la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero que además  en ese hecho se fuguen 30 reos peligrosos, y luego vemos como entonces sí en la madrugada del día siguiente se hacía un gran operativo para trasladar a tres peligrosos reos detenidos en ese penal. 

Por eso, compañeras y compañeros, estoy sometiendo a su consideración una reforma al Código, al …..

(Sigue 7ª. Parte) …en ese penal.

 Por eso, compañeras y compañeros, estoy sometiendo a su consideración una reforma al Código, al artículo 85 del Código Penal Federal, que adiciona el párrafo III, que adiciona un tercer párrafo al artículo 10; se adiciona el artículo 14 de la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social.

 Es también de todos conocido que las cárceles de los 488 centros penitenciarios, solamente 7 tienen la categoría de penales federales, y en la inmensa mayoría de estos tienen una sobre población que va más allá del 100 por ciento de la capacidad que tienen los penales.

 Seguramente sí tiene que ver mucho con el problema de la corrupción, pero también con el manejo de la población en los penales.

 Es inaceptable, compañeras y compañeros, que en los penales, ya sean los penales en donde purgan condenas detenidos por causas menores, pero también aquellos que son de mediana y alta seguridad en donde se reclutan, sobre todo jóvenes por haberse robado un CD o por haberse robado un producto alimenticio o por alguna causa menor, termino, Presidente, por alguna causa menor estén mezclados con los reos llamados “De alta peligrosidad”. Eso es inaceptable, que todavía a estas alturas, con toda la información de que se dispone, con todos los instrumentos jurídicos y con todas las instancias, se siga permitiendo esta mezcla de reos, que sin duda solamente generan mayor capacidad desde estos espacios para las extorsiones, para los asesinatos y para que desde dentro de los penales los reos sigan manejando las bandas que delinquen fuera de ellos.

 Por eso someto a su consideración, compañeras y compañeros, la siguiente propuesta.

 Artículo 1º.- Se adiciona una fracción V y se adiciona el último párrafo del artículo 88 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

 Capítulo III, libertad preparatoria y retención.- No se concederá la libertad preparatoria a los sentenciados por alguno de los delitos previstos en este código, que a continuación se señalan.

 Inciso m).- Los cometidos por servidores públicos y contra la administración de la justicia, título décimo y undécimo, los sentenciados, por las conductas previstas en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

 En el artículo 10, los centros penitenciarios informarán de manera semestral a la autoridad correspondiente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal o Local si se trata de centros penitenciarios locales acerca del monto y distribución de las percepciones que hace el referencia el párrafo anterior.

 “Ningún interno podrá desempeñar funciones de autoridad o ejercer dentro del establecimiento, empleo o cargo alguno”.

 Artículo 14-bis, primer inciso, instalación de cámaras de video, de vigilancia y de circuito cerrado en los dormitorios, módulos, locutorios, niveles, secciones, estancias, cuya señal será trasmitido de manera conjunta a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

 Fracción V.- Vigilancia permanente de todas las instalaciones del centro penitenciario por personal de custodia capacitado y que haya aprobado los niveles de confianza correspondientes.

 Ciudadano Presidente:

 Le ruego  --por cuestiones del tiempo--  se integre íntegro el texto de la exposición de motivos al Diario de los Debates.

 Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias.

 -EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, y túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.  -Tiene el uso de la voz Don Alberto Villarreal García, a nombre propio y de la Senadora Adriana González Carrillo, del PAN, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Educación, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

 -EL C. SENADOR ALBERTO VILLARRAL GARCIA: Gracias, Presidente.

 El día de hoy, ante las graves carencias de nuestro sistema educativo, es necesario reconocer que el acoso escolar, o mejor conocido como Bullying, es uno de los principales motivos por lo que nuestros alumnos de educación básica, tanto en instituciones públicas y privadas, no alcanzan una promoción escolar de calidad debido al hostigamiento de otros compañeros y a la ineficiencia de los docentes por poner fin a esta situación.

 Esa práctica que se vuelve frecuente en los niveles de secundaria y preparatoria, en otras partes del mundo se está adaptando, incluso, a la tecnología, dando como resultado el cyber bullying, es decir, el acoso a través de Internet, específicamente en páginas Web, blogs o correos electrónicos.

 El número de niños y niñas y jóvenes que se quitan la vida a consecuencia del bullying, va en aumento, por lo que es urgente tomar acciones en contra de este fenómeno que viola el libre derecho psicosocial de los menores dentro de todo el territorio nacional, más aún por el compromiso que ha adquirido el Estado en la salvaguarda de los derechos humanos.

 A pesar de que México ratificó su adhesión a la Convención Sobre Derechos del Niño, con lo que se comprometió a tomar medidas para garantizar la no discriminación de las niñas y niños, según el estudio internacional sobre enseñanza y aprendizaje elaborado por la OCDE, nuestro país ocupa el primer lugar con mayor violencia verbal, física y psicológica entre alumnos de educación básica, pero también tiene a los maestros menos preparados y más faltistas.

 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia determinó: que en muchas escuelas en México, discriminan a los alumnos de pocos recursos, a los indígenas, a las niñas, los habitantes del campo, las madres adolescentes, a los que tienen alguna discapacidad o problema de aprendizaje.

 En julio del 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, advirtió que el incremento en el acoso escolar representa un riesgo para más de 18 millones que cursan la primera y la secundaria.

 De esta forma, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 8 de cada 10 alumnos, sufren de abuso escolar.

 Sin embargo, según la encuesta de parametría, solamente el 23 por ciento de los padres dijo: desconocer la existencia de los mismos.

 Cabe mencionar que ante esta situación, el pasado 25 de mayo del 2011, se presentó la Iniciativa de Ley para Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Acoso Escolar en el Distrito Federal por parte de la Diputada Mariana Gómez del Campo, misma que fue aprobada en diciembre de ese mismo año y cuyo contenido comprenden: la creación del Consejo para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Acoso Escolar en el Distrito Federal; comités de convivencia escolar, y una línea telefónica de denuncia a cargo de la Secretaría de Educación Local.

 Asimismo, el 29 de noviembre del 2011, el Gobierno del Distrito Federal y la Federación Mundial de Asociaciones, Centros y Clubs (UNESCO), suscribieron un convenio para abatir el fenómeno del bullying entre los niños y los jóvenes.

 Con esta acción, la Secretaría de Educación revisa acciones en las escuelas capitalinas para garantizar a los niños y los jóvenes el derecho a una educación libre de violencia.

 El documento retoma la propuesta de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, de garantizar el pleno cumplimiento de los derechos humanos para erradicar la violencia, no obstante, es necesario que los esfuerzos sigan incrementándose con el fin de garantizar la defensa de los menores en sus centros educativos, y que los primeros años de su formación no se vena truncados por la carencia del Estado para garantizar su desarrollo.

 Por lo tanto, la reforma que hoy proponemos…

(Sigue 8ª. Parte) …por la carencia del Estado, para garantizar su desarrollo.

 Por lo tanto, la reforma que hoy proponemos, tiene la finalidad de otorgar facultades a la Secretaría de Educación Pública, para abatir el fenómeno y coordinar las acciones en todo el territorio nacional, por medio de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.    Dicha atribución, también se plasma en la Ley General de Educación, en su carácter de ordenamiento rector en materia educativa, a nivel nacional; con el objeto de que la educación que imparte el Estado, en sus diversas modalidades, tenga como fin, la realización de acciones y la prevención de estas conductas.    Asimismo, la reforma tiene la finalidad de establecer que el combate a la violencia física, verbal, moral o de cualquier otro tipo, cometido por estudiantes en contra de otros estudiantes, será criterio que oriente la educación imparta el Estado y sus organismos descentralizados.    Para este efecto, se adicionan, también, el capítulo decimocuarto, y los artículos 42 bis a 42 bis 4, a la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para incluir que los poderes federales y las entidades federativas, adoptarán medidas legislativas y administrativas necesarias, para erradicar este tipo de conductas y garantizar el derecho de niñas y niños adolescentes a asistir a escuelas públicas y/o privadas, libres de violencia.    Se promueve que los autores de las conductas de violencia y/o acoso escolar, sean acreedores a las siguientes sanciones:

1. Se levantará un reporte al autor o autores especificando la conducta realizada, y las sanciones a las que se han hecho acreedores.  La dirección de la escuela citará a los padres o tutores de los agresores, para informarles del comportamiento de su hijo o pupilo, y solicitará que se comprometa a tomar las medidas a su alcance, para inhibir este tipo de conductas.

Número 2. En caso de reincidir, se suspenderá a los alumnos o  al alumno por el tiempo que la dirección considere adecuado y durante este tiempo se encargará a los infractores la realización de trabajos especiales, a fin de que reflexionen sobre su proceder.

Número 3. En caso de que estas conductas continúen, los alumnos infractores serán dados de baja de la escuela y reubicados en otras, donde exista un lugar para ello.

 4. Independiente de lo dispuesto por los incisos anteriores, los padres o tutores podrán acudir ante el Ministerio Público competente, en caso de que la realización de tales conductas, resulte en la comisión de un delito.

 5. Los directores, profesores, prefectos, personal administrativo podrán ser sancionados, desde una suspensión temporal sin goce de sueldo, hasta la inhabilitación definitiva, dependiendo de la gravedad del caso, cuando toleren o permitan la violencia o el acoso escolar y oculten a los padres o a las autoridades los casos de violencia, acoso escolar y represalias.

 Y, finalmente, si me lo permite, el presidente.

 La Secretaría de Educación Pública, apercibirá a la escuela en que ocurran actos de violencia o acoso escolar, a fin de que tome las medidas necesarias, para que cesen este tipo de actos.

 Muchas gracias. (Aplausos)

 -EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Senador Villarreal García y Domínguez, ¿tiene inconveniente en que se sume la senadora Menchaca?

 Bueno, y varios de los ilustres senadores, a quien la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, entre otros, don César Leal, va a recabar su firma… el senador Andrade, en fin…

 Túrnese a las comisiones unidas de Educación; y Estudios Legislativos, Primera.    En otro apartado del orden del día, tenemos la primera lectura al dictamen de las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Transporte Urbano.

 Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la gaceta del Senado de este día, y de acuerdo al nuevo Reglamento, se declara como de primera lectura.

 Pasamos también a la primera lectura, a un dictamen de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 3 de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México del Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo.

 Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la gaceta del Senado de este día, y de acuerdo al nuevo Reglamento, queda de primera lectura.

 Enseguida tenemos la primera lectura, a un dictamen en sentido negativo, de las comisiones unidas de Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

 Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la gaceta de este día, y de acuerdo a la normatividad vigente, queda de primera lectura.

 Pasamos a la discusión de un dictamen de la comisión de Seguridad Pública, el dictamen se encuentra publicado, se ruega a la Secretaría dar lectura a la parte resolutiva.

 -EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Doy lectura a la parte resolutiva del dictamen.

 ÚNICO.- Que el Senado de la República exhorte de la manera más respetuosa, a la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito, a elaborar un padrón del número de huérfanos por violencia, registrados en el país, e informe a esta soberanía, sobre las acciones emprendidas para la atención de este sector vulnerable.

 Es todo, señor presidente.

 -EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Está a la consideración del pleno…

 El senador  don Luis Waltón, tiene el uso de la voz.

 -EL C. SENADOR LUIS WALTÓN ABURTO: Con su permiso, señor presidente.

 Con el permiso de todos los compañeros senadores.

 Me he inscrito para razonar el voto del dictamen a discusión, porque estoy al favor del mismo, pero me parece, que resulta insuficiente el resolutivo.

 El tema de los huérfanos en el país, es un asunto muy delicado.  Dentro de las causas que originan la orfandad, se encuentra el robo de menores, que en muchos casos no son devueltos a sus hogares.

 El abandono por parte de los padres. Y obviamente, la muerte de los progenitores, ya sea por accidente, enfermedad o bien por ser víctimas de algún acto delictivo.

 Precisamente este último punto, debe ser atendido con urgencia.  Porque la violencia en el país, ha incrementado el número de huérfanos.    Estamos inmersos en un conflicto interno, entre el gobierno y el crimen organizado. El discurso dominante y las acciones imperantes han definido genéricamente una frontera errónea, entre los buenos y los malos.  Señalando a un enemigo interior, cuyo razonamiento equivocado, supone que la lucha se va ganando, porque mueren más del otro bando.

 Sin estar formalmente en guerra civil, México tiene cinco mil desapariciones forzadas. Y más de 60 mil muertos violentos. De las cuales, el 95 de los por ciento de los casos, ni averiguación previa existe.

 Hay fuentes periodísticas, que señalan que son entre 50 y 60 mil los huérfanos, que ha dejado esta guerra contra el narco.

 Sin embargo, se trata de especulaciones, aproximaciones y nada en concreto.

 Nosotros hemos manifestado, hoy en día, se dice, que hay 50 mil ejecutados y 10 mil desaparecidos, que al fin y al cabo, son muertos. Y si nosotros razonamos, esos 60 mil muertos, yo les pregunto, compañeros senadores y senadoras,  me pregunto…

(SIGUE  9ª .PARTE) … 60 mil muertos. Yo les pregunto, compañeros senadores y senadoras, y me pregunto qué responsabilidad tiene una esposa, una compañera o una madre de unos hijos de estos delincuentes, qué responsabilidad tiene la compañera o la esposa. Y todavía aún peor, qué responsabilidad tienen los hijos de ese delincuente que tienen 3,4 ó 5,6 ó 8 ó 10 años. Y en México totalmente esos niños en el abandono.

 Y si hablamos de 60 mil personas, quiero pensar en que cada pareja tenga dos o tres hijos, vuelvo a decir, qué culpa tienen esos niños y qué apoyo les ha dado el gobierno, porque son niños que quedan huérfanos, que no van a ir a la escuela, que no tienen un apoyo económico, y qué esperamos y nos preguntamos y les pregunto, señores senadores, a dónde van a esos niños sin el apoyo de ir a la escuela y sin el apoyo de ir al gobierno. Van a ir a la delincuencia.

 Y si son 60 mil, en un promedio de dos o tres estamos hablando de 120 mil ó de 180 mil personas que van a ir directamente a la delincuencia.

 Por eso hemos propuesto respetuosamente al Ejecutivo que inició esta guerra y esta confrontación que haya una partida especial para todos estos huérfanos del país.

 Si bien es cierto que hay apoyos a otras personas, por qué no a los huérfanos de este país. En especial les pido a los compañeros senadores y senadoras del PAN, que razonen lo que estoy planteando.

 No se trata de que estemos diciendo que ya hay una ley y que no esperemos a que la ley esté en orden para que se pueda dar el apoyo. Por estoy solicitando que le hagamos un exhorto al ciudadano Presidente para que destine una partida especial para que de inmediato se atienda este problema y que las leyes sigan adelante y cuando ya estén totalmente en orden, entonces que se retire la partida. Pero de inmediato tiene que haber una partida para esos niños.

 Por eso propongo que el punto de acuerdo quede de la siguiente manera.

 Esta Honorable Asamblea exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo Federal para que destine una partida presupuestal especial encaminada a atender todos los huérfanos del país, sobre todo a los que sean menores de edad, independientemente de la causa por la que se encuentran en esta situación, mediante el diseño de políticas públicas y programas de protección y ayuda psicológica y acceso a la salud.

 La entrada y permanencia a la educación de todos los niveles, con apoyos económicos y demás acciones de corte social que garanticen y que apoyen a estas personas que se encuentran huérfanas.

Es tanto. (Aplausos)

 -EL C. PRESIDENTE AUREOLES CONEJO: Señor senador Walton, le consulto si está solicitando que se adicione o sustituye el propuesto. Que se adicione.

 Ruego a la secretaría, entonces, consulten en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada por el senador Walton.

 -EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Consulto a la asamblea, en votación económica, si la propuesta de adición hecha por el senador Walton se admite a discusión.   Las senadoras y senadores que estén porque se admita a discusión, favor de manifestarlo levantando la mano. (La asamblea asiente)

 Las senadoras y senadores que estén porque no se admita a discusión, favor de manifestarlo levantando la mano. (La asamblea no asiente)

 No se admite a discusión.

 -EL C. PRESIDENTE AUREOLES CONEJO: Permítame, senador.

 Sí, senador Walton. A ver, sonido en el escaño del senador Walton.

 -EL C. SENADOR LUIS WALTON ABURTO (Desde su escaño): No estoy de acuerdo y solicito la votación electrónica. -EL C. PRESIDENTE AUREOLES CONEJO: ¿Alguien más lo apoya, senador Walton, en esta petición?

 Ábrase, entonces el sistema electrónico hasta por tres minutos para recoger la votación nominal.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

 -EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Señor presidente, con el voto manifestado en el sistema electrónico de los señores senadores, sí se admite a discusión.

 -EL C. PRESIDENTE AUREOLES CONEJO: Gracias, secretario. Está a discusión la propuesta presentada por el senador Walton.

 Al no haber quien haga….

 A ver, sonido en el escaño del senador.

 -EL C. SENADOR RAMON GALINDO NORIEGA (Desde su escaño): Gracias, presidente. Entiendo que se requieren dos terceras partes para aceptarlo a discusión. Y aquí no se tomó en cuenta más que la mayoría simple.

 -EL C. PRESIDENTE AUREOLES CONEJO: Lo que se puso a votación, senador, es si se admite a discusión o no el dictamen, y para eso requiere mayoría simple, la adhesión al dictamen, la propuesta de adhesión al dictamen.

 Como hubo mayoría simple, se acepta a discusión…..

  (Sigue 10ª parte) . . . la propuesta de adhesión al dictamen.

 Como hubo mayoría simple, se acepta a discusión y ahora está a discusión la propuesta que ha hecho el Senador Walton.

 Al no haber quién haga uso de la palabra, Secretario, le ruego ponga a consulta a la Asamblea, si se aprueba la propuesta con el agregado que ha hecho el Senador Walton.

 -EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Con mucho gusto, señor Presidente, y una súplica  del Secretario, por favor, señores senadores, es muy importante, y les solicito que por favor manifiesten su voto levantando la mano para evitar tener que  volver a someterlo a votación.

 Consulto a la Asamblea, en votación económica, si la propuesta del Senador Walton es de aprobarse.

 -Las senadores y senadores que estén porque se apruebe, favor de manifestarlo levantando la mano. (La Asamblea asiente)

 -Las senadoras y los senadores que estén porque no se apruebe, favor de manifestarlo levantando la mano. (La Asamblea no asiente)

 -Señor Presidente, se aprueba la propuesta.

 -EL C. PRESIDENTE AUREOLES CONEJO: Ahora, ciudadano Presidente, Secretario, perdón, ruego, consulte a la Asamblea, si es de aprobarse la propuesta completa  con el agregado que ha hecho el Senador Walton.

 -EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si la propuesta ya con el agregado del Senador Walton  es de aprobarse.

 -Las senadoras y senadores que estén porque se apruebe, por favor, manifestarlo levantando la mano. (La Asamblea asiente)

 -Las senadoras y senadores que estén porque no se apruebe, favor de manifestarlo levantando la mano. (La Asamblea no asiente)

 -Aprobada la propuesta  con la adición, Presidente.

 -EL C. PRESIDENTE AUREOLES CONEJO: Gracias Secretario.

 Aprobada la propuesta.

 Comuníquese.

 Pasamos ahora a la discusión  de otro dictamen de la Comisión de Seguridad Pública.

 Debido a que se encuentra publicado en la gaceta del día de hoy, solicito a la Secretaría dé lectura  a su parte resolutiva.

 -EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Doy lectura al resolutivo del dictamen.

 UNICO.- El Senado de la República solicita respetuosamente  al Ciudadano Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Ingeniero Héctor Murguía  Lardizábal,  a presentar un informe sobre las medidas y protocolos de seguridad  implementados y a implementarse  para proteger a los integrantes de la policía municipal de esa ciudad en el ejercicio de sus funciones.

 Es todo, señor Presidente.

 -EL C. PRESIDENTE AUREOLES CONEJO: En consecuencia está a discusión el dictamen.

 Ha solicitado el Senador Ricardo Monreal que su funcionamiento con respecto al dictamen sea incorporado  al Diario de los Debates.

 No habiendo más senadoras  o senadores que soliciten hacer uso de la palabra, ruego al Secretario, consulte, en votación económica si es de aprobarse  el dictamen correspondiente.

 -EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Consulto a la Asamblea, en votación económica si el  dictamen con punto de acuerdo es de aprobarse.    -Las senadoras y senadores que estén  porque se apruebe, favor de manifestarlo levantando la mano. (La Asamblea asiente)

 -Las senadoras y senadores que estén porque no se apruebe, favor de manifestarlo levantando la mano. (La Asamblea no asiente)

 -Aprobado el punto de acuerdo, Presidente.

 -EL C. PRESIDENTE AUREOLES CONEJO: Aprobado el dictamen.

 Comuníquese.    Tenemos ahora  la discusión de dictámenes de la Comisión de Agricultura y Ganadería que contienen puntos de acuerdo.

 Debido a que se encuentran publicados en la gaceta del día de hoy, solicito a la Secretaría dé lectura sólo a la parte resolutiva.

 -LA C. SECRETARIA MENCHACA CASTELLANOS: Gracias Senador Presidente, doy lectura al dictamen.

 Primero.- El Senado de la República exhorta al Instituto Nacional de Ecología y al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas  y Pecuarias respectivamente a que realicen conjuntamente un estudio sobre la industria vitivinícola del país para determinar los efectos del cambio climático, que a su vez permita diseñar un programa que coadyuve con al implementación de estrategias y acciones para hacer frente a los mismos.

 Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular  de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que implemente un  programa para mantener la producción y fomentar la productividad de la industria vitivinícola ante los efectos del cambio climático.

 Doy lectura a otro dictamen.

 UNICO.- El Senado de la República exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,  Pesca y Alimentación y de la Secretaría de Economía, para que en el ámbito de sus atribuciones se fortalezca la economía de los apicultores y la exportación de miel de la Península de Yucatán.

 Asimismo tomar  prevenciones ante las afectaciones económicas generadas por el posible  cierre de mercado europeo y/o la disminución del precio de la miel y abeja.

 Es cuanto, señor Presidente.

 -EL C. PRESIDENTE AUREOLES CONEJO: Muchas gracias, señora Secretaria.

 Están a discusión los dictámenes que ha dado lectura la Secretaria.

 En virtud de no haber reserva en los dictámenes, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores puntos de acuerdo.

 -LA C. SECRETARIA MENCHACA CASTELLANOS: Consulto a la Asamblea, en votación  económica, si son de aprobarse los anteriores puntos de acuerdo.

 -Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)

 -Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente)

 -Sí se aprueban, Senador Presidente.

 -EL C. PRESIDENTE AUREOLES CONEJO: Aprobados los acuerdos.

 Comuníquense.    En otro apartado del orden del día  tiene el uso de la tribuna el Senador Luis Alberto Villarreal García   para nombre propio y de los senadores Rubén Camarillo Ortega, Adriana González Carrillo, Rosario Green Macías y José Guadarrama Márquez, para presentar punto de acuerdo  que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar  las acciones necesarias para contar con un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas.

 Tiene la palabra el Senador  Villarreal García.

 -EL C. SENADOR LUIS ALBERTO VILLARREAL GARCIA: Gracias Presidente.

 México cuenta con una amplia tradición pacifista plasmada en sus principios de política exterior como lo son: la solución pacífica de controversias, la proscripción de amenazas o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, así como la lucha por la paz y la seguridad internacional.

 De esta manera, México ha mantenido históricamente un compromiso inquebrantable a favor de la paz.

 Para muestra de ello basta referirse al 45  Aniversario de la Firma del Tratado de Tlatelolco, una iniciativa mexicana  para la no proliferación de armas nucleares  y recientemente su notable activismo contra el comercio de armas pequeñas y ligeras.

 Recientemente México  se adhirió al Acuerdo de Wassenaar, un acuerdo multilateral pionero para propiciar un comercio seguro de armas convencionales, que establece controles a la exportación  y transporte de las mismas, que puede tomarse como un referente importante para establecer criterios objetivos para restringir el comercio  irresponsable de armas y tecnologías de uso dual.

 Sin embargo a pesar de estos esfuerzos como país vecino de uno de los mayores proveedores de armas a nivel mundial, México sufre las consecuencias del tráfico ilícito de armas . . .

(Sigue 11ª parte) . . . . . . . . ……de uno de los mayores proveedores de armas a nivel mundial, México sufre las consecuencias del tráfico ilícito de armas, y consecuentemente violencia que genera su uso por parte de la delincuencia.

Según informes oficiales el 85 por ciento de las armas decomisadas en la lucha contra el crimen organizado provenían de los Estados Unidos, donde se puede comprar estas armas legalmente.

Se ha demostrado que la transferencia ilegal de armas tiene un efecto grave en la lucha contra la pobreza y el desarrollo socioeconómico de los estados.

Por lo tanto, ha sido puesto en la mesa debate la creación de un tratado que contribuya a evitar el comercio irresponsable de armamento convencional o su desviación al mercado ilegal cuando existe el riesgo de que las armas sean utilizadas para cometer o facilitar violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos, y por el riesgo que implica a la paz y las seguridades internacionales.

Con base en la resolución 63/240 la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció un grupo de trabajo para la composición abierta que concluyó sobre la necesidad de hacer frente a los problemas relacionados con el comercio no regulado de armas convencionales y su desviación al mercado ilegal.

Asimismo, convocó a una conferencia relativa a la negociación de un tratado sobre el comercio de armas para elaborar instrumentos sobre las normas internacionales comunes más elevadas posibles para la transferencia de armas convencionales así como convocar cuatro períodos de sesiones de un comité preparatorio de la conferencia.

En las cuatro reuniones del comité preparatorio de las Naciones Unidas para el Trata Sobre el Comercio de Armas en el que México ostenta una vicepresidencia, se ha discutido el alcance, criterio y parámetros para regular la transferencia de armas que podrían incluir en el futuro tratado consolidando un primer borrador del texto.

Cabe recordar que durante el LXVI Período de las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Presidente Felipe Calderón afirmó que el Gobierno Mexicano se ha declarado a favor de un trato sobre el comercio de armas considerando de suma importancia el establecimiento de una regulación internacional que permita combatir, entre otras cosas, su tráfico ilícito.

A pesar del amplio apoyo del que ha gozado las negociaciones multilaterales para la adopción de un tratado sobre el comercio de armas efectivas, algunos países como Rusia, Egipto, Pakistán han cuestionado la necesidad de establecer dicho tratado y un limitado pero influyente grupo de países ha intentado constantemente disminuir ciertos estándares necesarios para la efectividad del tratado y que figuran en el texto del borrador elaborado por la presidencia del comité preparatorio.

Asimismo, ciertos países han impulsado una nueva redacción para que el tratado sólo exija de los estados tomar en cuenta la posibilidad de que existe un riesgo sustancial de que se cometan violaciones de derechos humanos derivadas de las transferencias de armas y que además no se incluya la obligación expresa para negar la transferencia de concluir que el riesgo existe.

Además, existen diferentes estados que han propuesto limitar los tipos de armas en la definición de armas convencionales a fin de no verse afectados.

Un tratado sobre el comercio de armas con estándares tan bajos como los que dichos grupos de estado plantean sería perjudicial, pues legitimaría el comercio de armas en situaciones que potencialmente podrían resultar en violaciones de derechos humanos.

Por lo tanto, consideramos necesario que esta soberanía haga un exhorto al Gobierno Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se realicen las acciones pertinentes para contar con un tratado internacional sobre el comercio de armas que garantice el respeto a las normas esenciales del Derecho Internacional, de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, específicamente que  México promueva la prohibición de toda transferencia de armas cuando se registre un alto nivel de riesgo que puedan ser utilizadas para cometer o facilitar violaciones graves a los derechos humanos y al derecho humanitario.

Así también, que participe activamente durante las negociaciones para que el futuro tratado sobre comercio de armas incluya una cobertura exhaustiva de todo tipo de armas y equipamiento conexo incluyendo material de defensa y doble uso con potencial uso letal; así como todo tipo de transferencias y transacción de las mismas y que éste cuente con sistemas periódicos de registro y evaluación.

Y, finalmente, que los senadores de todos los grupos parlamentarios a través de los mecanismos de la diplomacia parlamentaria en que participen, inviten a sus contrapartes a promover la firma de un tratado de comercio de armas y sólido que eviten el desvío de las mismas hacia actividades prohibidas por el Derecho Internacional.

Es cuanto, señor Presidente.

- EL C. PRESIDENTE  AUREOLES CONEJO: Gracias señor Senador, túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores para su análisis y dictamen correspondiente.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Carlos Sotelo García a nombre de senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar punto de acuerdo en relación al estado que guardan los derechos humanos del ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, tiene la palabra, senador Sotelo.

- EL C. SENADOR CARLOS SOTELO GARCIA: Gracias, Presidente. Compañeras y compañeros senadores de la República: Recientemente en nuestro país se han presentado diversos casos de la excesiva politización de la justicia lo cual evidencia una desmedida judicialización de la vida política como aconteció en el llamado “michoacanazo”, suceso en el que este senador tuvo una intervención fundamental.

En cualquier situación esta desmedida politización desnaturaliza el objeto y el sentido intrínseco de la justicia, porque en este estado de cosas la justicia se vuelve parcial y fácilmente se conculcan los derechos fundamentales en aras de legitimar y responder a los intereses políticos en turno.

Sin duda, un caso emblemático que ilustra lo anterior es el de Pablo Salazar Mendiguchía, ex gobernador del Estado de Chiapas. Desde su detención el ex gobernador se declaró un preso político de la actual administración por lo cual invocó la protección de la CNDH.

El proceso que se le sigue a Pablo Salazar no es aislado. En Chiapas se ha construido un clima de hostigamiento y persecución de autoridades locales en contra de adversarios, críticos, opositores y líderes sociales, por citar algunos ejemplos, el caso de Walter León Montoya; Horacio Culebro Borrayas; Alberto Arafat Nájera Pérez; Héctor Bautista Flores; Socorro del Carmen Domínguez Aguilar y Caralampio Gómez, caso que fue expuesto en esta misma tribuna del Senado, demuestran el uso incorrecto en la procuración y administración de la justicia  local.

Así como verdaderos actos de intimidación contra Pablo Salazar, en los últimos meses se han librado 54 órdenes de aprehensión en contra de ex colaboradores, más allá de que pudiera existir o no hechos visibles que provocaran sospecha en contra de l os ahora inculpados para estar debidamente fundadas y motivadas sus defensiones debieran partir del principio constitucional de presunción de inocencia, y de la consiguiente carga de la prueba para quien acusa.

Sin embargo, a lo largo de los últimos meses haciendo examen de las distintas constancias que integran el expediente incoado familiares y abogados defensores han puesto en evidencia ante la opinión pública la posible violación de diversas garantías constitucionales que rigen el proceso penal específicamente la defensa y debido proceso.

Así, por ejemplo, la detención de Salazar por los supuestos delitos de peculado y asociación delictuosa, entre otros, se dio apenas un par de días después des fuertes denuncias que emitió en un programa de noticias en contra del actual gobernador de la entidad.

La averiguación previa  derivó de una denuncia anónima y se integró en menos de una semana, se consignó al juez penal un expediente de 21 tomos, quien  en menos de dos horas dictó la orden  de aprehensión que consta de 1,000 fojas, ese mismo día, agentes de la Procuraduría chiapaneca detuvieron a Pablo Salazar en el aeropuerto de Cancún.

En tal sentido, es difícil que se hubiera cumplido con estos procedimientos en una sola tarde por lo  que la detención de Pablo Salazar fue prácticamente de facto, y sin que se hubieran cumplido todas las formalidades del procedimiento, lo que se vio corroborado con el hecho de que en la diligencia de declaración preparatoria…..

(Sigue 12ª. Parte) ...de facto y sin que se hubieran cumplido todas las formalidades del procedimiento, lo que se vio corroborado con el hecho de que en la diligencia de declaración preparatoria no se permitió a la defensa consultar la orden de aprehensión.

Como senadores de la República no debiéramos permanecer indiferentes frente a la presumible utilización del Poder Judicial y los órganos de procuración de justicia de una entidad federativa con fines políticos.

Con la instauración del Senado se buscó que las entidades federativas contaran con un órgano de representación de sus intereses para mantener el equilibrio de la unión y la igualdad entre los estados, con la sola duda de que los órganos de procuración están siendo utilizados con fines políticos la situación jurídica de Pablo Salazar no sólo afecta el interés individual de éste, sino, antes bien, los intereses del Estado de Chiapas como entidad federativa integrante del pacto nacional.

Consideramos que el caso de Pablo Salazar es apenas un caso de muchos más que se viven hoy en aquella entidad. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, en la vía de urgente y obvia resolución, que así lo solicito a la presidencia lo someta al Pleno, el siguiente

Puntos de acuerdo

Unico.-El Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo de Chiapas, para que gire sus instrucciones a las autoridades competentes, con el objeto de que se garanticen plenamente los derechos humanos de ex gobernador de la entidad, Pablo Salazar Mendiguchía, y solicita al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que con fundamento en el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 3, primer y tercer párrafo; 4°; 6°, fracciones II y VII; 15, fracciones I y III, y 60 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 89 de su Reglamento Interno, inicie a la brevedad, y atraiga el caso mediante la vía de una queja de oficio con el objeto de que se preserven los derechos humanos para los procesados iniciados en contra del ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía. Ruego a la presidencia que inserte íntegramente en el Diario de los Debates el texto del presente punto de acuerdo y, como ya lo solicité, sea considerado como de urgente y obvia resolución.

Sería cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

-EL C. PRESIDENTE AUREOLES CONEJO: Muchas gracias, senador Sotelo. Insértese íntegro el texto del punto de acuerdo presentado por el senador Sotelo, y como lo ha solicitado el proponente, y con fundamento en el artículo 109 y 110 del Reglamento, consulte la secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

-LA C. SECRETARIA MENCHACA CASTELLANOS: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

-Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente.)

-Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente.)

Sí se autoriza, senador presidente.

-EL C. PRESIDENTE AUREOLES CONEJO: Muchas gracias, secretaria. Está a discusión el punto presentado por el Senador Carlos Sotelo.

Ha solicitado el uso de la palabra el senador José Luis Máximo García Zalvidea. Tiene la palabra el Senador García Zalvidea, y ha solicitado también, inmediatamente después la palabra el senador Arturo Escobar y Vega. -EL C. SENADOR JOSE LUIS MAXIMO GARCIA ZALVIDEA: Gracias, presidente. Con su permiso.

Simplemente quiero puntualizar un tema que ha sido objeto de polémica. Aquí no se trata de dictaminar si el señor Pablo Salazar Mendiguchía es inocente o culpable, eso depende del Poder Judicial, y realmente ojalá que sea justo y sabio el juez que lleve el caso.

Tenemos también conocimiento de muchas denuncias que en su momento se hicieron en contra del ex gobernador, aquí no estamos para proteger la impunidad de ninguna manera. Aquí simplemente se trata de que prevalezca el estado de justicia, que prevalezca el derecho al debido proceso, que prevalezca el respeto a los derechos humanos más fundamentales.

El caso de Pablo Salazar Mendiguchía es famoso. ¿Cuántos Pablos Salazar Mendiguchía habrá presos en las cárceles de todo el país por motivos políticos? No son tan famosos, no tienen tanta cobertura ni generan tanta expectativa. Yo creo que tenemos una tarea pendiente en relación a lo siguiente. Mientras en nuestras leyes se permita el hecho de que un adversario político, sea el que sea, sea encarcelado utilizando de manera facciosa los instrumentos del poder estos casos van a seguirse presentando de una forma terrible e insostenida. Por eso, algunos de nosotros tenemos iniciativas al respecto de manera que la persona que está presa, por el motivo que sea, se encuentre en un proceso y sin embargo que se mantengan sus derechos políticos en una forma íntegra, tanto de votar, como de ser votado.

Así de esa manera el gobernante va a ejercer un cálculo mucho más prudente para no someter a estos instrumentos jurídicos al adversario político, porque es fácil calcular que este gobernante que mete a la cárcel al ciudadano automáticamente se va a convertir en su jefe de campaña, porque es un hecho que este hombre que está preso, justa o injustamente, va a elevarse a la categoría de héroe, y de esa manera es muy fácil pensar que el que está preso lo van a llevar directamente al cargo público.

Entonces tenemos que evaluar muy bien estas posibilidades, y no significa que estemos manteniendo o cubriendo de ninguna manera la impunidad. Se ha argumentado al respecto de que si este funcionario llega, por ejemplo, este candidato llega al puesto de elección popular y resulta de que el juicio dictamina al final si es culpable o inocente ¿qué procede, si ya está protegido por esta figura del fuero? ¿que qué bueno que ya se empieza a designar con el nombre de inmunidad, no, de inmunidad o mejor del fuero?

Eso no es ningún problema, ¿por qué? Porque viene un juicio y en ese momento la Cámara de Diputados  puede establecer un juicio para inhabilitar políticamente o para que proceda este, que le retiren esta protección de la humanidad, de inmunidad, quiero decir, y de esa manera el suplente toma posesión del cargo, y así quedan cubiertos y respetados los derechos políticos de las personas, repito, que muchas veces son encarceladas injustamente por motivos políticos.

Por su atención, muchas gracias.

-EL C. PRESIDENTE AUREOLES CONEJO: Muchas gracias, senador García Zalvidea. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Arturo Escobar y Vega, para hablar sobre el mismo asunto.

-EL C. SENADOR ARTURO ESCOBAR Y VEGA: Gracias, presidente.

Yo creo que independientemente que cualquier mexicano, mexicana estaría absolutamente de acuerdo en que todos los procesos penales se lleven de conformidad al debido proceso, no puedo dejar se subrayar que este es un tema de absoluto escándalo por la forma que se gobernó Chiapas del año 2000 al 2006.

Este asunto deriva en las investigaciones en contra de Pablo Salazar por la muerte de más de 35 bebés recién nacidos en el Hospital de Comitán, Chiapas, en el año 2004. Esas muertes derivaron en diversas recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que a su vez derivaron en investigaciones, que a su vez derivaron en el obsequio de diversas órdenes de aprehensión, inclusive una de ellas en contra de Pablo Salazar.

Es tan escandaloso este caso que en el año 2005 este Hospital de Comitán, Chiapas, fue víctima de la no entrega de recursos económicos por el gobierno del Estado. Entonces a efecto de buscar que siempre el debido proceso, que la justicia y que procuremos que esta soberanía siempre convoque a que los procesos penales se lleven de conformidad a la ley quisiéramos hacer una ampliación al punto de acuerdo a efecto de también solicitarle a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a efecto de que pueda investigar el curso, con el cual se encuentran las recomendaciones emitidas en el 2004 por la muerte de 35 bebés, con objeto de que también esta soberanía pueda encontrar elementos adicionales para saber qué sucedió en esos trágicos eventos del 2004 con la muerte de estos recién nacidos y que en su momento también fue materia de recomendación por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Este sería un añadido a efecto de balancear el punto de acuerdo, y que esta soberanía encuentre los elementos suficientes para poder saber qué es lo que está ocurriendo: primero, entendiendo que hay que buscar y apelar para que siempre el debido proceso se lleva a cabo en todos los procesos penales; pero, segundo, que también la Comisión Nacional de Derechos Humanos pueda informarnos cuál es el estado que guardan estas recomendaciones emitidas en el 2004 por la muerte de 35 recién nacidos en el Hospital de Comitán, Chiapas.

Por su atención, muchas gracias.

-EL C. PRESIDENTE JOSE GONZALEZ MORFIN: Gracias. Si me va a dejar la propuesta por escrito para poderla someter a consideración de la Asamblea, senador Escobar y Vega.

Voy a pedir a la secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, después de darle lectura a la adición propuesta, si se admite a discusión…

(SIGUE 13ª PARTE) …propuesta si se admite a discusión.  Sonido en el escaño del senador Sotelo.

-EL C. SENADOR CARLOS SOTELO GARCIA: (Desde su escaño).  Como proponente del punto yo no tendría objeción en que se agregara lo que ha sido en la tribuna propuesto por el senador Escobar, creo que es un exceso porque el hospital tiene o tuvo en su momento sus directivos o y los doctores que atendieron, y la responsabilidad penal es personalísima, pero no está mal que se agregue el punto para que pudiera tener un panorama integral, completo que establezca efectivamente que la preocupación de este Senado es porque se preserven garantías constitucionales, garantías individuales y el proceso debido a que debe estar sometido cualquier ciudadano acusado de un delito de carácter penal.

Creo que en el transcurso de la indagatoria y a petición, si el Senado así lo acuerda, se va  a tener claridad respecto de lo que en el punto sustantivamente hemos planteado, ciudadano presidente.

-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN:  Gracias, Senador Sotelo. Ruego a la Secretaría de lectura a la propuesta de adición y que inmediatamente después consulte a la asamblea, en votación económica si se admite a discusión.

-EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Doy lectura a la propuesta hecha por el senador Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista, para añadir lo siguiente.

Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informe a esta soberanía el estado que guardan las recomendaciones emitidas por la propia Comisión Nacional por la muerte de 35 bebés  en el Hospital de Comitán, Chiapas. Es cuanto, señor presidente.

-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Sí. Consulte a la asamblea, en votación económica si se admite a discusión.

-EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Consulto a la asamblea, en votación económica, si la propuesta del senador Escobar y Vega es de admitirse a discusión.

Las senadoras y senadores que estén porque se admita a discusión, favor de manifestarlo levantando la mano. (La asamblea asiente).

Las senadoras y senadores que estén porque no se admita a discusión, favor de manifestarlo levantando la mano. (La asamblea no asiente). Sí se admite a discusión, senador presidente.

-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Gracias.  Está a discusión la propuesta.  Y al no haber quien solicite la palabra, pido a la secretaría consulte a la asamblea en votación económica si se aprueba.

-EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO:  Consulto a la asamblea, en votación económica, si el punto de acuerdo con la adición hecha y aprobada por la asamblea es de aprobarse. 

Las senadoras y senadores que estén porque se apruebe, favor de manifestarlo levantando la mano. (La asamblea asiente).

Las senadoras y senadores que estén porque no se apruebe, favor de manifestarlo levantando la mano.  (La asamblea no asiente). Aprobado, señor presidente.

-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN:  Muchas gracias. Aprobada la propuesta presentada por el senador Carlos Sotelo, con la adición propuesta por el senador Escobar.  Comuníquese. Tiene ahora la palabra el senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar punto de acuerdo por el que formula un extrañamiento al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, por sus actos del 23 de febrero del año en curso.

-EL C. SENADOR RICARDO MONREAL AVILA: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores y legisladoras, uno de los principios fundamentales de la democracia en nuestro país está plasmado en la Constitución y en la Ley Secundaria, en ella, en la Carta Magna se establecen los principios rectores del proceso electoral para renovar poderes de la Unión, y poderes en las entidades federativas que implica la renovación de poderes de manera permanente.

Estos principios en materia constitucional son la certeza, la legalidad, la imparcialidad, la independencia, y la objetividad; principios que deben acompañar al proceso y que deben de acompañar la organización electoral. 

Sin embargo, en la práctica estos principios son violados de manera cotidiana, de manera sistemática, de manera permanente. Es muy ominosa e ilegal la intromisión de los poderes, tanto en el Ejecutivo Federal, del señor Calderón, pero también de muchos gobernadores de entidades federativas, pero al que me refiero es un asunto muy grave, porque se entrometen de manera ilegal al proceso electoral, y no hay sanción, seguimiento o integración de un expediente o investigación que pueda impedir que se vuelva a reiterar el acto o que vuelva  a repetirse la acción. 

Por eso en este país hay una total impunidad, prefieren pagar la multa que les aplique el IFE, que corregir sus actos ilegales, y en este sentido se inscribe la actitud permanente del Gobierno Federal, pero también de gobiernos estatales. 

El uso de su poder, el uso de recursos públicos de manera ilegal, el uso de todo el aparato del gobierno a favor de un partido y a favor de un candidato, o candidata, se está convirtiendo en una cosa cotidiana, usual, y además siendo ilegal permitida por todos. 

Creo firmemente que el PRI  se equivoca al pensar ingenuamente que no se van a repetir los actos, y creo que el PAN,   la gente de derecha tradicional e histórica, no debiera permitir esta intromisión grosera y perniciosa, del gobierno en las elecciones. 

Nosotros en la izquierda hemos sido permanentemente víctimas de esta intromisión, de esta fabricación de delitos y de delincuentes, como meras estrategias perversas para incluir en el resultado de las elecciones, o para descalificar a actores políticos con prestigio y con respeto. 

Creo que están en otra posición el PRI  y el PAN, finalmente los dos son iguales, el PRI  usando a los estados y a los municipios también sus recursos públicos de manera ilegal, y el PAN, toda la maquinaria federal en beneficio de su partido. 

Yo estoy planteando, ciudadano presidente, y ciudadanos legisladores que el Congreso Mexicano, el Senado de la República emita un extrañamiento público al señor Calderón por su intromisión grosera y ominosa en el proceso electoral; estoy planteando que no se repita la actitud y la conducta de delincuentes electorales en el gobierno, que influyen de manera ilegal en los electores.

Quienes crean que  fue ingenuo, que fue un disparate, que fue un error, de verdad que están equivocados. Es toda una estrategia montada desde Los Pinos para intentar minimizar y liquidar al candidato de las fuerzas progresistas…..

(Sigue 14ª. Parte) …Los Pinos para intentar minimizar y liquidar al candidato de las fuerzas progresistas e intentar ir a un proceso polarizado entre 2 de los mismos, porque los 2 encabezan el mismo proyecto.

 Pero les aseguro y les advierto que se van a equivocar.

 Les aseguro y les advierto que el candidato las izquierdas, por segunda ocasión, volverá a salir avante en esta contienda.

 Por eso, aunque sé que el PRI mantiene una posición tenue, porque cree en el arrepentimiento del señor Calderón, y que ahora sí se convertirá en un demócrata y no en un delincuente electoral, un sector del PRI piensa eso, pero están equivocados; y un sector del PAN siente que ese es su deber de convertirse en jefe de partido el señor Calderón, sienten que es su deber partidista y no están pensando en el deber de estadística como ciudadano de la patria. Esa es mi preocupación.

 Vean ustedes la actitud de la candidata del PAN que dice: “Que en el gabinete de Andrés Manuel, lo reúnen mil 500 años, sí, se experiencia y de capacidad”.  Pero al PRI le dicen: “Lo reúnen mil 500 años de cárcel”, y nadie reacciona. Es impresionante, nadie reacciona, pero es un problema de ellos.

 Por eso quiero plantear que esta Cámara de Senadores emita, exprese un extrañamiento por la actitud grosera y ominosa del señor Calderón, en el proceso electoral.

 Hagamos un extrañamiento, una amonestación pública para que no se entrometa, porque no sólo será él, serán los Secretarios de Estado, los delegados federales en las entidades federativas, el uso de recursos públicos y legales, si no los paramos desde el Congreso de la Unión.

 Debemos frenar esta embestida ilegal para el bien de todos.

 Que gane quien la gente quiera.

 Que gane quien tenga mayoría de simpatizantes, pero que no se use el poder público y los recursos económicos en beneficio de un partido o de un candidato o candidata.  Es muy triste ver que nadie reacciona frente a estas embestidas del poder, y basta con que otro día diga: “Hoy sí me voy a comportar como un demócrata, para que sea borrón y cuenta nueva”. Y mañana va a ser lo mismo, y pasado lo mismo. Por eso estoy preocupado, por mi patria, por el país, por esta actitud del señor Calderón, tan vergonzosa y tan poco ética de entrometerse en las elecciones del país.

 Eso es lo que pido, un extrañamiento.

 Dicen los del PRI: “Ya no hay que comentarlo porque les hacemos la guerra sucia o les hacemos el juego a los del PAN”. Pues no, señores, hay que frenarlo a él, a los funcionarios, a los delegados, a los gobernadores del PRI, a los presidentes municipales del PRI y de todos los partidos. No pueden actuar como impones, como delincuentes electorales sin que nadie los castigue.

A mí me parece muy grave que nadie reaccione, y vamos a dar el debate. Por eso estoy planteando que sea de obvia y urgente resolución.  Entremos al debate, vayamos a debatir las ideas, y deberíamos nombrar una Comisión Plural para vigilar los programas públicos, los recursos públicos, los concursos y la conducta de los servidores públicos en todos los niveles de gobierno.

 Si no hacemos algo, la podredumbre, a todos nos abarcará. Todos seremos copartícipes del hundimiento de nuestro país. Hagamos algo por el bien de todos.

 Ciudadano Presidente:

 Muchas gracias.

 -Le pediría de favor plasmar íntegro el documento en el diario de debates. (Aplausos).

 -EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Con gusto, Senador Monreal, se inserta íntegra su propuesta en el diario de los debates, y como fue solicitado, con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento, voy a pedir a la secretaría consulte a la Asamblea  --en votación económica--  si el asunto se considera de urgente resolución.

 -EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Consulto a la Asamblea  --en votación económica--  si el punto de acuerdo presentado por el Senador Ricardo Monreal Avila, se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

 -Las Senadoras y Senadores que estén porque se considere de urgente resolución, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea asiente)

 -Las Senadoras y Senadores que estén porque no se considere de urgente resolución, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea no asiente)

 -No se considera de urgente resolución, Presidente.

 -EL C. SENADOR RICARDO MONREAL AVILA (Desde su escaño): Pido votación nominal, señor Presidente.

 -EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: La Presidencia no tiene inconveniente en que el asunto del trámite se someta a votación nominal, solamente les recuerdo que se requieren dos terceras partes de los votos de los Senadores presentes.

 -En consecuencia, voy a pedir que se abra el sistema electrónico de votación, por 3 minutos, para recoger la votación nominal sobre el trámite, en el entendido de que el voto a favor es a favor de que sea de urgente resolución, y el voto en contra es porque no sea de urgente resolución.

 -Abrase el sistema electrónico de votación, por 3 minutos.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

 -EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Señor Presidente, de acuerdo al sistema electrónico, no se admite a discusión.    -EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Muchas gracias.

(Sigue 15ª. Parte) … señor presidente, de acuerdo al sistema electrónico, no se admite a discusión.

 -EL C. PRESIDENTE GONZÁLEZ MORFÍN: Muchas gracias.

 Se turna a la comisión de Gobernación.

 Tiene, ahora, la palabra la senadora  Emma Larios Glaxiola, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a realizar mesas de trabajo, con motivo de la conformación del Reglamento de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

 -LA C. SENADORA EMMA LARIOS GLAXIOLA: Con su permiso, señor presidente.

 El lunes 24 de octubre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el cual se expide la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

 Esta legislación, también conocida como Ley de Guardería o Ley 5 de Junio, se concretó por el empuje decidido de la sociedad civil organizada y por el trabajo conjunto de los legisladores de todos los partidos. Quienes aportamos distintas iniciativas, para construir una ley de vanguardia, que viniera a tapar la laguna jurídica expuesta, tras el fatídico incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora.

 Con la expedición de esta ley, se establece la concurrencia entre la Federación, los estados y los municipios, así como la participación de los sectores privado y social.

 En materia de prestación de servicios para la atención y el cuidado infantil.

 Se contemplan, además,  aspectos fundamentales, como la necesidad de que cada Centro cuente con un programa interno de protección civil, medidas adecuadas de seguridad, así como la capacitación que deberán de recibir quienes tengan en sus manos el cuidado de nuestros niños y niñas.

 Desde luego, se fortalecen los requisitos que deberán cumplir los establecimientos, para poder iniciar su operación, así como los aspectos que las autoridades revisarán, de acuerdo con su respectivo nivel de competencia.

 Se debe crear, además, un Consejo Nacional de Prestadores de Servicios para la Atención de Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, así como un Registro Nacional de los Centros en Transparencia y Actualización acerca del número de ellos y los prestadores de los mismos.

 Todos quienes estuvimos involucrados en la discusión y análisis de este instrumento legal, sabemos que la misma representa un paso fundamental para garantizar las mejores condiciones de seguridad, para las niñas y niños que acuden a un estancia infantil, en cualquier rincón de la República Mexicana.    Sabemos, también, que el proceso legislativo fue largo y complicado. Pues durante más de 28 meses, se tuvieron que librar muchas resistencias y no pocas indiferencias de algunas autoridades, que argumentaban que la nueva legislación, implicaba un gasto excesivo para las finanzas públicas y para los mismos prestadores de servicio.

 Ante estos argumentos, mi postura y la de otros compañeros legisladores, fue siempre contundente. Cualquier inversión que proteja a nuestra infancia, está plenamente justificada.

 Hoy, a diez meses de la aprobación unánime de este Senado, de la Ley 5 de Junio, y poco más de cinco meses, de la ratificación en la colegisladora, la sociedad civil sigue presentando y pendiente de la expedición de los reglamentos, que permita que el Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, diseñen y apliquen la política pública y los programas que la misma ley establece, para la mejor prestación de servicios, de atención y cuidado infantil.  Por ello, acudo a esta tribuna, para convocar a las autoridades, encargadas de la elaboración del Reglamento, el hacer partícipe a la sociedad, del proceso de discusión del mismo, bajo el principio de transparencia, que debe regir cualquier acto de gobierno.

 Han pasado 128 días, que la legislación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, y quedan poco más de dos meses, para que se cumpla con el plazo establecido en el transitorio de la ley, referente al Reglamento.

 No debemos olvidar, que la ley aprobada en esta honorable soberanía, es uno de los pocos logros que se han podido materializar, después del incendio de la Guardería ABC.

 Es entonces, indispensable, compañeros y compañeros, que este Poder Legislativo en conjunto con la sociedad civil, permanezca vigilante, de que la Ley General de Estancias Infantiles, cuente en tiempo y forma, con un Reglamento para evitar que la legislación pueda convertirse en letra muerta.    Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable soberanía, el siguiente punto de acuerdo:

 ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a realizar mesas de trabajo, con motivo de la conformación del Reglamento de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

 Creo que esto es urgente, creo que esto lo amerita, y creo que el esfuerzo del legislativo y las instituciones, está aprueba.

 Muchas gracias, compañeros. (Aplausos)

 -EL C. PRESIDENTE GONZÁLEZ MORFÍN: Gracias, senadora Larios.

 Se turna la propuesta a la comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para sus efectos correspondientes.

 Tiene la palabra, el senador José Luis Máximo García Zalvidea, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que solicita al Ejecutivo Federal, la creación de consultorios sobre medicina tradicional, en los hospitales del país.

 Adelante, senador.

 -EL C. SENADOR JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA: Gracias, presidente, con su permiso.

 Señoras y señores legisladores: Es una intervención en relación al tema de la medicina tradicional. Nos parece que debe ser más que un elemento simplemente costumbrista. La medicina tradicional debe tener un espacio, dentro del Sistema Nacional de Salud.

 Entiendo que puede ser difícil escuchar la propuesta, para incorporar la medicina tradicional, como un sistema adecuado de atención a la salud, capaz incluso de ayudarnos en los problemas actuales, a los que se está enfrentando la medicina occidental.

 Llevamos ya algún tiempo entre expertos y personal de instituciones públicas y privadas, con un profundo debate negativo, principalmente porque estas prácticas nos refieren a técnicas ilusionistas, con manejo del sonido del tacto o elementos de auténtica superstición o magia, capaz de simular algunos estados saludables, pero insuficientes para mantener la salud individual.

 Incluso la palabra “curandero”, lejos de las comunidades indígenas, en la que el médico se encuentra, llama a la charlatanería, sostenida en raíces ancestrales, y se le niegan de inmediato atributos sobre conocimientos de la salud y estrategias para diagnosticar las enfermedades.

 No obstante, no contamos con críticas basadas en identificaciones serias, todas se valen de percepciones individuales o recopilaciones de anécdotas; todas ellas con cifras manipuladas o experimentos muy limitados.  Creemos que estas personas son públicamente más vistas, pero en algunos lugares, ni siquiera se les conoce con el nombre de “curandero”.

 Por ejemplo, la denominación con la que los mixes de Oaxaca, se refieren al “curandero” es el de “abogado”.

 Inclusive entre los mayas, el “curandero” se le llama el “chaman”.

 Chaman que es el guía, el que orienta, el chaman.    En España, el Ministerio de Salud, ya reconoció en su propio estudio, que 139 técnicas analizadas en el ámbito de las terapias naturales, influencia directamente sobre la salud o bien van fundamentalmente dirigidas al bienestar o confort del usuario; ninguna de ella probó ser considerada, como sinónimo de ineficacia.

 Sin embargo, estos hechos no han bastado para que en México, se apoye de manera efectiva la medicina tradicional.  En nuestra Constitución se promueve la protección de conocimientos y todos los elementos que constituyen cultura e identidad indígena. Pero no se suscribe una postura firme, en la Ley General de Salud.

 La Ley General de Salud reconoce los programas de prestación, de atención primaria a la salud, con el uso de la medicina tradicional, pero decide no aplicarlas o bien limitarlas al espacio comunitario.

 Mientras tanto, todos los médicos tradicionales trabajan sin marco legal y sin reconocimiento a un cúmulo enorme de pacientes locales y extranjeros. Tan sólo un médico otomí, tiene que enfrentarse a una población de más de…

(SIGUE  16ª. PARTE) … trabajan sin marco legal y sin reconocimiento a un cúmulo enorme de pacientes locales y extranjeros, tan solo un médico otomí tiene que enfrentarse a un Censo general de población y vivienda que en 1990 registraba, a nivel nacional, una población global otomí de 346 mil individuos; un solo médico tradicional popoloca en Puebla se enfrenta a más de 9 paisanos; o un totonaco, se enfrenta a  207 mil personas distribuidas en 25 municipios del estado de Puebla, y 13 municipios del estado de Veracruz. Y no se encargan de curar males de brujería, la heterogeneidad en las prácticas es demasiada, cada comunidad se ocupa de las afecciones muscoesqueléticas, arreglo de cintura por caídas, descompostura de articulaciones, desviación de costillas, caídas, lumbago, o la dolorosísima ciática. Así como embarazo, dolor de estómago, diarrea, vómito y los padecimientos respiratorios: tos, gripe, tuberculosis, catarro, etcétera. Internacionalmente los países con medicina natural o tradicional nos están rebasando, en Latinoamérica ya hay hospitales bolivianos que incorporan el estudio de la medicina tradicional. En China hay hospitales tradicionales de primer nivel. En Alemania abundan más médicos tradicionales que occidentales o convencionales. Incluso en Estados Unidos ya se ha aceptado oficialmente la propuesta del ilusionista internacional David Copperfield, para implementar el uso de la magia como método terapéutico en el tratamiento de la rehabilitación. Ahora bien, para dar respuesta a la magnitud de programas, el reconocimiento de la aplicación de usos y costumbre no solamente promueve la autoconciencia de su identidad, sino que hay que comenzar a darles el derecho de integrar sus formas de vida dentro del marco de los estados en que viven. En pro de un bien común todo Estado debe comenzar a incorporar ciertos usos y costumbres comunitarios para incluirlos a la práctica diaria de los servicios que presten. Por tanto, propongo que la protección a la salud integral y equitativa se haga efectiva a través del establecimiento de servicios hospitalarios básicos y preventivos de medicina tradicional eficiente, que respondan a las necesidades de la población. El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud deberá adoptar nuevos consultorios dentro de los hospitales públicos y establecer toda autonomía técnica y administrativa para facilitar la prestación de sus servicios médicos, así como el cumplimiento oportuno de sus metas.  Por lo anteriormente expuesto, pongo a la  consideración de esta Asamblea, el siguiente: PUNTO DE ACUERDO Único. El Senado de la República solicita al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud instaure consultorios de medicina tradicional en los hospitales públicos de todo el país, con el objetivo de coadyuvar al fortalecimiento y ampliación de la práctica medica y proporcione atención de servicios médico preventivos. Dichos consultorios se regirán por una Junta de Gobierno la cual expedirá su propio Estatuto Orgánico. Por su atención, muchas gracias.

-EL C. PRESIDENTE GONZÁLEZ MORFIN: Gracias senador García Zalvidea. Y como fue solicitado y de acuerdo con los artículos 109 y 110 del Reglamento, voy a pedir la secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución. -EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Consulto a la asamblea, en votación económica, si el asunto planteado por el senador José Luis Máximo García Zalvidea, se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Las senadoras y senadores que estén porque se considere de urgente resolución, sírvanse manifestarlo levantando la mano. (La asamblea asiente) Las senadoras y senadores que estén porque no se considere de urgente resolución, sírvanse manifestarlo levantando la mano. (La asamblea no asiente) Sí se considera de urgente resolución, senador presidente. -EL C. PRESIDENTE GONZÁLEZ MORFIN: Muchas gracias. En consecuencia está a discusión. Al no haber quien solicite la palabra, consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse. -EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Consulto a la asamblea, en votación económica, si el anterior asunto planteado por el senador García Zalvidea es de aprobarse. Las senadoras y senadores que estén porque se apruebe, favor de manifestarlo levantando la mano. (La asamblea no asiente) Las senadoras y senadores que estén porque no se apruebe, favor de manifestarlo levantando la mano. (La asamblea no asiente) Aprobado, senador presidente. -EL C. PRESIDENTE GONZÁLEZ MORFIN: Muchas gracias. Aprobada la propuesta. Comuníquese. Ahora tiene el uso de la tribuna el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar Punto de Acuerdo que exhorta a apoyar las acciones que está realizando la Secretaría de Salud en Nayarit, para contener y prevenir el brote de virus de la Influenza AH1N1 en la temporada invernal.  

-EL C. SENADOR FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA: Muchas gracias, presidente.  El tema que presento como Punto de Acuerdo el día de hoy quizá pudiera parecer un poco extraño en la medida en que la enfermedad reconocida como Influenza AH1N1 ha adquirido, de acuerdo al secretario de Salud del Gobierno Federal, un comportamiento dentro de los márgenes esperados de incidencia. Sin embargo el tema que presento el día de hoy trata sobre el AH1N1, pero tiene que ver sobre todo con el marco del funcionamiento de la Secretaría de Salud o los servicios de salud locales en el Estado de Nayarit. Quienes han venido sufriendo un deterioro permanente ya desde hace varios años, que quizá sea un mayor deterioro al que se ha experimentado en otros lugares del país.  Durante los últimos meses, quizá en las últimas tres periodos de sesiones, he presentado puntos de acuerdo que hablan sobre dicho deterioro.  El año pasado cuando se dio la epidemia no solamente de Influenza AH1N1, sino posteriormente una epidemia allá en esa región tropical de dengue que aumentó de 280 enfermos a más de 4 mil enfermos de dengue en menos de 2 meses, advertí que había un problema más de prevención que de funcionamiento del sistema de salud. Y hay un problema grave de deterioro de los servicios de salud.  Hace unas semanas también presenté un punto de acuerdo que hablaba sobre el problema de la falta de las vacunas pentavalentes en la mayor parte de los servicios públicos, sobre todo en el caso de Nayarit. Yo lo había observado porque había una queja permanente de padres de familia que acudían a estos servicios y no tenían las vacunas para sus bebés que están en edad de recibirlas.  Hay un problema muy grave en los servicios de salud y en el caso de Nayarit que se expresa en el deterioro de los servicios en los hospitales, en los centros de salud y en los centros de atención.  Por esa razón quiero realizar este exhorto a la Secretaría de Salud, dependiente del Gobierno Federal, para que coadyuve con la Secretaría de Salud y observe de una manera más detenida el tema del avance de la enfermedad conocida como Influenza AH1N1.  ¿Por qué razón?  Porque el propio deterioro de los servicios de salud puede provocar un brote mucho mayor que el esperado o el que se está pensando como normal. En la medida en que no hay promotores de salud, en la medida en que no se tiene los elementos para detectar que esa enfermedad es AH1N1; y en la medida también que no se cuenta con los elementos para recibir en la infraestructura hospitalaria a un determinado número de enfermos, el problema puede adquirir una gravedad que después no podemos resolver.  Por esa razón el punto de acuerdo que presento el día de hoy exhorta respetuosamente al Secretario de Salud para que realice las gestiones y las acciones pertinentes con el objeto de apoyar las acciones que realiza la Secretaría de Salud en el Estado de Nayarit a fin de contener y prevenir el brote del virus de la Influenza AH1N1 en esa entidad federativa.  Y también solicita al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit con respecto a su soberanía en remitir a la brevedad posible un informe detallado que contenga el número de casos de Influenza que se han presentado en el Estado en esta temporada invernal. Y que créanmelo, han crecido de manera exponencial.  Le agradezco mucho, señor presidente. (Aplausos)  -EL C.

PRESIDENTE GONZÁLEZ MORFIN: Gracias senador Castellón Fonseca. Se turna a la Comisión de Salud la propuesta para su análisis y dictamen correspondiente.  Compañeras y compañeros senadores, les informo que las efemérides sobre el Aniversario de la Proclamación de la República Árabe Saharaui; y sobre el Aniversario de la expulsión de las tropas francesas de Tabasco, se integrarán al Diario de los Debates.  Les informo también que la Mesa Directiva, en su reunión de esta mañana, autorizó a las Comisiones de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, ampliaciones de plazo para la presentación de dictámenes a asuntos que se les han turnado.  Continúe la secretaría.  -EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Señor presidente, informo a usted que se han agotado los asuntos en cartera.  -EL C.

PRESIDENTE GONZÁLEZ MORFIN: Muchas gracias. Se cita a la siguiente Sesión el próximo jueves 1° de marzo a las 11:00 horas. Se levanta la Sesión.

(SE LEVANTÓ LA SESIÓN A LAS 14:00 HORAS)